Trump niega haber firmado la proclamación de deportación de venezolanos
Washington, 22 de marzo de 2025. La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos ha sumido a la administración de Donald Trump en una nueva controversia. El expresidente, en su estilo característico, intentó desmarcarse de la medida asegurando que no firmó la proclamación que dio luz verde a las expulsiones, a pesar de que el documento oficial lleva su rúbrica.
Un intento de evasión y contradicción
El viernes, antes de partir de la Casa Blanca, Trump fue consultado por la prensa sobre la implementación de la ley, una acción que ha sido ampliamente criticada por sectores políticos y judiciales. En respuesta, el presidente afirmó: “No sé cuándo se firmó, porque yo no la firmé”, dejando perplejos a muchos, ya que la orden figura con su firma en el Registro Federal.
El intento de desmarcarse de una decisión políticamente explosiva resulta llamativo, sobre todo cuando su gobierno ha defendido la medida como una herramienta para combatir el crimen organizado y frenar la migración irregular. Trump insistió en que su objetivo principal era la expulsión de criminales y traficantes de drogas, mencionando a Marco Rubio como uno de los impulsores clave de la iniciativa. “Queremos sacar a los criminales de nuestro país, número uno… Otras personas se encargaron de eso, pero Marco Rubio ha hecho un gran trabajo”, declaró.
Reacción de la Casa Blanca: aclaración o intento de encubrimiento
Las declaraciones de Trump provocaron un intento inmediato de control de daños por parte de la Casa Blanca. En un comunicado posterior, su equipo intentó justificar sus palabras asegurando que el presidente se refería a la Ley de Enemigos Extranjeros original de 1798, y no a la orden ejecutiva recientemente firmada.
El comunicado también confirmó que Trump sí firmó la proclamación que designa a la banda criminal Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, lo que permite acelerar la deportación de sus supuestos integrantes. Sin embargo, la confusión generada por el propio mandatario avivó las críticas sobre la falta de coordinación dentro de su administración y la aparente improvisación en la toma de decisiones de alto impacto.
El frente judicial y el desafío de la Corte
Mientras Trump buscaba desentenderse de la medida, el juez federal James Boasberg, nombrado por Barack Obama, expresó su indignación ante la forma en que la administración había manejado la aplicación de la ley. Boasberg calificó la proclamación como un decreto emitido “en la oscuridad” y criticó la prisa con la que los migrantes fueron trasladados en aviones sin un debido proceso.
El magistrado también cuestionó si la administración violó sus órdenes al proceder con deportaciones a pesar de las restricciones judiciales impuestas. “Llegaré al fondo de si violaron mi orden: quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias”, advirtió Boasberg en una audiencia realizada el viernes.
Uno de los aspectos más polémicos del caso es la postura del Departamento de Justicia, que argumenta que la decisión de Trump no puede ser revisada por tribunales federales. La administración insiste en que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros es una facultad exclusiva del Ejecutivo y, por tanto, no está sujeta a control judicial.
Implicaciones políticas y el factor electoral
Este episodio se suma a la larga lista de polémicas que rodean la política migratoria de Trump. Si bien su discurso de “mano dura” ha sido clave en la movilización de su base electoral, la falta de claridad y las contradicciones dentro de su propio equipo podrían costarle apoyo en sectores clave del electorado.
El hecho de que el propio Trump intente desvincularse de la orden sugiere que la medida podría estar generando más costos políticos de los esperados. Por un lado, busca mantener su imagen de líder fuerte contra la inmigración irregular, pero, por otro, parece evitar asumir la responsabilidad directa de una acción que podría generar un rechazo significativo, especialmente entre los votantes latinos en estados clave como Florida y Texas.
A medida que se acercan las elecciones, la estrategia de Trump frente al tema migratorio seguirá siendo un punto de tensión. Sus declaraciones dejan más preguntas que respuestas: ¿Fue realmente una estrategia de Rubio y otros aliados, como él sugiere? ¿O simplemente busca minimizar su implicación ante el temor de un revés político y judicial?
Lo cierto es que, en medio del caos comunicacional y legal, la Casa Blanca enfrenta una creciente presión para explicar no solo la implementación de la ley, sino también la aparente desconexión entre el presidente y las decisiones que toman sus propias agencias.
