20 de octubre de 2021
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La necesaria reforma agraria

27 de septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010

Por: Albeiro Valencia Llano

albeiroEs innegable que el mayor reto del Gobierno es la reforma agraria. Al respecto afirmó Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, que “vamos a darle un gran impulso al agro mediante la devolución de tierras; el único que tendrá prioridad será el campesino colombiano”.

Entre las expectativas que viene despertando el presidente Juan Manuel Santos, desde el 7 de agosto, la que mayor ilusión crea es la promocionada reforma agraria. El asunto no es de poca monta, porque es en este sector donde se producen todas las desgracias que agobian al pueblo colombiano, desde el momento de la Independencia.

Algo de historia

Después de 1819 casi todas las propiedades de los españoles pasaron a mano de los oficiales que participaron en las guerras de Independencia, mientras tanto los soldados se convirtieron en peones. En cuanto a los indígenas, fueron invadidos y perdieron sus tierras comunales; quedaron marginados en terrenos difíciles y estériles. Así fue surgiendo el latifundio parasitario y se consolidó la figura del gamonal.

Durante el siglo XIX ningún gobierno fue capaz de orientar una reforma agraria que pusiera fin a la permanente concentración de la tierra y que atendiera las necesidades de aparceros, terrazgueros y peones. Sin embargo, familias pobres de Antioquia, del Cauca, del Tolima y de otras regiones, se desplazaron buscando tierras abandonadas o del Estado y, en condiciones difíciles, colonizaron baldíos, tumbaron montañas, organizaron parcelas y fundaron aldeas y pueblos. Esta es la única “reforma agraria” que se ha hecho en el país.

Durante el siglo XX hubo algunos intentos fallidos, desde el Estado, buscando algunas reformas liberales para integrar el campo a las relaciones capitalistas de producción, al mercado interno y a la exportación. En 1936 Alfonso López Pumarejo impulsó una reforma, pensando en la función social de la propiedad, pero los latifundistas y gamonales respondieron con la violencia. Con Alberto Lleras Camargo se hizo otro intento (1960), motivado por la violencia política y por el temor que producía la revolución cubana; pero el proceso culminó con la modernización de algunas fincas, por el apoyo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).

Más tarde (1968) Carlos Lleras Restrepo inició una reforma agraria basada en la titulación de baldíos y en el establecimiento de distritos de riego; pero también se abortó cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos orientó la toma de haciendas. Con el pacto de Chicoral (1973) se inició la contrarreforma agraria. Ninguna de estas reformas liberales contempló la expropiación del latifundio parasitario, ni una política integral para el sector agropecuario. Los latifundistas y gamonales siempre salieron victoriosos.

Terrible  guerra por la tierra

La contrarreforma agraria la impulsó, hace 20 años, la tenebrosa alianza  conformada por gamonales, latifundistas, hacendados y mafiosos, para impedir las reformas que estaban planteando las organizaciones campesinas, los sectores democráticos  y los grupos de izquierda. Para crear el clima adecuado se satanizó a los sindicatos agrarios y a los líderes obreros y campesinos, al mismo tiempo se les acusó de tener vínculos con los guerrilleros.

En este ambiente se disparó la guerra entre el ejército y el movimiento guerrillero: cuando se expulsaba la guerrilla llegaban los grupos paramilitares y sembraban el terror; como consecuencia los campesinos abandonaban la región. La estrategia de las autodefensas, para acaparar la tierra, la explicó muy bien el ex paramilitar Jairo Castillo, alias Pitirri: “unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

El resultado es tenebroso. La Fiscalía calcula que en dos décadas el número de muertos producidos en esta larga guerra asciende a 165 mil; las masacres de campesinos,  a 1.300 y los desaparecidos suman 31 mil. Cuatro millones de campesinos fueron obligados a abandonar sus finquitas; la Procuraduría calcula que el número de hectáreas arrebatadas a sus dueños, o abandonadas, asciende a 5,5 millones; el 11 por ciento de la superficie agraria del país.

Los usurpadores legitimaron el atraco con relativa facilidad; muchos campesinos no tenían legalizada la propiedad de la tierra y la informalidad ayudó a despojar a las víctimas. Además, los actores armados “habían penetrado notarías, oficinas de registros públicos y regionales del INCORA, para acabar con sus registros. Se sabe que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las AUC, quemó 20.000 folios de las notarías de Valledupar. En otras zonas, como en Sincelejo, se amenazó e incluso asesinó a funcionarios” (El país de los desterrados. El Espectador,  agosto 16 de 2010).

La contrarreforma agraria

Este fenómeno trajo como consecuencia la concentración de la propiedad: las haciendas de más de 200 hectáreas pasaron del 47 al 68 por ciento y el 4 por ciento de los propietarios controla el 61 por ciento de las mejores tierras; lo anterior debido a que entraron nuevos actores al sector agropecuario. Pero, además, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez la política agraria era muy clara: confianza en los ricos. En el año 2003 se organizó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) que impulsó un programa basado en la liberalización del comercio y en la internacionalización de la economía. Así, el modelo para el sector rural avanzó al amparo de la seguridad democrática y de la confianza inversionista.

En esta nueva orientación el gobierno planteaba que los grandes agricultores son más eficientes que los pequeños. Esta tesis la defendió el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y por ello se explica su política hacia los grandes empresarios: el caso de la hacienda Carimagua y los escándalos de Agro Ingreso Seguro, son claros ejemplos del modelo de desarrollo que privilegió la gran propiedad y se apartó del principio constitucional de la función social de la tierra.

Como consecuencia de la contrarreforma agraria avanzó, a grandes pasos, la concentración de la tierra y el desplazamiento, que alcanzó dimensiones de tragedia humanitaria: Colombia es el segundo país, con más desplazados, después de Sudán.

Sí es posible la reforma agraria

La administración del presidente Santos está planteando una audaz política agraria. Su equipo de gobierno sabe que para entrar a los mercados internacionales necesita lavar la ropa sucia, ordenar la casa y controlar a los mafiosos de todo tipo, que desataron la contrarreforma agraria, con sus horribles consecuencias. Para enfrentar el problema agrario se necesita golpear el latifundio parasitario, modificar la tenencia de la tierra, restituir la tierra arrebatada y reparar el capital perdido; las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación moral.

Pero los enemigos son muchos y muy poderosos. El acto terrorista de la extrema derecha, cuando apenas arrancaba la administración, fue una seria advertencia. ¡Ojalá que ahora sí prospere la propuesta de reforma agraria y que el entusiasmo no se convierta en una ilusión! No podemos olvidar que el 65 por ciento de los campesinos viven en situación de pobreza.