Sobretasa al ACPM.

Es de suponer que irá en la dirección de fortalecer las finanzas de las entidades territoriales.

Durante los últimos años, el gobierno central ha recibido los ingresos más jugosos provenientes de las rentas petroleras, dejándole a los departamentos y municipios simples migajas con que cumplir las variadas responsabilidades que diariamente se le cuelgan. Ojalá el nuevo proyecto de ley esté orientado en la dirección de corregir esta nociva tendencia que, en el fondo, desvirtúa la filosofía de la descentralización.

Tanto más ahora cuando el gobierno central resolvió sin fundamento jurídico alguno mantener a un nivel artificialmente elevado el precio de los combustibles. Precio que debería haber bajado sensiblemente de conformidad con la evolución de las cotizaciones internacionales.

Hace algún tiempo una comisión de expertos que convocó la Federación Colombiana de Departamentos planteó una fórmula que valdría la pena que el gobierno (o en defecto de éste el Congreso) considerara al momento de estudiar el nuevo proyecto de ley. Se trata de que el gobierno nacional le ceda a las gobernaciones el 50% de la sobretasa al ACPM, que hoy en día va a engrosar el fisco central. Los departamentos quedarían así como los únicos receptores de la sobretasa al consumo de ACPM en el país.

Esta sobretasa- según la propuesta- se transformaría de un impuesto advalorem, pues hoy es en uno de carácter específico, para darle más estabilidad a los ingresos departamentales. Y, además, se acompañaría de una gradual nivelación con el nivel de la tarifa de la sobretasa a la gasolina (que hoy va a los municipios) para corregir el sesgo contrario a las políticas ambientales que imperan en la actualidad, toda vez que la sobretasa al consumo del ACPM es apenas del 6%, mientras que la del consumo de gasolina es del 18,5%.

Esta iniciativa tiene mucho sentido y desde el punto de vista hacendístico es impecable.
En primer lugar, orientaría el producido de la sobretasa del ACPM a lo que debe ser su propósito prioritario: financiar el mantenimiento de las carreteras secundarias. El 41,4% de las carreteras que hay en el país están catalogadas como secundarias, es decir son de competencia departamental. Pero las autoridades locales están desbordadas por carencia de recursos para asegurar un buen mantenimiento de tan importante red.

Según la comisión de expertos que rindió su informe a la Federación de Gobernaciones, esta iniciativa – acompañada de la nivelación de la tarifa de la sobretasa del ACPM con la de la gasolina- podría representarle a los departamentos ingresos anuales adicionales del orden de un billón de pesos en un lapso de tres años, lo que les significaría un monto de recursos considerable para hacer posible un mejor mantenimiento de la desvencijada red de carreteras secundarias.

Pero, además, sería una medida impecable desde el punto de vista ambiental. No existe ninguna razón válida que justifique un régimen como el actual, que discrimina (en precio y en tributos) a favor del consumo de ACPM y en contra de la gasolina. Como consecuencia de esta discriminación, el país se está “dieselizando” a marchas forzadas tanto en su parque automotor como en el uso de un combustible más sucio, como es el diesel.

Ojalá, pues, se considerara esta iniciativa que le haría justicia a los departamentos; al mejor mantenimiento de la red de carreteras secundarias, que está destrozada, y a la política ambiental.