Ecuador y Colombia: Peligroso espiral de sanciones y retaliaciones

Entre Ecuador y Colombia se ha impuesto un tortuoso camino empujado por la personalización de la disputa, que ha empezado a traducirse en demandas jurídicas y sanciones económicas con trasfondo político. A las repercusiones mutuas que ya deja ese camino pueden unirse graves amenazas, en medio de un complejo contexto geopolítico regional que hace cada vez más difícil y costoso desescalar la tensión. Aún en esas condiciones, la diplomacia y la mediación todavía tienen su lugar.

Correa vs. Uribe: Disputa personalizada y mediaciones fallidas

La ruptura de relaciones ordenada por el presidente Rafael Correa luego del bombardeo colombiano el 1 de marzo al campamento de las FARC y en violación del territorio ecuatoriano, al sentirse maltratado por la información parcial o falsa entregada por el presidente Álvaro Uribe, así como por la sindicación de ser colaborador de la guerrilla que le hiciera el Director de la Policía colombiana a partir de los computadores guerrilleros, personalizó la disputa en cabeza de dos mandatarios que tienen opciones distintas pero también semejanzas: cuentan con amplios apoyos nacionales, son conflictivos y mediáticos, desprecian la diplomacia y las mediaciones multilaterales.

Durante buena parte de los 17 meses de ruptura, los dos presidentes se trabaron en una guerra de comunicados y declaraciones muy útil para cada uno de ellos en su necesidad de mantener el apoyo de su propio público, pero muy dañina para ambos países y para la relación binacional. Ambos siguieron una y otra vez la misma secuencia en su comportamiento frente a la crisis y fueron agrandando la espiral de la tensión hasta niveles peligrosos.

Declaraciones cada vez más duras de Correa fueron respondidas por comunicados cada vez más fuertes de Uribe. Esa secuencia ocurrió incluso cuando, a mediados de 2008, ambos gobernantes estuvieron de acuerdo en un proceso paulatino de restablecimiento de las relaciones que empezaba por el compromiso de guardar silencio para poner en marcha acuerdos alcanzados con los buenos oficios de la OEA, que reunió a las cancillerías y a los altos mandos militares.

Los dos gobiernos no aguantaron los diez días convenidos y la víspera de restablecer  relaciones a nivel de encargados de negocios, Correa habló duro en México y Uribe paralizó los acuerdos. Cada uno acusó al otro de haber roto lo pactado. La intervención del ex presidente estadounidense Jimmy Carter, con el apoyo de un Grupo Binacional de Diálogo formado por diez ecuatorianos y diez colombianos que se reunió con cada presidente, logró que Uribe aceptara retomar los acuerdos pero Correa no accedió.

Carter volvió a insistirles a los dos presidentes para que guardaran silencio, y a finales de 2008 parecía que lo lograba. Mientras Correa exigía a Colombia cumplir cinco condiciones para restablecer las relaciones -entrega de imágenes del bombardeo, traspaso de computadores de “Reyes”, cese de la sindicación de apoyo a la guerrilla, aumento de la presencia militar en la frontera y recursos a ACNUR para el apoyo a los refugiados-, Uribe se silenció.

 Judicialización del diferendo: demandas, cargos penales, filtraciones, órdenes de captura y nuevas amenaza

Pero en 2009 subieron el tono de la agresión, ya no sólo con acusaciones y recriminaciones, sino con sanciones y retaliaciones emanadas desde diversas dependencias de los dos Estados y con efectos colaterales a ambos lados. De nuevo siguió la misma secuencia. Desde Ecuador se demanda a Colombia y desde Colombia se filtran informaciones o videos guerrilleros, que no han sido usados como instrumento de clarificación de la grave información que contienen, sino como herramienta de presión sobre el presidente del país vecino.

– Así acaba de ocurrir con la nueva demanda del gobierno de Ecuador contra Colombia -ya había demandado en la Haya por las fumigaciones-, esta vez ante la Comisión Interamericana por la muerte de un ecuatoriano en el campamento de “Reyes”.

– Al llegar Correa a Estados Unidos para la asamblea de la OEA, un artículo del Wall Street Journal con informaciones guerrilleras sindicó a su gobierno de cooperar con las FARC y no con el gobierno colombiano.

