Petro reta al Congreso e impone su reforma a la salud sin trámite legislativo
Bogotá, 21 de marzo de 2025. En un movimiento que reconfigura el panorama político y pone a prueba los límites del Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno implementará de inmediato la reforma al sistema de salud sin la necesidad de pasar por el Congreso de la República. Desde el centro de salud Once de Noviembre en Los Patios, Norte de Santander, el mandatario aseguró que las modificaciones pueden realizarse dentro del marco legal vigente y que solo requieren “audacia y decisión”.
La declaración generó reacciones inmediatas tanto en el sector político como en el gremio de la salud, donde las dudas sobre la viabilidad de la medida contrastan con el tono desafiante del jefe de Estado. Petro dejó claro que su gobierno no está dispuesto a esperar las demoras y trabas legislativas y que la reforma es una prioridad inaplazable para su administración.
Un golpe a la institucionalidad: la reforma sin Congreso
El Congreso de la República ha sido un obstáculo constante para las iniciativas del gobierno Petro, con un panorama político marcado por desacuerdos, dilaciones y un respaldo fragmentado. Ante este escenario, el mandatario optó por un atajo político que podría llevar a un enfrentamiento institucional sin precedentes.
«Las reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos», afirmó Petro. Estas palabras fueron recibidas con preocupación por algunos sectores que advierten que el presidente podría estar excediendo sus facultades constitucionales y que su decisión podría derivar en un choque de poderes con consecuencias impredecibles.
Juristas y expertos en derecho constitucional señalan que la decisión del presidente podría enfrentar impugnaciones legales, ya que el marco normativo colombiano no permite la modificación estructural de un sistema tan complejo sin el debido trámite legislativo. No obstante, el gobierno insiste en que tiene la facultad de realizar ajustes administrativos para reorientar el sistema sin necesidad de una nueva ley.
El futuro incierto de las EPS
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta de Petro es la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El mandatario invitó a estas entidades a abandonar su rol de intermediación financiera y convertirse en gestores farmacéuticos, una figura que reduciría significativamente su poder en el sistema.
«Toda EPS que quiera salirse del problema en que ya está, porque por eso quiebran, una tras otra, les invito a que no sigan en ese problema. Que se conviertan en gestores farmacéuticos. Les daremos unas misiones y se les pagará por ellas», indicó Petro.
Este planteamiento representa un cambio radical en el modelo de aseguramiento colombiano. En lugar de administrar los recursos públicos de salud, las EPS se limitarían a la distribución de medicamentos bajo la dirección del gobierno. La incertidumbre sobre la viabilidad de esta transición ya ha generado alarma en el sector, que advierte sobre posibles quiebras, interrupciones en la prestación del servicio y despidos masivos.
Un enfrentamiento con la industria farmacéutica
En su discurso, el presidente también apuntó contra la industria farmacéutica, a la que acusó de retener medicamentos de manera injustificada y de estar acaparando los recursos del sistema de salud. En una medida que podría generar tensiones con el sector privado, Petro ordenó a la Superintendencia de Salud auditar las bodegas de medicamentos para detectar posibles irregularidades.
«Le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, el Ejército y la Policía tienen que estar disponibles», señaló el mandatario.
Las declaraciones del presidente sugieren una intervención directa del Estado en la regulación y distribución de medicamentos, lo que podría traducirse en un nuevo punto de fricción con el sector privado. Analistas advierten que, si bien la intención de evitar desabastecimientos es loable, la participación de la Policía y el Ejército en asuntos de regulación farmacéutica podría sentar un precedente preocupante.
El factor económico: sostenibilidad y costos de la reforma
Uno de los grandes interrogantes sobre la reforma es su sostenibilidad financiera. La eliminación de la intermediación de las EPS y la intervención en el sector farmacéutico podría generar un impacto fiscal importante. Aunque el gobierno insiste en que el modelo será más eficiente y menos costoso, expertos en economía de la salud advierten que la transición podría generar desequilibrios que pongan en riesgo la cobertura y calidad del servicio.
Petro también mencionó la necesidad de reducir el consumo de azúcar en los alimentos como una estrategia para disminuir los costos de atención a enfermedades crónicas como la diabetes. «Hay que eliminar al máximo el azúcar, porque la diabetes la tenemos que pagar todos los colombianos y son miles y miles de enfermos que requieren insulina de por vida», afirmó.
Si bien el impacto de la regulación de azúcares podría ser positivo en términos de salud pública, los cambios estructurales en el sistema de salud requieren de una planeación más detallada para evitar una crisis de cobertura y atención.
El escenario político: una reforma que polariza
El anuncio de la implementación inmediata de la reforma sin trámite legislativo polariza a la opinión pública y deja un escenario incierto. Mientras sus seguidores celebran la medida como un acto de valentía para acabar con el negocio de las EPS, sus detractores la ven como un acto autoritario que desconoce el papel del Congreso y pone en riesgo la estabilidad institucional del país.
Lo que queda claro es que Petro ha decidido avanzar sin consenso, consolidando su apuesta por una transformación radical del sistema de salud colombiano. La pregunta es si su estrategia logrará mejorar el acceso a la salud o si terminará generando una crisis mayor en un sistema ya de por sí colapsado.
