Editorial La Nueva EPS bajo intervención: más deudas, más tutelas y menos respuestas
El presidente presentó como un logro el hallazgo de irregularidades en la mayor EPS del país. Sin embargo, evitó mencionar que los principales problemas se agravaron durante la intervención estatal que él mismo ordenó.
En su más reciente intervención televisada, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente graves irregularidades en la Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud del país, con más de 11 millones de afiliados. Calificó los hallazgos como un “robo monumental” y los presentó como prueba de que el sistema actual es insostenible. Sin embargo, en su mensaje omitió un detalle clave: el deterioro de la entidad ha ocurrido, y en algunos aspectos se ha acelerado, desde que está bajo control del propio gobierno, tras la intervención ordenada en abril de 2024.Pero detrás del telón, hay cifras, documentos y alertas que cuentan otra historia. Una más incómoda. Una que el propio presidente decidió callar.
Petro no dudó en calificar las irregularidades encontradas por la Contraloría en la Nueva EPS como un “robo monumental”. Habló de miles de millones en anticipos no legalizados, de clínicas y hospitales que siguen contratando como si nada hubiera pasado, y de una élite económica que se lucra de la enfermedad de millones. Con 11,7 millones de afiliados, la Nueva EPS representa un botín político, administrativo y narrativo demasiado grande para ignorar.
Para amplificar el mensaje, activó una red de 77 cuentas oficiales en redes sociales, diseñadas para «ganar la batalla de la comunicación», como él mismo lo admitió. El guion era claro: corrupción sistémica, presidente vigilante, reforma salvadora.
Pero el libreto omitió un capítulo clave: el deterioro estructural de la Nueva EPS bajo la intervención de su propio gobierno.
Desde abril de 2024, la Nueva EPS está bajo intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, una medida excepcional que implica control directo del Estado sobre su operación. Lejos de mejorar, la situación financiera de la entidad ha empeorado de forma acelerada, como lo evidencia el análisis preliminar de la Contraloría.
El patrimonio pasó de -$4,95 billones en 2023 a -$6,69 billones en 2024. Solo en los primeros tres meses de 2025, la EPS perdió $6,26 billones, casi tanto como en todo el año anterior. La deuda —los pasivos totales— saltó de $11,7 billones en 2023 a $21,37 billones en marzo de 2025.
Más grave aún: los anticipos sin legalizar se triplicaron en apenas un año. En diciembre de 2023 eran $3,4 billones; en diciembre de 2024, $8,6 billones; y en junio de 2025, ya alcanzaban $15,3 billones. El 97 % de esos anticipos ocurrió durante la intervención estatal. Se trata de una práctica financiera riesgosa: dinero girado a prestadores de servicios de salud sin que medien soportes, contratos definidos o verificación posterior.
“La intervención ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados”, dice el informe de la Contraloría. En otras palabras: el remedio estatal no solo no ha funcionado, sino que ha profundizado la enfermedad.
El presidente tampoco habló de los otros síntomas del colapso. Desde la intervención, la Nueva EPS ha registrado incrementos sostenidos en peticiones, quejas, reclamos y tutelas.
Según datos oficiales, las PQRD crecieron un 29,4 % en el segundo semestre de 2024 y un 26,7 % en el primer semestre de 2025. Las tutelas, que reflejan la incapacidad del sistema para garantizar derechos fundamentales, ya suman 66.135 procesos en lo que va del año, una cifra que podría superar los niveles de 2024.
En este contexto, la Fundación Clínica Shaio, una de las más reconocidas del país, anunció que suspenderá su contrato con la Nueva EPS por una deuda acumulada de $95.527 millones. El silencio institucional, denunció la clínica, fue total. No hubo respuestas, ni siquiera intentos de diálogo.
La deuda con esa clínica casi se duplicó durante la intervención: de $51.556 millones en marzo de 2024 a $92.400 millones en agosto de 2025.
En su alocución, Petro deslizó una única mención a posibles fallos en la intervención. No para asumir responsabilidad, sino para culpar a los interventores —nombrados por su propio gobierno— por haber mantenido esquemas de contratación del pasado. “Tamaño error”, dijo. Y ordenó “cambiar completamente”.
Es una estrategia discursiva conocida: cuando algo funciona, es prueba del nuevo modelo; cuando falla, es culpa de quienes no lo aplicaron con fidelidad.
El discurso presidencial cerró con un llamado al Congreso para que apruebe su reforma a la salud. Lo hizo presentando los hallazgos de la Contraloría como evidencia de que el sistema actual es inviable. La ironía es que muchos de esos hallazgos corresponden al periodo en el que el Estado, bajo su gobierno, tomó el timón de la mayor EPS del país.
Así, Petro convierte los síntomas de un deterioro bajo su propio control en razones para consolidar su proyecto. Sin explicar por qué —si con las herramientas actuales no pudo contener la crisis—, con más poder sí lo haría.
Con tres alocuciones presidenciales sobre salud en apenas dos meses, Petro ha buscado instalar su narrativa en el centro del debate nacional. Una narrativa donde el Estado es redentor, el sistema un enemigo y la prensa parte del complot.
Pero las cifras, los hallazgos y las voces de alerta no encajan tan fácilmente en esa historia. A medida que las clínicas cierran puertas, los pacientes enfrentan más tutelas, y la deuda crece, lo que se tambalea no es solo el sistema de salud, sino la credibilidad de una intervención que se vendió como solución y que hoy parece parte del problema.