– Enseguida vino la orden de captura del juez de Sucumbíos contra el ex Ministro de Defensa colombiano y su doble apelación a Interpol. Primero la solicitud azul para la ubicación de Juan Manuel Santos que fue rechazada por su carácter político y sin embargo fue seguida por la solicitud roja de Ecuador para pedir su detención.

– Unos abogados colombianos anunciaron una demanda contra el presidente ecuatoriano, su ex Ministro y su ex Viceministro del Interior, con la solicitud de denuncia ante la Corte Penal Internacional por “terrorismo internacional“.

 – La agencia Associated Press  en exclusiva divulgó un video -grabado el 27 de marzo de 2008 y que según fuentes colombianas fue confiscado a una miliciana en Bogotá- donde el “Mono Jojoy” informa a sus tropas de la muerte de ‘Tirofijo’ y lee su última carta en la que, entre otras cosas, habla de derrotas y de la entrega de dólares para la campaña de Correa, de conversaciones con sus emisarios y de acuerdos para apoyo electoral en la frontera.

– Por su parte, el ex ministro Santos aseguró que sigue aferrado a la “legítima defensa” para justificar ataques fuera de las fronteras, que pueden continuar las filtraciones pues “No hemos visto todo, vamos a ver más“, y que el único tribunal que le importa es el de la opinión.

Tercian las fiscalías

En la disputa han entrado también las fiscalías. La ecuatoriana se queja de no haber logrado colaboración de su par vecino en el esclarecimiento del bombardeo de Angostura para judicializar a los colombianos que participaron en la operación militar.

La fiscalía colombiana dice no haber encontrado respuesta en la solicitud de los números de series de las armas encontradas entre los escombros del campamento de “Reyes” para identificar a los proveedores internacionales del material.

Además, la fiscalía colombiana cuestiona la decisión de proteger y permitir la salida de Ecuador de las sobrevivientes  colombianas y de la mexicana, y para esta última activó el pedido de detención. También anuncia procesos contra ecuatorianos, como la diputada acusada de cercanía con las FARC, el ex Ministro del Interior, su Viceministro y su hermano, quienes aparecen en los computadores guerrilleros.

Cortinas de humo y rebotes 

Así escalaran la tensión, lo que importaba con estos gestos era producir resultados a cada lado para mantener la popularidad presidencial o como cortina de humo ante difíciles situaciones nacionales. Claro que también generó efectos contrarios a los esperados. La orden de captura empujó la campaña presidencial de Santos aún antes de que éste la lanzara.

– El artículo, el video y el anuncio de demanda le facilitaron a Correa lanzar otra arremetida nacionalista que le ayudó a diluir la preocupación ante la nada fácil coyuntura económica o ante los contratos de su hermano con el Estado. Y de paso le permitió desafiar al gobierno colombiano con demostrar quiénes tienen vínculos con narcotraficantes o paramilitares que, como las FARC, están en la lista de terroristas.

– A Uribe le sirve tener que mostrar una nueva cruzada contra lo que percibe como auxiliadores de la guerrilla en momentos en que se diluye la posibilidad institucional de sacar adelante el referendo para su nueva reelección y en que negocia un acuerdo con el Pentágono para que amplíe el uso de bases aéreas y navales colombianas.

Sanciones y retaliaciones económicas

De los estrados judiciales la tensión ha saltado a las medidas económicas que afectan el comercio de ambos lados. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) se pronunció, el 17 de julio, contra la salvaguardia cambiaria impuesta a Colombia, cinco días antes, por el gobierno de Ecuador. La medida implica un alza de aranceles que encarece el ingreso de más de 1.346 productos importados por Ecuador desde Colombia. La CAN en su revisión preliminar no encontró evidencia de perjuicios para la economía ecuatoriana que justifiquen su aplicación.

