Risaralda ajusta su plan de acción para enfrentar la trata de personas en 2025
Pereira, 8 de mayo de 2025. En una sesión decisiva del Comité Departamental de Lucha Contra la Trata de Personas, celebrada esta semana en Pereira, fue socializado el Plan de Acción Territorial 2025, un documento estratégico que busca reforzar la capacidad del departamento para enfrentar este delito, considerado una de las formas más graves de violación a los derechos humanos en la actualidad.
El plan fue discutido por representantes de entidades públicas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos, quienes realizaron observaciones y propuestas para robustecer las líneas de trabajo en prevención, atención a víctimas, judicialización y cooperación interinstitucional. La versión final del documento será presentada para aprobación en la próxima sesión del comité, el 11 de junio.
Entre los ajustes más relevantes que se introdujeron al plan está el fortalecimiento de las acciones preventivas, con un énfasis especial en las zonas rurales y áreas identificadas como de mayor vulnerabilidad. Allí, las autoridades buscarán desplegar campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad, especialmente a jóvenes, mujeres y poblaciones en riesgo de ser captadas por redes ilegales. La estrategia contempla el uso de medios comunitarios, trabajo con líderes locales y alianzas con instituciones educativas para llegar a las zonas menos atendidas.
Además de la prevención, el comité abordó la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de denuncia. Se propuso ampliar los canales de atención y garantizar que las víctimas puedan acceder sin trabas a rutas de protección y asistencia. Este aspecto fue señalado como uno de los más débiles en la respuesta institucional actual, debido al temor, la desinformación y la falta de acompañamiento a quienes logran escapar de situaciones de explotación.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de reforzar la articulación entre entidades. Se plantearon mecanismos para optimizar los recursos existentes mediante el trabajo conjunto entre autoridades judiciales, sector salud, servicios sociales, educación y policía. Esto permitiría una atención más integral a las víctimas y una mejor coordinación en la identificación y judicialización de redes de trata.
También se incluyeron compromisos para capacitar a funcionarios públicos en la detección de indicios de trata de personas, la atención con enfoque diferencial y el manejo ético de casos, especialmente en instituciones de primera respuesta como hospitales, escuelas y comisarías de familia.
Durante la jornada, Maicol Castaño Alfonso, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento, subrayó la necesidad de mantener un enfoque de derechos humanos y de género en todas las fases del plan. En sus palabras, “el desafío no es solo judicializar a los responsables, sino prevenir eficazmente este delito y proteger a las personas más expuestas a caer en manos de estas redes”.
La trata de personas, que adopta diversas formas como la explotación sexual, el trabajo forzado y la mendicidad ajena, sigue siendo un delito de baja visibilidad pero alto impacto. Risaralda, como otras regiones del país, enfrenta retos importantes en la detección temprana, la atención integral de las víctimas y la persecución penal de los responsables.
Con este nuevo plan, el departamento espera consolidar una respuesta más eficaz, territorializada y sensible a las realidades locales. Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá en gran medida de la voluntad política, la asignación de recursos y la capacidad de articular esfuerzos entre todos los actores involucrados.
