18 de febrero de 2025
desplazamiento


El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aseguró este lunes que la situación por la violencia en la región de Catatumbo ya desbordó todas las capacidades de esta ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, que se había preparado para recibir a 1.500 personas y ya ha recibido a más de 8.000.


Organizaciones de derechos humanos locales denunciaron este martes el secuestro de 17 personas, entre ellas cuatro menores de edad, y el desplazamiento de casi 150 habitantes de varias zonas rurales del departamento colombiano de Arauca (este), fronterizo con Venezuela.


Al menos 2.900 personas de una zona rural del departamento colombiano del Chocó se desplazaron y confinaron por un "paro armado" decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los combates entre esta guerrilla y las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), alertó este martes la Defensoría del Pueblo.


Unas 2.800 personas de dos poblaciones del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, se desplazaron por enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.


La Corte Constitucional presenta a la ciudadanía la nueva conformación de las cinco salas especiales de seguimiento que han sido creadas para mirar los avances en el cumplimiento de las órdenes que ha dado el Alto Tribunal en problemáticas estructurales de vulneración de derechos fundamentales o en estados de cosas inconstitucional.


Beatriz Tapasco del proyecto de Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social y político, afirmó: “En la tarde de hoy estamos realizando una actividad recreativa con estas personas que llevan varias semanas desplazadas y con una condición de hacinamiento y pues la intención era que pudieran salir, distraerse un poco, jugar entre ellos, tanto adultos, como jóvenes y niños”.


“La idea es que los seguimos acompañando y la fuerza pública va a ingresar a los territorios indígenas donde ellos lo permitan para poder de la mano del Ejército y la Guardia Indígena, garantizarles la seguridad. La meta del gobierno de nuestro gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas es garantizarle la vida y los bienes a toda nuestra población indígena asentada en Risaralda”, dijo el Secretario de Gobierno.


La cifra récord supone cuatro millones más de personas desarraigadas que en 2020, revelan los datos más recientes. Los detonadores más comunes son los desastres, la violencia y los conflictos. La agencia para las migraciones insta a garantizar la asistencia humanitaria y los servicios a esa población.


Bogotá, 10 may (EFE).- El Estado colombiano fue condenado este jueves a pagar 312.564 millones de pesos (unos 95 millones de dólares) por el desplazamiento que se generó tras la masacre en 2002 en el municipio de Bojayá.
