Expertos analizan en Manizales los retos actuales de la política criminal y la protección a víctimas

Manizales, 24 de abril 2026 – EJE 21. La ciudad de Manizales acoge una nueva edición del Foro de Política Criminal, Víctima y Delito, un espacio académico que en su sexta versión reúne a juristas, académicos y especialistas para examinar los principales desafíos del sistema penal colombiano y su capacidad de respuesta frente a fenómenos contemporáneos de criminalidad.
El encuentro, que se desarrolla en la Universidad de Manizales, inició con el conversatorio “Integridad y Paz Electoral”, centrado en la necesidad de fortalecer las garantías institucionales durante los procesos democráticos. La discusión abordó riesgos como la violencia política, la judicialización de campañas y la fragilidad de los mecanismos de control en escenarios electorales.
Durante la apertura se hizo referencia a la trayectoria de figuras del ámbito jurídico regional, entre ellas el penalista Ariel Ortiz Correa, como parte del reconocimiento al papel de la academia en la construcción del debate público en materia de justicia penal.
Uno de los ejes del foro es la revisión crítica de la política criminal en Colombia, particularmente en un contexto donde persisten tensiones entre el endurecimiento de las penas y la efectividad real del sistema judicial. En esa línea, el expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, subrayó la importancia de promover discusiones técnicas y sostenidas que permitan evaluar el impacto de las reformas penales más allá de coyunturas políticas o mediáticas.
La agenda académica de la jornada incluye paneles como “Orden jurídico y desorden global”, enfocado en cómo las dinámicas internacionales inciden en los marcos normativos nacionales, y “Reformas penales bajo presión: delincuencia juvenil”, que examina el debate sobre responsabilidad penal de menores y las respuestas institucionales frente a este fenómeno.
Especialistas coinciden en que estos espacios resultan clave para analizar la coherencia del sistema penal, en un país donde las reformas suelen responder a demandas inmediatas de seguridad sin una evaluación integral de sus efectos. En ese sentido, el foro plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas punitivas, el rol de las víctimas en el proceso judicial y la necesidad de articular prevención, sanción y reintegración.
El desarrollo del encuentro refleja una preocupación creciente por la capacidad del Estado para equilibrar la seguridad ciudadana con la garantía de derechos fundamentales, en un escenario donde la política criminal continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda pública.