El fin del secuestro político: ¿por qué las Farc fracasaron en su intento?

Íngrid Betancourt en cautiverio
En lo que parece ser una modificación en su táctica referente a los secuestros políticos (no así a los extorsivos o a los de carácter militar) las FARC decidieron liberar al ex gobernador Alan Jara y al diputado Sigifredo López. Lo hicieron después de arrebatarles la libertad en forma aleve y de someterlos al martirio de un largo cautiverio en la selva. Eran los últimos personajes políticos secuestrados que aún permanecían en poder de esa guerrilla.

Con tales liberaciones se ha cerrado casi una década durante la cual las FARC  decidieron practicar este delito repugnante, utilizando como blanco a personas que ostentaran la condición de figuras públicas y al mismo tiempo pudieran ser secuestradas fácilmente.

¿Por qué una guerrilla secuestra a dirigentes políticos y por qué a las FARC no les funcionó esta estrategia? 

Los tres tipos de secuestro político

El secuestro político -práctica condenable, ejercicio infame y acción del todo rechazable- tiene, con todo, una lógica que lo inscribe en el plan estratégico del grupo que lo pone en ejecución. Es decir, tiene una dimensión instrumental. Y como práctica instrumental que es, se orienta en tres posibles direcciones: hacer llegar un mensaje, obtener por presión un objetivo particular o ejecutar un castigo. En consecuencia, hay secuestros de propaganda, de chantaje y de castigo.

– Los primeros se sitúan en el plano de la comunicación, de modo que la acción violenta sustituye o derrota el silencio de los medios del “establecimiento”, a fin de llamar la atención sobre una causa o para hacerle eco a una proclama.

– El segundo reemplaza (o complementa) otros instrumentos de presión, como la acción de masas o el combate militar, para conseguir del Estado, de una institución o de una empresa, alguna reivindicación corporativa, una petición política o la libertad de unos prisioneros.

– El tercero es el vehículo para desarrollar una venganza -mezcla de rabia y de cálculo-  contra el “régimen enemigo“, en la persona de alguien que presuntamente lo represente.

Luis Eladio Pérez
Este último puede convertirse, dada su naturaleza de “castigo“, en asesinato, y así, muy pronto, deja de ser un simple secuestro para ser un atentado individual con acentos típicamente terroristas. En este caso, el secuestro como mero instrumento se agota rápidamente y se transforma en la tétrica antesala para la ejecución de otro delito mayor, el asesinato político. Este, a su turno, es otro instrumento de violencia que sencillamente se devora la eficacia instrumental del primer delito.

Típicos secuestros seguidos del asesinato de los cautivos fueron el de Dan Mitrione, acusado de ser agente de la CIA por los Tupamaros en Uruguay y el de Aldo Moro, Jefe de la Democracia Cristiana en Italia y hombre fuerte del régimen, asesinado por las Brigadas Rojas, después de 40 días de cautiverio, en la propio ciudad de Roma. Algo parecido hicieron en Colombia los del M-19, con José Raquel Mercado, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) acusado por los guerrilleros de ser un “traidor a la clase obrera“.

Con el asesinato subsecuente, el secuestro pierde entidad propia en tanto instrumento político; y es a la ejecución letal a la que hay que considerar en su brutal ineficacia simbólica para combatir a un régimen, no necesariamente odiado por el pueblo, cuyo imaginario se pretende -contradictoriamente- conquistar. El secuestro como “castigo“, si es seguido por el asesinato, cierra toda posibilidad para que la liberación de la víctima constituya la salida lógica que debe seguir al chantaje propuesto por el realizador de un secuestro, en medio del juego diabólico que él propone.

Los otros dos tipos de secuestro político – el de propaganda y el de chantaje- envuelven una eficacia instrumental, solo en función de transmitir un mensaje o de dar un golpe de opinión, si se trata del primer caso; o de conseguir la reivindicación buscada por medio del chantaje, si se trata del segundo. En ambas eventualidades, importa menos el aleatorio procedimiento inhumano del secuestro que el mensaje, la propaganda o el objetivo de lucha que se quiera alcanzar.

