Viviendas turísticas, bajo la lupa en Risaralda por exigencias legales y riesgos de explotación de menores

Pereira, 22 de junio de 2026 – Eje 21. El aumento de las viviendas destinadas al alojamiento turístico de corta estancia en Risaralda continúa generando discusiones sobre la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las normas que regulan esta actividad, especialmente en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

La expansión del turismo en el departamento y el crecimiento de plataformas digitales de hospedaje han impulsado una mayor oferta de apartamentos y casas para visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, expertos advierten que esta modalidad implica responsabilidades legales que con frecuencia son desconocidas por propietarios, administradores y operadores turísticos.

Estos temas fueron objeto de análisis durante un encuentro realizado en Pereira, en el que participaron especialistas en turismo, derecho de propiedad horizontal, administradores de conjuntos residenciales, miembros de consejos de administración y representantes del sector turístico del Eje Cafetero.

Durante la jornada se revisó el marco normativo aplicable a las rentas cortas y se recordó que la prestación de servicios de alojamiento turístico está sujeta a requisitos específicos que deben cumplirse antes de poner un inmueble en operación. Entre ellos figuran la compatibilidad con el reglamento de propiedad horizontal, la verificación de los usos permitidos del suelo y la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

Los expertos explicaron que una de las principales dificultades surge cuando propietarios o inversionistas consideran que el alquiler de corta duración funciona bajo las mismas reglas de un contrato tradicional de vivienda. No obstante, señalaron que la legislación colombiana clasifica esta actividad como un servicio de hospedaje turístico, por lo que está sometida a una regulación diferente y a obligaciones adicionales.

Uno de los aspectos que concentró la atención fue la protección de niños, niñas y adolescentes frente a riesgos asociados al turismo ilegal o a actividades delictivas que puedan aprovechar este tipo de alojamientos. Especialistas en la materia recordaron que los prestadores de servicios turísticos tienen el deber de implementar medidas de prevención frente a la explotación sexual comercial de menores de edad y de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el alojamiento de menores.

Asimismo, se analizaron las responsabilidades relacionadas con el manejo de la información de los huéspedes. Las normas de protección de datos personales exigen que quienes desarrollan actividades de hospedaje adopten procedimientos adecuados para la recolección, almacenamiento y tratamiento de la información suministrada por los usuarios.

Otro de los puntos abordados estuvo relacionado con el papel de los administradores de propiedad horizontal. Juristas y especialistas señalaron que estos actores tienen funciones relevantes en la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos internos y en la identificación de posibles irregularidades relacionadas con el uso turístico de apartamentos y viviendas.

De acuerdo con los expertos, la omisión frente a situaciones que puedan constituir infracciones o incluso delitos puede generar consecuencias legales para quienes, teniendo conocimiento de ellas, no informen oportunamente a las autoridades competentes.

El crecimiento sostenido del turismo en Risaralda ha convertido a las rentas cortas en una actividad económica cada vez más visible dentro del mercado inmobiliario regional. Sin embargo, el fenómeno también ha planteado desafíos relacionados con la convivencia entre residentes y visitantes, la seguridad en los conjuntos residenciales y la necesidad de garantizar que la actividad se desarrolle dentro de los parámetros establecidos por la ley.

Los especialistas coincidieron en que el fortalecimiento de la información y la capacitación para propietarios, administradores y operadores turísticos resulta fundamental para reducir conflictos y evitar sanciones derivadas del incumplimiento de las normas vigentes. Mientras el sector continúa expandiéndose, las autoridades y los actores involucrados enfrentan el reto de equilibrar el desarrollo turístico con la protección de los derechos de los residentes y de las poblaciones más vulnerables.