Dos argumentos señalaron en Quito para sustentar la nueva salvaguardia. El primero, la devaluación del peso colombiano que en realidad fue muy transitoria y no más fuerte que la de otros de sus socios, pues lo que ha habido es volatilidad por la crisis económica internacional[1], y más bien el peso ha venido revaluándose a mediados de 2009. El segundo argumento fue el déficit comercial que Ecuador mantiene con respecto a Colombia, que como han anotado economistas ecuatorianos, es menos importante que el que ha ido acumulando con Venezuela y China, con la diferencia de que estos países son recientes aliados del actual gobierno ecuatoriano. Tanto el gobierno ecuatoriano como el gobierno colombiano han intentado muchas veces que Ecuador diversifique su oferta exportable, pero eso no depende sólo de la voluntad gubernamental y cuenta el que la economía colombiana sea más grande y diversificada que la ecuatoriana.  

En realidad las salvaguardias han sido usadas por todos los socios andinos para proteger su balanza, pero en este caso cobró el carácter de sanción política por los dos argumentos antes analizados y porque el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) expidió la medida contra Colombia justo en el mismo momento en que restituyó a sus socios andinos (Perú y Bolivia e incluso a Colombia) las preferencias arancelarias suspendidas desde enero por una salvaguardia general por balanza de pagos que tampoco había aceptado la CAN.

Las exportaciones colombianas a Ecuador, en los primeros cinco meses de 2009, bajaron 13% por la desaceleración de la economía ecuatoriana y por la primera salvaguardia. La reducción afectó al 87,2% de productos no tradicionales[2].

El gobierno colombiano ha apelado a la CAN ante las dos salvaguardias. Ante esta última medida examina distintas alternativas para mostrar que Ecuador viola la normatividad andina y además discrimina a Colombia. Pero el escalamiento de la tensión podría incluso llevar a una retaliación proporcional a las restricciones ecuatorianas y con la misma temporalidad. Paradójicamente el presidente Correa amenaza con el retiro de la CAN en momentos en que Ecuador le entrega a Perú la presidencia rotativa que ha ejercido al mismo tiempo que ha ocupado el resto de puestos de dirección de la organización: la Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino.

Sufren las gentes de la frontera

Además de darle un golpe mortal a la integración, las consecuencias económicas ya comenzaron a generar daños a cada lado y como siempre, los han pagado en primer lugar las gentes de la frontera. Desde el mismo día de la medida se disparó el contrabando. En cada orilla de los ríos compartidos, en particular el Carchi y el Guáitara en la zona andina (que es la de mayor intercambio comercial) se aceleró un trasbordo de mercaderías que llegaban en carros con placa ecuatoriana y salían en vehículos con placa colombiana. O a lo largo de los ríos se almacenan mercancías en espera de los comerciantes de ambos lados. Los negociantes informales tratan de responder a las restricciones con bloqueos al puente y los transportadores de carga pesada amenazan con sumarse a la protesta. Con el contrabando aumentan los problemas económicos, institucionales, de corrupción y de seguridad. Con las protestas aumenta la inconformidad con Quito y Bogotá.

A ambos lados del río los taxistas, cambistas, y dueños de bodegas alarmados repiten “Nos llevan a la quiebra“. Mientras en Tulcán, del lado ecuatoriano, bajan las ventas, en Ipiales aumenta el desabastecimiento luego de que en el puente común de Rumichaca un estricto control de la DIAN y la policía colombiana termina restringiendo el ingreso de productos ecuatorianos. Productos que son de primera necesidad -víveres, huevos, arroz, azúcar, ropa- de los que depende la subsistencia de poblados pobres. Y se dispara el precio de los combustibles procedentes de Ecuador.

Es que la frontera no está articulada por rayas claras en los tratados pero porosas en las relaciones cotidianas de la gente, sino que está unida por lazos étnicos, familiares, sociales, culturales; es natural que busquen bienes o servicios de mayor calidad y donde estén a mejor precio.

Sanciones contra uno mismo

Las medidas pueden volverse auto-sanciones y afectar consumidores, exportadores e importadores de cada lado. Por el tamaño de las economías, para Ecuador son más significativos los 800 millones de dólares anuales que le vende a Colombia que los 1.500 millones que le compra. A ambos lados están amenazados muchos puestos de trabajo -150.000 en Colombia y 50.000 en Ecuador-, y se pueden quebrar empresas medianas y pequeñas que pagan impuestos y dependen de materias primas o del intercambio con el otro país.