El secuestro político eficaz está sujeto a tres límites

El hecho mismo de arrebatarle ilegalmente la libertad a alguien debería, en principio, ser apenas un medio subordinado por entero al fin; y no ser un medio que se convierta en fin.  

Por eso mismo, el secuestro debería carecer de densidad importante como acción política; y al mismo tiempo, contar con el requisito de hacer lo menos penosa y riesgosa la retención de la víctima. Lo cual ayudaría simbólicamente a la eficacia de la acción en aras del efecto comunicativo o del fin reivindicativo que se persigue. En ese sentido, la acción del secuestro (que ya de suyo es infame y liquida la validez ética de cualquier objetivo) tendría que ser absolutamente liviana en lo que se refiere al castigo o a las privaciones que de todas maneras implica para las víctimas. Lo contrario conduciría a desdecir la eficacia instrumental de la misma operación política; y los propósitos de publicidad o de chantaje se esfumarían para dar paso sólo a la vejación y a la violación de los derechos que dicha operación implica.

De hecho, todo secuestro político implica la violación de la libertad en la persona objeto de ese delito, sólo que además encierra la eventualidad de sufrimientos y ultrajes para ella, como también el riesgo de perder la vida.

Dentro de la lógica revolucionaria, el grupo que ejecuta un secuestro se inclinaría por comunicarle a esa suerte de operación delictiva unas características definidas de condicionalidad, de transitoriedad y de seguridad para las víctimas.

– La condicionalidad es la subordinación total e inmediata frente al fin directo perseguido, de manera que incluso el mero golpe de opinión pudiese ser ya condición suficiente para dar por conseguidos los propósitos principales.

– La transitoriedad está determinada por esa total subordinación, pero además ayuda a que el delito tenga eficacia simbólica; por eso todo secuestro político debería tener para un grupo subversivo un sentido casi de fugacidad a fin de disminuir su condición de violador de los derechos fundamentales del ser humano.

– Y la seguridad para la persona y para la vida de las víctimas debería ser el factor decisivo para una mínima eficacia simbólica y material en la dirección de una presunta causa noble, pues la naturaleza de un secuestro político, paradójicamente, estaría determinada por la salvación de la vida del secuestrado.

Cuando el Movimiento 26 de Julio, que promovía la revolución en la Cuba de Batista, secuestró al campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio, lo soltó a las pocas horas y de ese modo consiguió llamar la atención mundial sobre una causa política, sin alcanzar a mancharla mucho con un ultraje mayor a la víctima. Así mismo, ciertas guerrillas que operan en algunos escenarios conflictivos han retenido a personas que cumplen actividades misionales o que son terceros en la guerra (por ejemplo periodistas, funcionarios de organizaciones internacionales o miembros de ONGs) los secuestran por unos días pero luego los liberan con el sólo propósito de conseguir resonancia publicitaria para la causa que defienden.

Óscar Lizcano
Desde luego que cuando un secuestro político va más allá de la simple publicidad y se concentra en el chantaje alrededor de una reivindicación o un objetivo particular, la sustracción de la libertad de una o varias personas viene a veces acompañada por la criminal amenaza de muerte sobre las víctimas del secuestro. Un ejemplo de este tipo de operativos fue la toma de rehenes en la Embajada Dominicana en Bogotá por el M-19, con lo cual este pretendía entre otras cosas que el Gobierno liberara a sus prisioneros, detenidos en las cárceles del Estado. A pesar de las amenazas que pesaron sobre la vida de los diplomáticos rehenes, el jefe de la guerrilla, Jaime Bateman, entendió que si bien el Gobierno no accedía a sus demandas principales, el propósito intermedio de publicidad había sido alcanzado, y se podía dar salida al hecho con una negociación que pusiese a salvo la vida de los secuestrados, y así mismo la libertad de los guerrilleros que ejecutaron el operativo, acogidos por otro país.

A su turno, los milicianos integristas de El Líbano o los de El Talibán en Afganistán han tomado rehenes en distintas épocas, sólo que en estos casos la amenaza de muerte (materializada o no) ha estado acompañada de un tono de venganza que ha hecho más inminente el asesinato, bajo resonancias de fundamentalismo y de terror.

