Presupuesto 2026 de Risaralda, más ingresos, menos inversión
Pereira, 6 de octubre de 2025. La Asamblea Departamental de Risaralda inició el análisis del presupuesto general para la vigencia 2026, un proyecto que alcanza los 1,016 billones de pesos y que, más allá de las cifras, plantea una discusión sobre la sostenibilidad económica del departamento, el alcance real de su autonomía financiera y la capacidad del Estado regional para responder a las demandas sociales.
El documento presentado por la Secretaría de Hacienda proyecta un incremento del 20,46 % en los ingresos corrientes, al pasar de 307.258 millones de pesos en 2025 a 370.117 millones para 2026. Este aumento supera el comportamiento de la inflación y refleja un esfuerzo en la consolidación de ingresos propios. Sin embargo, detrás de ese dato alentador se oculta una tensión estructural: mientras las finanzas mejoran en el papel, los niveles de inversión social y de infraestructura se reducen de manera significativa.
El monto destinado a inversión para 2026 se fijó en 835.396 millones de pesos, una caída del 7,39 % frente al año anterior. La razón principal es la ausencia de créditos como fuente de financiación, una decisión que busca mantener disciplina fiscal, pero que deja abierta la pregunta sobre la capacidad de ejecutar obras y programas en un contexto de crecientes necesidades sociales.
La composición del gasto prioriza sectores como educación, salud, vivienda, agua potable, saneamiento básico y apoyo a comunidades rurales. Sin embargo, varios diputados advirtieron que el plan financiero podría quedarse corto ante la presión que ejercen la inflación, el aumento del costo de los insumos públicos y la lenta reactivación económica.
Durante la presentación del proyecto, distintos sectores coincidieron en que el debate sobre el presupuesto no puede reducirse a una discusión contable. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo que Risaralda quiere sostener. La reducción de la inversión pública podría impactar directamente la generación de empleo, la ejecución de proyectos en municipios con menor capacidad fiscal y el avance de metas incluidas en el actual Plan de Desarrollo Departamental.
El diputado liberal Diomedes Toro señaló que el análisis detallado del presupuesto permitirá conocer cómo se distribuirán los recursos entre las distintas secretarías y si realmente se garantizará la continuidad de los programas sociales. Para el corporado, el control político debe concentrarse en evitar que los ajustes financieros afecten la cobertura y la calidad de los servicios públicos.
En medio de las tensiones presupuestales, el debate adquiere también un matiz político. Con la proximidad del cierre de periodo de varios gobiernos locales y la incertidumbre por las transferencias nacionales, la Asamblea se convierte en un escenario clave para medir las prioridades del departamento: si opta por la prudencia fiscal o por una estrategia de expansión de la inversión para dinamizar la economía regional.
Risaralda enfrenta así un desafío de doble filo. Por un lado, los ingresos muestran signos de solidez; por otro, la disminución en la inversión podría frenar el ritmo de ejecución de obras estratégicas. El reto para 2026 será encontrar un punto de equilibrio entre responsabilidad fiscal y desarrollo social, en un contexto donde cada peso invertido puede definir no solo el futuro económico, sino la confianza ciudadana en la gestión pública.