Es que por las fuertes interacciones propias de socios y países colindantes, una sanción al vecino deteriora no solo su situación sino que genera efectos inesperados y puede terminar en auto-sanción. Así, una medida como la imposición del certificado judicial y su apostillado, terminó limitando la circulación fronteriza indispensable para su sobrevivencia, disminuyó los flujos legales y redujo significativamente el turismo de colombianos que le generan a Ecuador 130 millones anuales, como lo muestra el cuadro siguiente. En cambio no ayudó a mejorar la seguridad de Ecuador, argumento con el cual fue impuesta la medida.

Nexos económicos entre Ecuador y Colombia

Fuente: Datos de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana, julio de 2009.

Se paralizan los proyectos de integración fronteriza

Un costo grave del desentendimiento ha sido el retroceso de la mirada comprensiva de las zonas fronterizas que había sido construida en la década de los noventa de manera binacional y en el marco de la integración andina. Esta había permitido la concertación tanto de regímenes para hacerle frente a una diversidad de asuntos compartidos como de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF). La ZIF llegó a sobrepasar las áreas colindantes a los 585 kilómetros de línea limítrofe e involucró a un tercio de Colombia y a la mitad de Ecuador.

La tensión ha hecho invisible la complejidad de la situación fronteriza y ha paralizado la ZIF así como el plan binacional de desarrollo que venían formulando las autoridades de Nariño y el Carchi, con metas y cronogramas concretos así como con 13 proyectos de desarrollo compartidos. El único proyecto que sobrevive, el de manejo de residuos sólidos, se debe a la presión de los alcaldes de Tulcán e Ipiales que han seguido en sus gestiones, han logrado reunir a las dos cancillerías en torno a ese proyecto local que ha concitado la cooperación internacional. Fuera de ese proyecto, se han perdido oportunidades y recursos para el indispensable desarrollo local.

Se desatiende la seguridad de las ciudadanías

Los problemas de seguridad ciudadana no han sido atendidos como una prioridad. No ha habido ninguna apertura a considerar los efectos del control policial y militar para las poblaciones locales, cuyos lazos transfronterizos y cuyos espacios de interacción son indispensables para su sobrevivencia en condiciones de tanta precariedad. Con el aprovechamiento que grupos irregulares han hecho de tales nexos y espacios, con su  presión e involucramiento en la vida de las comunidades, y con el enrolamiento de muchos pobladores en redes de contrabando de muy diverso orden ante la falta de otras opciones, la respuesta ha sido la de intentar arrasar con las interacciones locales.

Cada lado ha creído que fenómenos de seguridad cruzados por flujos regionales y globales se detienen ante la línea fronteriza. Cada lado ha desconocido que las fronteras son sobre todo zonas de articulación para lo bueno y para lo malo, y que fenómenos de seguridad cruzados por flujos regionales y globales no se detienen ante la línea limítrofe. Esa concepción tiene graves efectos locales e incluso impide el desarrollo de los planes alternativos de manejo. Desde Colombia se ha criminalizado a las poblaciones que se encuentran en medio del fuego cruzado y se han interferido los flujos de alimentos, medicinas y bienes de consumo cotidiano. Desde Ecuador se han taponado o destruido muchos de los caminos que históricamente han usado las comunidades locales, indígenas en particular, para transitar de uno a otro lado en busca de mejores condiciones de vida.

Se agrava la ausencia de los estados

Esa concepción tiene graves efectos locales y hasta hace imposible el impulso de los planes alternativos de manejo de la problemática fronteriza. Colombia no ha avanzado en la sustitución de cultivos de coca, ni Ecuador ha podido poner en marcha el “Plan Ecuador”. Mientras tanto, los grupos irregulares aprovechan el desencuentro entre los dos gobiernos y crece la delincuencia a ambos lados. El vacío que dejan los dos Estados lo llenan la economía de la droga y de la guerra que articulan a ambos lados tanto dinámicas de seguridad como actividades económicas legales e ilegales, en especial, en los ámbitos fronterizos amazónico y del Pacífico; y en zonas rurales del ámbito fronterizo andino, las FARC actúan como garantes de arreglos locales no coincidentes con normativas nacionales.