Los secuestros políticos de las Farc: diez años de torpezas en aumento

Las Farc comenzaron a secuestrar políticos en el año 2000 -según entonces lo anunciaron  tono amenazante- para presionar un intercambio de prisioneros. Esperaban – en un razonamiento brutal- que si el Gobierno Nacional no se avenía a un acuerdo de esa naturaleza mientras sólo estuvieran cautivos “simples” soldados u oficiales de rango medio, lo haría sin duda alguna cuando los secuestrados fuesen miembros del “establecimiento político  – “allí donde les duela más!”, tronaba Arnulfo Briceño, alias el Mono Jojoy, “Ahí si van a gritar!”.

Sus posibles vínculos -los de los plagiados- con el alto gobierno, a través de los lazos de solidaridad partidista o a través de redes sociales o familiares, les conferiría un precio mayor y harían más maleable la posición oficial, muchos más refractaria a un intercambio de prisioneros después de que Álvaro Uribe llegó a la Presidencia.

Fue así como secuestraron a Jorge Eduardo Gechem en el Huila, cuando estaba agonizando el proceso de El Caguán, en una “línea” que ya habían anticipado en Riosucio, Caldas, con el secuestro del Representante Tulio Lizcano. Después hicieron lo propio con la Representante Consuelo González, también en el Huila. Y con Luis Eladio Pérez en Nariño. Con Ingrid Betancourt en compañía de Clara Rojas, cuando viajaban por tierra hacia El Caguán. Y así mismo con Alan Jara en carreteras de El Meta. Y finalmente con los doce diputados de El Valle, en pleno centro de Cali.

Pero estos secuestros muy pronto dejaron de ser el anunciado medio para presionar el intercambio de prisioneros. Pasaron a ser un ejercicio delictuoso y violento dotado de su propia dinámica. Esto es, se convirtieron en una  acción que pretende justificarse a sí misma. De hecho, intercambio no hubo, y los obstáculos que se alzaron, dadas las posiciones asumidas por las partes, fueron de tal magnitud, que lo hicieron cada vez más improbable.

Y es que además, con el intercambio de “prisioneros“, las FARC pretendían cobrar los avances y golpes militares que había logrado durante los 90, cuando alcanzaron su pico de poder más alto; sólo que lo hacían cuando ya había entrado en una nueva década, la de su retroceso. Mientras tanto el Estado desplegaba su ofensiva militar, por lo que el Gobierno no se mostraba dispuesto a pagar esa factura, negándose al intercambio.

Así pasó el tiempo para los secuestrados políticos. Pasaron las horas y los días y los meses y los años; y con éstos, el delito del secuestro no solo se convirtió en un prolongado suplicio para las víctimas y sus familiares, sino en una modalidad de lucha de carácter atroz; un tanto inédita así mismo en los anales de los conflictos revolucionarios, no por el hecho en sí, sino por su duración y por la cantidad de personas sometidas en forma simultánea al cautiverio.

Las FARC rápidamente les cambiaron a los secuestros políticos el sentido de un chantaje coyuntural, y convirtieron a sus víctimas en “prisioneros de guerra” como si fueran otros tantos militares capturados en combate. Y para que no hubiese dudas sobre el propósito de atentar aviesa y duraderamente contra su libertad, las incorporaron a la categoría de “canjeables“,  junto con los militares, en una situación donde manifiestamente era poco probable el canje de prisioneros.

La dificultad, con inamovibles de por medio, condujo a un punto muerto la posibilidad de un “canje de prisioneros“; canje que desde luego nunca llegó mientras el Estado apretaba su ofensiva apoyado en el Plan Colombia, sin que el Presidente Uribe dejara de subir muy alto en las encuestas, precisamente porque no se bajaba de su postura inflexible frente a las FARC.

Esta guerrilla insistía en guardar, para su propio descrédito, a los secuestrados en la manigua. Uribe a su turno conservaba un alto nivel de apoyo en la opinión. Y mientras tanto el intercambio se atascaba en un impasse insuperable. En esas condiciones, el secuestro político se mostraba ineficaz como estrategia. A su ineficacia como chantaje, sumaba el desprestigio de las FARC, como efecto contrario al deseado.

