23 de octubre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Proyectos de equidad social

19 de septiembre de 2010
19 de septiembre de 2010

Ellas son: la Ley de Restitución de Tierras, que busca devolverles a los desplazados por la violencia las tierras que les han sido arrebatas por los actores del conflicto armado; la reforma al Sistema Nacional de Regalías, donde se propone que el 80% de estas llegue a todos los municipios de Colombia;  y, por último, el Estatuto Anticorrupción, que impondría penas privativas de la libertad hasta por 18 años, sin derecho a excarcelación, para quienes sean condenados por este delito.  

En el caso de la Ley de Restitución de Tierras es importante señalar que si la iniciativa pasa en el Congreso de la República, se haría justicia con quienes han sido expulsados de sus parcelas bajo la amenaza de las armas. No se debe olvidar que desde la época de la violencia política, que se inició en el país en el año 1946, cuando aprovechando la división Liberal el Partido Conservador recuperó el poder, acrecentada después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, el fenómeno del desplazamiento forzado ha sido una constante en Colombia. Ese apoderamiento de las tierras productivas volvió a verse con el auge del paramilitarismo. Los testimonios de quienes han sido sus víctimas dejan claro que muchos jefes de esta organización criminal coaccionaron a los legítimos propietarios para que les vendieran sus tierras a precios irrisorios.

Con el proyecto de Acto Legislativo que busca modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución, relacionados con el sistema de regalías, el Gobierno Nacional quiere impulsar una reforma significativa para el desarrollo del país. Entregarles a los municipios el 80% de estos recursos es una manera de lograr que la redistribución de la riqueza sea más equitativa. En Colombia seis departamentos se llevan la mayor tajada en asunto de regalías. Lo grave es que esos dineros, que deberían invertirse en el mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos, terminan  en los bolsillos de políticos inescrupulosos. Apoyados, desde luego, por contratistas corruptos que se enriquecen rápidamente.

El Estatuto Anticorrupción es una herramienta que les dará a los jueces de la República elementos jurídicos para que puedan condenar a quienes sean juzgados por corrupción administrativa. El enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos debe ser castigado con severidad. En este sentido, la justicia está en la obligación de acabar con los beneficios por aceptación de cargos. Porque eso de que un funcionario que sea condenado a prisión pague su pena con casa por cárcel, no deja de ser una burla a la justicia. El estatuto contempla el endurecimiento de las penas y, además, la expropiación de los bienes adquiridos por el funcionario hallado culpable. Este proyecto nos devolvería a los colombianos la confianza en la administración pública.

Las tres propuestas del Gobierno Nacional que aquí se comentan conducen a construir un Estado con equidad social y con justicia para todos. El proyecto de Acto Legislativo # 13 de 2010 apunta a que los recursos generados por la explotación de recursos naturales no renovables no se queden en pocas regiones, sino que lleguen a todos los municipios para que contribuyan al desarrollo social en regiones olvidadas por el Estado. La devolución de las tierras a sus propietarios tiene el sentido de una gran reforma agraria que busca hacer justicia con los desplazados. Y el Estatuto Anticorrupción evitaría que cuatro billones de pesos al año lleguen a los bolsillos de los corruptos. Aunque, hay que decirlo, este no logrará extirpar del todo un cáncer que carcome las finanzas del gobierno.

¿Existe en el Congreso de la República voluntad política para aprobar estos tres proyectos? Es de suponer que sí. Nuestros legisladores deben tener conciencia de que estas leyes benefician a millones de colombianos. Por lo tanto, deben apoyarlas. Y no permitir que presiones externas de partes interesadas impidan que la riqueza se irrigue hacia todos los municipios del país, como sucedería con la aprobación de la reforma a la distribución de las regalías. Ni que se frustren las esperanzas de miles de familias que quieren recuperar sus tierras para emprender proyectos productivos, como sucedería con la Ley de Restitución de Tierras. Ni se impida que funcionarios corruptos paguen con cárcel su asalto a las arcas del Estado para provecho propio, como sucedería si  no se aprueba el Estatuto Anticorrupción.