Petro y su dilema: depender del enemigo

Bogotá, 22 de marzo de 2025. A pesar de años de denuncias y una lucha frontal contra Thomas Greg & Sons, el presidente Gustavo Petro se verá obligado a confiar en la misma empresa para organizar la consulta popular sobre la reforma laboral.

Desde su tiempo como senador y luego como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro ha cuestionado el dominio de Thomas Greg & Sons en la logística electoral colombiana. Durante más de una década, el hoy presidente ha denunciado lo que considera una “monopolización” del sistema, acusando a la empresa de poner en riesgo la democracia y de ejercer un control indebido sobre los datos de los ciudadanos.

Una vez en el poder, su administración intensificó el ataque. Se promovieron denuncias contra el registrador Hernán Penagos por continuar contratando con la firma y se intentó bloquear su participación en procesos estratégicos como la emisión de pasaportes. Incluso la Superintendencia de Industria y Comercio intentó involucrarse en la disputa, pese a no tener competencia directa en el tema.

Sin embargo, toda esta ofensiva ha chocado contra una realidad ineludible: el tiempo y la estructura burocrática del país no juegan a favor del Gobierno.

La consulta y la falta de alternativas

La consulta popular sobre la reforma laboral sigue una agenda ajustada. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el proyecto llegará al Senado en abril y tendrá un mes para su aprobación. Luego, el Ejecutivo dispondrá de tres meses para convocar a los colombianos a las urnas, lo que sitúa la votación en agosto.

El problema es que organizar una jornada electoral de esta magnitud requiere meses de preparación. La Registraduría, sin margen para una licitación pública, solo tiene una opción viable: la contratación directa por urgencia manifiesta, una figura legal que permite adjudicar contratos sin competencia. Y en Colombia, la única empresa con la capacidad logística y tecnológica para asumir este reto en tan poco tiempo es precisamente Thomas Greg & Sons.

Esto significa que, pese a sus intentos por sacarla del escenario electoral, el Gobierno de Petro deberá aceptar que la misma empresa a la que ha señalado durante años será la encargada de llevar a cabo su consulta.

Un discurso en entredicho

Esta situación deja al presidente en una paradoja política. Si sigue adelante con la consulta bajo la gestión de Thomas Greg & Sons, su discurso sobre fraude y concentración del poder electoral pierde fuerza. Pero si decide retrasar el proceso para abrir una convocatoria pública, la consulta podría aplazarse indefinidamente, algo que su Gobierno no puede permitirse.

Hasta ahora, la empresa ha recibido cerca de 4,4 billones de pesos en contratos para la logística de procesos electorales sin que se hayan encontrado irregularidades legales en sus operaciones. Aun así, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, podría insistir en nuevas denuncias, aunque ya el panorama legal parece inclinarse en favor de la compañía.

¿Realismo o rendición?

El presidente enfrenta ahora un dilema: ceder al pragmatismo y aceptar que Thomas Greg & Sons organice su consulta, o intentar cambiar las reglas del juego a costa de retrasar su agenda política.

Lo cierto es que, en política, las urgencias terminan imponiéndose. Y en este caso, Petro deberá decidir si traga entero o si, una vez más, desafía los límites del sistema.