Tuvieron que transcurrir seis años de tormento para que la dirigencia guerrillera se persuadiera de lo que ya era evidente a los pocos meses de que las víctimas fueran sometidas al cautiverio forzado. Después de seis años de sufrimientos, contados desde 2001, las FARC comenzaron a dar muestras de un cambio de posición sobre la suerte de los dirigentes políticos secuestrados; algo que comenzó a vislumbrarse en el segundo semestre del año 2007, según las señas que soltaba “Raúl Reyes”, quien oficiaba como el Canciller del grupo armado.

Entre tanto, la guerrilla experimentaba un debilitamiento militar en los Frentes que hacen presencia en la Costa Caribe, en el Noroccidente y en el Centro-Occidente del país. Por otra parte, algunos de los gobiernos de Europa que podrían no ser tan hostiles frente a la guerrilla, presionaban por la liberación de los políticos, particularmente por el de Ingrid Betancourt; al tiempo que los gobiernos de izquierda de América Latina manifestaban siempre su posición a favor de la liberación de los secuestrados.

Las liberaciones unilaterales

A estas circunstancias nada favorables para las FARC se añadió un grave error de ellas mismas, que vino a liquidar cualquiera posibilidad de utilizar el secuestro político en su provecho. El 18 de junio de 2007 los carceleros de los diputados de El Valle procedieron a matarlos en el campamento donde los tenían cautivos, en medio de la confusión que les produjo la llegada de otro grupo de la misma guerrilla; y bajo la pulsión de la “paranoia” y la “cobardía” que se desató en esas circunstancias, según lo relató Sigifredo López, el único sobreviviente de la matanza.

Si los propios secuestradores asesinaban a los secuestrados, perdía sentido el pretendido  uso  político del secuestro: este quedó reducido a un mero asesinato absurdo. Lo cual no hacía sino poner a las FARC en la picota pública mundial.

Es razonable suponer entonces que ese vergonzoso crimen, lleno de contrasentido con respecto al propio libreto elaborado por quienes cometen el delito, los haya llevado por fin a cambiar su postura con respecto a los secuestrados políticos; y en consecuencia a liberarlos de modo unilateral, solo que a cuenta-gotas.

Primero, liberaron a  Clara Rojas y a Consuelo González. Luego, a Luis Eladio Pérez, a Gechem Turbay, a Orlando Beltrán y a Gloria Polanco. Finalmente, al cabo de un año, han hecho lo propio con Alan Jara y Sigifredo López. En el interregno, el Gobierno rescató a Ingrid, mediante una impecable operación de astucia, y el guerrillero Isaza se trajo a Lizcano hacia la libertad.

Las condiciones que rodearon cada caso, al igual que la mediación y los buenos oficios de Piedad Córdoba (y de Chávez en su momento) han sido suficientemente conocidas. Pero quizá lo que determinó tales liberaciones fue un cambio de lineamiento táctico en la guerrilla, a raíz del agotamiento del secuestro político, como forma de lucha o como instrumento de presión, que siguió a la configuración de circunstancias que le fueron desfavorables a las FARC y cuyo detonante interno pudo ser el asesinato ejecutado por ellos mismos contra los diputados, rehenes inermes en sus manos. A todo lo cual se fueron sumando sin duda las enormes manifestaciones ciudadanas contra el secuestro, aunque hay que aceptar que las primeras liberaciones unilaterales fueron el resultado de un proceso que comenzó mucho antes de que se diera la formidable manifestación del 4 de febrero de 2008.

El caso es que la liberación del diputado Sigifredo López hace concluir por agotamiento el ciclo de utilización del secuestro político como la manifestación de una táctica de presiones contra el Estado, en la perspectiva esperable en cualquier grupo subversivo de acumular fuerzas y ganar simpatías. El secuestro político, no les sirvió visiblemente para acumular fuerzas y en cambio les granjeó la antipatía en la opinión tanto interna como externa.

