Las propuestas del gobierno: ¿improvisación o estrategia?

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Recuerdo que, en los momentos más difíciles del presidente Samper, durante el curso del proceso 8000, propuso que adoptáramos el sistema unicameral y hasta lanzó la idea de establecer la pena de muerte para ciertos delitos, o en otros momentos resolvió buscar una reforma de la Carta Política que le quitara facultades a la Corte Constitucional, en especial sobre los Estados de Excepción.  Siempre consideré que lo hizo, no por el valor de cada idea  -y, al contrario, prefería las ideas más descabellada- sino para distraer a la opinión  sobre el verdadero problema.

Ahora está pasando lo mismo. Cada vez que se avecina o se produce alguna decisión judicial o alguna denuncia, o la inminente publicación de un informe contrario al Gobierno, sale a relucir muy oportunamente un  tema polémico que permita, dentro de su estrategia mediática, “poner al país a pensar en otra cosa”. Y si no hay algún asunto surgido espontáneamente -como la posible pandemia de la gripe porcina, los estragos causados por el invierno o el lamentable deceso del maestro Escalona- el gobierno no duda en lanzar alguna propuesta absurda para que todos nos pongamos a discutir al respecto, mientras pasa el temporal. En tal sentido, hay también  algunos tesoros que el Gobierno mantiene guardados, para usarlos cuando sea indispensable, como el famoso computador de alias “Raúl Reyes”, o los informes secretos de la UIAF.

El ejemplo más reciente es la idea -que a todos nos pareció descarada y loca- de restablecer el sistema de inmunidad parlamentaria, precisamente cuando se avecinaban -el Ejecutivo parece adivinar o sabe las cosas anticipadamente- las explosivas denuncias del ex superintendente Cuello Baute sobre las notarías ofrecidas o entregadas durante el trámite de la pasada reforma constitucional reeleccionista.

Se trataba de volver al ordenamiento de 1886, según el cual durante las sesiones del Congreso, cuarenta días antes y veinte días después, los legisladores no podían ser sometidos a proceso judicial alguno, ni arrestados, ni llamados a proceso sino cuando mediara previo levantamiento de la inmunidad por la cámara a la cual pertenecía, cuyos trámites podían demorarse hasta permitir que el implicado en la comisión de delitos pudiera escapar a la acción de la justicia.

En estas condiciones,  la propuesta formulada por el Ministro del Interior y Justicia resulta ser dañina e inoportuna porque la inmunidad parlamentaria del 86 en realidad no era más que “una forma de neutralizar a los jueces cuando se tratara de conductas delictivas imputables a los legisladores, y de garantizar a éstos una permanente impunidad. Por algo se modificó el sistema en 1991, para pasar a un fuero consistente en que los magistrados de mayor nivel y respetabilidad, ubicados a la cabeza de la jurisdicción ordinaria, son los únicos autorizados para detener, investigar, juzgar, condenar o absolver a los congresistas, con el propósito de asegurar su independencia, sin necesidad de esperar a que la Cámara correspondiente levante la inmunidad para que pueda actuar la justicia“.

“Y  ahora, cuando precisamente el nuevo sistema ha operado exitosamente, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ha venido ejerciendo a cabalidad -con prudencia pero con rigor- la función a ella encomendada por la Carta Política, el doctor Valencia Cossio decide volver atrás, como si la normatividad vigente hubiese sido dañina o inapropiada, recetando un remedio inadecuado para una enfermedad que no existe.”[1]

O en todo caso no se entiende  la razón para formular ahora un proyecto sin motivación, justificación ni articulado -como debería hacerlo un gobierno serio- cuando justamente acababa de aprobarse en el Congreso el Acto Legislativo de la llamada “Reforma Política”, que trataba sobre los temas atinentes al Congreso, desprestigiado como está por las crisis de la “parapolítica” y la “yidispolítica”.

Y menos todavía se entiende que se quisiera profundizar en formas de impunidad para los congresistas en una época  en que las actuaciones indebidas de miembros del Congreso han provocado la más grave crisis política e institucional que recordemos en Colombia en los últimos años.

El proyecto del Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, fue rechazado prácticamente por la unanimidad de los partidos políticos, los analistas, la opinión y la academia, y de inmediato el Presidente de la República se apresuró a descalificarlo, desautorizando al Ministro, y aduciendo con razón que al formularlo se podía estimular la impunidad.

Pero, ante eso, nos preguntamos varias cosas:

– ¿ Propuestas de tanta trascendencia institucional no se discuten previamente en el seno del Gobierno?

– ¿El Presidente desconocía este proyecto y fue sorprendido, como todo el país, por una idea inconsulta del Doctor Valencia Cossio?

– ¿O sí sabía, y autorizó “lanzar” la idea para ver las reacciones? ¿O para distraer?

– Si el Gobierno se conforma, como lo proclama el artículo 115 de la Constitución, por el Presidente de la República, los ministros del Despacho y los directores de departamentos administrativos, y en cada asunto específico por el Presidente y el ministro o director de departamento administrativo correspondiente, y si según el artículo 375 de la Carta Política, quien presenta proyectos de reforma constitucional es “el Gobierno” -no los ministros aisladamente-, ….¿no debería mediar alguna reunión previa del Consejo de Ministros, o en su defecto, un Acuerdo entre el Presidente y su inmediato colaborador antes de sacar a la luz pública un proyecto de tanta envergadura y repercusiones políticas y jurídicas?

– ¿Los proyectos de ley -y con mayor razón los de enmienda constitucional- no deberían ser objeto de un cuidadoso estudio en el interior del Gobierno; de una fundamentación adecuada -sobre todo si se propone regresar a instituciones superadas y probadamente dañinas-; de al menos un texto o documento de trabajo susceptible de análisis y presentable ante el Congreso?

– ¿Por qué tanta improvisación?

– ¿O es una estrategia -que, con su frecuente uso se desgasta-, orientada a tender las conocidas “cortinas de humo”?

No puedo creer que un Gobierno sea tan desorganizado y falto de coordinación. Pienso que en esta forma él mismo se delata; que le está pasando lo del pastorcito mentiroso; que ya ni siquiera la valiosa ayuda de poderosos medios de comunicación le permite ocultar la gravedad de los escándalos; que los ciudadanos estamos en posición de exigirle un poco más de seriedad, al menos cuando pretenda meterse -como lo ha venido haciendo en estos años- con la Constitución, a la que despedaza impunemente.

Nota de pie de página

[1] (Columna “Certidumbres e inquietudes”, El Nuevo Siglo,  Bogotá, miércoles 24 de junio de 2005, titulado “¿Volver a la impunidad parlamentaria?”)