Mandatarios locales advierten sobre brechas financieras y operativas en la seguridad urbana
Manizales, 28 de abril 2026 – EJE 21. En un foro sobre seguridad urbana realizado en la Universidad de los Andes, alcaldes y congresistas analizaron los principales retos que enfrentan las ciudades del país para garantizar el orden público. Entre las intervenciones, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, puso el foco en las limitaciones presupuestales que, según explicó, afectan la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.
Durante el encuentro, el mandatario expuso que los municipios han asumido un conjunto creciente de responsabilidades en materia de seguridad sin contar con una financiación equivalente desde el nivel central. Esta situación, indicó, se traduce en presiones fiscales que obligan a las administraciones territoriales a cubrir gastos esenciales para el funcionamiento de la fuerza pública.
Entre esos costos, mencionó la provisión de combustible, la compra y mantenimiento de vehículos y motocicletas, así como el pago de seguros obligatorios y revisiones técnico-mecánicas. A ello se suman inversiones en herramientas tecnológicas destinadas a apoyar labores de inteligencia e investigación, particularmente en unidades especializadas como la SIJIN y la SIPOL.
El debate también abordó el diseño de la política criminal vigente. En ese punto, se plantearon cuestionamientos sobre su enfoque y sus efectos en la gestión local de la seguridad, incluyendo la carga que implica para los municipios la atención de personas sindicadas, una responsabilidad que, de acuerdo con lo expuesto, corresponde al Gobierno Nacional pero que ha sido trasladada a los entes territoriales sin una asignación clara de recursos.
Los participantes coincidieron en señalar que existe una brecha entre las competencias asignadas a los gobiernos locales y los recursos disponibles para cumplirlas. En ese contexto, se planteó la necesidad de revisar los mecanismos de financiación y coordinación entre la Nación y las entidades territoriales, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos de seguridad urbana.
El espacio académico permitió visibilizar una preocupación compartida entre distintos niveles de gobierno: la sostenibilidad del modelo actual de seguridad y la urgencia de ajustes que permitan responder de manera más efectiva a las demandas ciudadanas en esta materia.