El sinsentido de los secuestros políticos que las FARC hicieron

Los secuestros políticos que comenzaron a perpetrar los frentes de las FARC desde el año 2000 ciertamente no envolvían una amenaza de muerte sobre las víctimas, en el evento de que no se cumplieran sus peticiones; amenaza que tendría claras connotaciones terroristas. No se trataba de acciones orientadas al asesinato de las víctimas como forma de castigo contra los presuntos representantes de un enemigo. No se trataba tampoco de meros operativos de propaganda. Fueron secuestros orientados a poner en funcionamiento un chantaje; su meta era obtener del Gobierno un cambio de actitud que permitiera el canje de prisioneros con las FARC.

Pero había un problema adicional: la guerrilla torpemente trató de añadirle condiciones al presunto intercambio de personas retenidas, sobre todo, la del despeje de una zona que el Gobierno entendía como una especie de humillación adicional. Por esta razón el canje (que era el objetivo inicial de los secuestros) se fue dilatando y no llegó jamás a concretarse en los hechos. Y más bien se convirtió en una suerte de tour de force de carácter político-militar entre el grupo subversivo y el gobierno del Presidente Uribe.

La consecuencia inmediata fue la prolongación indefinida del cautiverio de los dirigentes políticos secuestrados; y, claro, la prolongación de sus padecimientos. De esa manera, los secuestros dejaron de ser un instrumento transitorio en función de un fin alcanzable, para convertirse casi en un fin en sí mismo; y en todo caso en una simple demostración de fuerza, no subordinada ya de forma directa al propósito para el cual fueron concebidos.

El vínculo de dependencia de los secuestros políticos con respecto al canje de prisioneros se perdía por completo; y sólo quedaba el hecho mismo de unos secuestros sin una razón clara; mejor dicho, sin justificación alguna; y por lo tanto, convertidos en mera violación de los derechos humanos: sólo retención indefinida de personas en razón de su ocupación y pensamiento, como si quienes realizaran estos hechos hiciesen parte de un régimen totalitario.

Diluido este vínculo del chantaje político con el señalado fin de obtener un canje, podría quedar residualmente el “mensaje” de la demostración de fuerza frente a un régimen al cual consideran un enemigo. Solo que también ese “mensaje” se perdía, puesto que la mera demostración de fuerzas a través de unos secuestros políticos prolongados no dejaba de ser un mero tributo al aparato de guerra, no a la causa política; porque tal demostración se hacía violando al mismo tiempo los derechos fundamentales de unos ciudadanos; y porque estos últimos ni siquiera representaban un vínculo simbólico con el régimen, que los hiciese eventualmente personajes odiosos y odiados por la sociedad.

No representando de modo directo nada odioso, su cautiverio prolongado convertía necesariamente en odioso al propio secuestro y en odiados a sus captores. Los cuales, para rematar, se encontraban en una situación (de guerra) donde en vez de velar por la seguridad de sus cautivos en caso de un enfrentamiento militar – como exige la lógica del secuestro político- tenían al contrario la consigna de matar a los cautivos como represalia supuesta contra las Fuerzas Armadas.

Así lo hicieron, en efecto, en ese episodio de desventura y dolor que fue el fallido rescate del gobernador de Antioquia y de su consejero de paz, Gilberto Echeverri Mejía. Así lo hicieron también, salvaje e infelizmente, con los 11 malogrados diputados de El Valle, asesinados todos sin miramiento alguno en medio del nerviosismo que produjo en los captores el fortuito encuentro con una avanzada de otro Frente de las propias FARC.

Lo cual, evidentemente, terminaba por clausurar el ciclo negativamente infernal de una política de secuestros, que hicieron evidente la ineficacia para conseguir el propósito específico con el que fueron pensados; y pusieron de presente así mismo un proceso de simbolización al revés, pues la carga del descrédito acabó posándose sobre los hombros de los captores. Unos captores que por las circunstancias de guerra y de una ética que carece de respeto por la vida terminaban por dejar de ser carceleros políticos en ciertas circunstancias para pasar al asesinato, no importa la explicación que pudiesen dar al respecto. La ilustración desastrosa la encarnó el asesinato de los Diputados.

Asesinato éste, que constituyó probablemente la coyuntura trágica y negativa que supuso el principio del fin de la utilización del secuestro como arma política.

* La imagen del artículo fue tomada del archivo fotográfico de Ricardo Cortes.