Dos pueblos que se enemistan

Al ritmo de las disputas entre los presidentes y de su ascenso a los estrados judiciales internacionales y sus efectos en las zonas fronterizas y en el comercio binacional, en ambos lados ha crecido la percepción social de enemistad.

– En Ecuador el anti-colombianismo ha crecido a lo largo de los años dos mil a medida que se hicieron más evidentes los efectos del conflicto colombiano en su frontera norte y a medida que las respuestas dadas por el gobierno colombiano desestimaron las preocupaciones y los reclamos de los vecinos, en particular por las fumigaciones y por el desplazamiento que carga sus presupuestos y disputa los escasos empleos.

– En el lado colombiano se fue pasando del cansancio con la percepción de falta de cooperación ecuatoriana a la molestia por la auto-convicción de complicidad con las guerrillas, sin beneficio de inventario que explique cómo las FARC fueron abriendo espacio en la frontera compartida y en el vecino país ante la ausencia del Estado y de una política fronteriza y de vecindad. Tampoco en Colombia se han reconocidos los esfuerzos que ha hecho Ecuador para atender problemas humanitarios y de seguridad, algunos de ellos contradictorios y otros insuficientes por la magnitud de los problemas, pero esfuerzos reales. El malestar colombiano ha llevado a que la imagen desfavorable del presidente Correa, según una encuesta de Gallup, haya alcanzado el 71% y sobrepasado el 65% de Chávez.

Entran los militares

En ese contexto de tensiones, sanciones, de enemistad y mutua desconfianza, ha crecido la percepción del otro país como amenaza. Ante la respuesta estatal fundamentalmente militar y policial, ante la conversión de las fuerzas armadas y de seguridad en actores centrales en la frontera, y ante la falta de información y comunicación pueden producirse malinterpretaciones que lleven a incidentes que ahondarían aun más las heridas. Ya Ecuador había advertido que respondería militarmente a una acción similar a la incursión en Angostura y que se prepara para ello. El Ministro de Seguridad ecuatoriano señaló que las relaciones bilaterales podrían llevar a una escalada militar si sectores colombianos insisten en su lucha “extraterritorial“ contra la guerrilla. Así, las nuevas tensiones han aumentado el temor de que se esté llegando a un punto en que se den hasta escaramuzas militares.

Se dificulta la mediación

El contexto latinoamericano y caribeño se ha ido polarizando y los espacios para la mediación se han ido agotando. Las pretensiones geopolíticas se enfrentan y pueden hacer insoluble el conflicto en Colombia y las tensiones entre vecinos. El Pentágono, con apoyo del gobierno de Uribe, amplía su presencia en Colombia para reemplazar la base de Manta y actuar desde instalaciones aéreas y navales colombianas. Por su lado, el bloque de poder bolivariano, que Ecuador acaba de reforzar, quiere imponer a cualquier costo su ruptura y sus propuestas, y percibe el uso de las bases en Colombia como un peligro al que tendrían que responder y para eso anuncian nuevas compras de armamento.

Es urgente negociar 

Ante ese complicado panorama, desde las sociedades y la comunidad internacional hay que insistir en que los gobiernos deben sentarse a dialogar y negociar. No hay otro camino efectivo. Estos países están unidos para siempre no solo por la geografía y la historia sino también por poblaciones compartidas y por retos actuales de enorme envergadura.

* La imagen del artículo fue tomada del blog retales-de-vida.blogspot.com

Notas de pie de página

[1] Así ha ocurrido por ejemplo en Perú, Chile y Brasil como efecto de medidas tomadas por Estados Unidos que debilitan el dólar para salvar empresas y bancos ante la crisis.

[2] Según Analdex, las caídas afectaron en 70% a las ventas de animales, 55,4% las de confecciones, 40,2% las de materias plásticas, 31,6% las de hierro y acero, 25,7% las de papel,  20% las de cuero, 14,6% las de alimentos, bebidas y tabaco, 6,6% las de metales y 5,3% las de vehículos. Las de textiles, vegetales, combustibles y maquinaria eléctrica crecieron, en cambio, entre 10% y 20% y las de café aumentaron 227,5%.