Editorial Colombia rompe su brújula fiscal
La suspensión temporal de la regla fiscal por parte del Gobierno colombiano representa un retroceso en el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas. En un momento en que se necesita mayor disciplina fiscal, la decisión envía un mensaje preocupante sobre la voluntad política de enfrentar el creciente déficit y el deterioro de la deuda.
La decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de suspender, aunque sea temporalmente, la regla fiscal en Colombia marca un antes y un después en la credibilidad de la política económica del país. En un contexto donde la confianza de los mercados y los organismos multilaterales se convierte en un activo escaso, el gobierno de Gustavo Petro opta por el camino de menor resistencia: relajar el marco de disciplina fiscal cuando más se necesita reafirmarlo.
Lejos de ser una medida técnica, la activación de la llamada “cláusula de escape” por parte del Ministerio de Hacienda es una señal política de calado. Refleja, ante todo, la incapacidad para corregir el rumbo a tiempo, tras dos años de advertencias reiteradas desde diversos frentes: analistas, organismos de control, multilaterales e incluso antiguos miembros del propio Ejecutivo. Todos han coincidido en un diagnóstico claro: el crecimiento desbordado del gasto, los errores de cálculo en los ingresos tributarios y un manejo errático de la deuda están conduciendo a un deterioro fiscal sin precedentes en tiempos de paz.
En 2023, el déficit fiscal escaló al 6,8% del PIB, mientras la deuda pública rozó el 60%. En este contexto, la decisión de suspender la regla fiscal —un mecanismo diseñado para limitar el endeudamiento estructural del Estado— resulta doblemente problemática: carece de una justificación extraordinaria como la pandemia de 2020 y, además, proyecta la imagen de un gobierno renuente a hacer los ajustes que exige la coyuntura.
Más que una solución, la flexibilización de la regla fiscal es el síntoma de un problema más profundo: la ausencia de una estrategia coherente y sostenible de política económica. El Ejecutivo no ha presentado, hasta ahora, una hoja de ruta convincente para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. Y el tiempo apremia: la presión sobre el financiamiento se traduce en mayores tasas de interés, pérdida de apetito de los inversionistas y menor margen para políticas redistributivas efectivas.
El recurso a medidas contables, como las llamadas “transacciones de única vez” utilizadas el año pasado para maquillar el cumplimiento fiscal, ya no es suficiente para calmar a los acreedores ni para contener el deterioro de los indicadores macroeconómicos. La decisión de suspender oficialmente la regla no solo institucionaliza una desviación ya de facto existente, sino que también abre la puerta a un uso discrecional del gasto en plena antesala del ciclo electoral local, cuando las tentaciones populistas se multiplican.
No se trata de negar la necesidad de flexibilidad ante situaciones excepcionales. Pero como bien ha señalado el exministro José Manuel Restrepo, la actual crisis fiscal no obedece a un shock exógeno imprevisible, sino a un exceso deliberado de gasto, a una sobreestimación persistente de los ingresos y a decisiones de política que han aumentado la incertidumbre. En otras palabras, se trata de un problema autoinfligido.
Mañana, el Ministerio de Hacienda presentará el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que se antoja clave para restaurar la credibilidad perdida. Solo un plan riguroso, transparente y verosímil —que combine contención del gasto, reordenamiento tributario y señales claras de disciplina— podrá empezar a revertir el daño.
La regla fiscal no es un obstáculo al desarrollo, sino una garantía de sostenibilidad. Su suspensión, sin causa extraordinaria que lo justifique, equivale a romper la brújula en medio de la tormenta.
