18 de junio de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¡Reverencia por la constitución, señor presidente!

20 de agosto de 2009
20 de agosto de 2009

Y no hay duda de que la Constituyente excedió el mandato para el cual había sido elegida.Yo participé en aquel Congreso del 90 y regresé en el 91. Participamos con la elección de constituyente y tuvimos muy claro que los temas eran limitados. La voluntad del elector colombiano fue una voluntad limitada a unos temas. Cuando la Constituyente se instaló, se declaró sin límite temático, sin límite material. Fue convocada por un decreto de Estado de Sitio y avalada por la Corte Suprema de Justicia, gracias al voto de un conjuez. Desde el punto de vista jurídico, su convocatoria fue un rompimiento institucional. Y desde el punto de vista político, no tuvo legitimidad en el origen….¿Por qué lo digo? Porque la votación que la convocó fue mínima. No había exigencias de umbrales.”

El Presidente de la República hace un duro ataque a la legitimidad de la Constitución, y eso no le queda bien al Primer Magistrado.

Además, los argumentos que usa para combatir la Carta Fundamental no concuerdan con la verdad histórica. Y su ataque no lo hace en cualquier escenario, sino en el congreso de justicia constitucional, organizado por la Corte Constitucional, órgano que tiene como función la de ser guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución.

El proceso democrático más importante que ha tenido Colombia en la historia reciente es el que se dio entre 1990 y 1991, el cual inició con un movimiento estudiantil que promovió la “séptima papeleta” y terminó con la expedición de la Constitución de 1991, dictada por una asamblea que representó a todo el pueblo colombiano. En esa época no existían umbrales, por ello no es justo que se juzgue la legitimidad política de la Asamblea Constituyente con las normas electorales actuales. El país ha estado de acuerdo con que lo que dice la Constitución está “escrito con la letra de todos”, no es jurídico ni legítimo impugnar hoy el origen de la Carta.

Quien ejercía el control de constitucionalidad bajo la Constitución de 1886 era la Corte Suprema de Justicia, la cual consideró que el proceso de reforma vía Asamblea Constituyente se correspondía con la Constitución, para lo cual la Sala Plena dictó dos fallos, el primero el 9 de mayo de 1990, que declaró constitucional el Decreto 927 de 1990, y el segundo el 9 de octubre de 1990, mediante el cual se declara conforme a la Constitución el Decreto 1926 de 1990, mediante el cual se convocó al pueblo para que eligiera la Asamblea.

Además, en la sentencia judicial que le dio vía libre a la Asamblea Constituyente no hubo la participación de ningún conjuez, y si la hubiese tenido, ello no le quita eficacia jurídica a la decisión; la sentencia es de la Corporación, no de uno de sus miembros.

En la sentencia de 9 de octubre de 1990 se declaró que eran inconstitucionales los límites materiales impuestos a la Asamblea por el Decreto 1926 de 1990, los cuales recogían el acuerdo de la Casa de Nariño del 23 de agosto de 1990, celebrado entre el gobierno de César Gaviria y los representantes de los partidos políticos. Es decir, la Asamblea Constituyente de 1991 no desconoció límites materiales ni excedió el mandato, pues cuando fue elegida ya la Corte había señalado que ella no tendría límites materiales ni temáticos.

Todo el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991 fue avalado jurídicamente por quien ejercía el control de constitucionalidad en ese momento, lo cual ha sido ratificado por la Corte Constitucional (Sentencia C- 544 de 1992), corporaciones que han concluido que entre la anterior Constitución y la actual no existió rompimiento institucional, por tanto la posición del Presidente Uribe desconoce claramente las referidas decisiones judiciales.

El debate político no puede fundamentarse en el empeño del Presidente y sus amigos por legitimar el que han llamado “estado de opinión” a costa de la solidez institucional, que se asienta en el respeto del país por la Constitución Política. La vigencia del Estado y el orden social reclama estabilidad jurídica y política.El Mundo, Medellín

* precandidato presidencial por el Partido Liberal