Editorial Presupuesto 2026: ¿El Gobierno de Petro pavimenta su camino hacia un ‘decretazo’?
A días de la fecha límite para su aprobación, el Gobierno y el Congreso se enfrentan a una encrucijada. La retirada de congresistas oficialistas y la insistencia en un presupuesto inflado alimentan la sospecha de que Petro buscaría imponer el PGN 2026 por decreto.
El presupuesto general de la Nación para el 2026 se ha convertido en uno de los puntos más álgidos del debate político en Colombia. Con una cifra récord de 556,9 billones de pesos y un déficit fiscal ya en ascenso, el panorama es cada vez más complejo. La fecha límite para que el Congreso aprobara este monto global se venció hace poco, pero el proyecto sigue estancado, lo que deja entrever las tensiones y los intereses que giran en torno a uno de los principales instrumentos de gestión financiera del Estado.
Este 2024, el camino para la aprobación del presupuesto no difiere demasiado del año anterior. La historia parece repetirse, con el Gobierno de Gustavo Petro Urrego apostando por la vía rápida: la aprobación por decreto. Un fenómeno que, si bien se dio el año pasado, podría repetirse en este contexto, tras la fractura del cuórum en el Congreso en momentos clave de la discusión. ¿Es esta una estrategia calculada del Ejecutivo para sortear la falta de apoyo parlamentario en medio de un clima político tenso y polarizado? Muchos lo temen.
La jugada del Gobierno, que se materializó en una retirada masiva de congresistas oficialistas durante el debate en la Cámara de Representantes el 15 de septiembre, ha alimentado las sospechas. La acusación de que Petro está buscando “pavimentar” el camino para un nuevo “decretazo” es cada vez más fuerte. Para la oposición, esta maniobra no solo es un intento por evitar cualquier ajuste en las cifras, sino también una señal de que la Casa de Nariño no ha aprendido las lecciones de su propio desajuste fiscal, que ya es motivo de preocupación.
El déficit y la deuda en ascenso
El panorama fiscal no es alentador. Según las previsiones, el déficit fiscal podría cerrar en 2025 en un alarmante 7,1 % del PIB, el segundo más alto desde la pandemia, mientras que la deuda pública podría ascender al 61,3 % del PIB. Estos números son la manifestación más clara de un modelo económico que parece flaquear en la sostenibilidad, mientras el Gobierno de Petro parece preferir el camino de la flexibilización de la regla fiscal, cuando lo que más necesita el país es precisamente lo contrario: un ajuste fiscal real y efectivo.
Con la economía colombiana atravesando su propio mar de incertidumbre, los mercados y los analistas coinciden en que el Gobierno no ha logrado enviar señales claras sobre un verdadero compromiso con la austeridad en el gasto público. La ejecución presupuestal sigue siendo una asignatura pendiente, a pesar de las urgencias que presenta el último tramo del cuatrienio presidencial.
El Gobierno no ha logrado frenar la tendencia de derroche en la contratación pública y el aumento de la burocracia, mientras que la ejecución del presupuesto sigue siendo inferior a lo esperado. Con unos niveles históricamente bajos de ejecución, la promesa de una “transformación económica” parece cada vez más difícil de cumplir. La falta de acción en áreas clave de la política fiscal y la resistencia a comprometerse con medidas austeras dejan un horizonte incierto sobre la viabilidad de las finanzas públicas.
El desafío del Congreso: Defender la sostenibilidad fiscal
La verdadera oportunidad que tienen los legisladores, según los analistas, es la de protagonizar una discusión responsable y técnica sobre el presupuesto, con miras a garantizar que se ajusten las cifras a la realidad de la economía. Este presupuesto no solo debe ser aprobado en términos formales; debe ser revisado en profundidad, considerando las urgencias fiscales del país y los intereses de los ciudadanos.
No obstante, la realidad es que el ambiente para discutir a fondo el presupuesto no es el más favorable. En una legislatura cercana a las elecciones, las presiones políticas son más fuertes que nunca, y la oposición parece estar decidida a impedir que el Gobierno obtenga los recursos necesarios para financiar sus planes, a costa de un costo fiscal y social considerable.
El reto para el Congreso es monumental, pero la necesidad de preservar la estabilidad fiscal y evitar que el país entre en un ciclo de endeudamiento insostenible es urgente. Si el presupuesto no se aprueba antes del 25 de septiembre, la vía para la aprobación automática por decreto presidencial se abriría. En ese escenario, el Ejecutivo tendría plena libertad para hacer los ajustes que considere necesarios sin pasar por el control parlamentario.
A medida que avanza el tiempo, las tensiones entre el Gobierno y el Congreso se agudizan, y las dudas sobre la transparencia y la efectividad de las políticas fiscales del Gobierno de Petro continúan siendo una amenaza para la estabilidad económica del país. Sin un acuerdo razonable y técnicamente fundamentado, el 2026 podría marcar el inicio de un período de incertidumbre fiscal que afecte a todos los colombianos.
