EDITORIAL ¿Gobernar o imponer?
El presidente Gustavo Petro ha optado por un camino peligroso y sin precedentes en su intento de imponer su agenda de reformas. Ante el reiterado rechazo del Congreso a sus iniciativas, en lugar de replantear sus propuestas y construir consensos, ha decidido apelar a una consulta popular, un mecanismo constitucional que, si bien legítimo, en este momento parece una estrategia desesperada para evitar el juego democrático.
La consulta popular, regulada en el artículo 103 de la Constitución colombiana, es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los ciudadanos se pronuncian sobre una cuestión de interés nacional. No obstante, requiere el voto de al menos la tercera parte del censo electoral para ser válida, lo que la convierte en un reto mayúsculo para un gobierno con niveles de desaprobación superiores al 60%. Más que una solución, parece una maniobra populista para trasladar la responsabilidad del fracaso de sus reformas al pueblo y, de paso, movilizar su base electoral con miras a 2026.
En estas circunstancias, Petro ha decidido inaugurar su campaña de cara a la próxima contienda presidencial con un golpe de efecto: decretar un día cívico para fomentar la movilización en favor de su reforma laboral. Pretende, así, llenar las calles con trabajadores y sindicatos, enviando un mensaje de fuerza política. Aunque, lejos de ser una muestra de respaldo popular genuino, esta medida evidencia su incapacidad para negociar con el Legislativo y su apuesta por la presión callejera como herramienta de gobierno.
La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo es una de las más polémicas, pues introduce rigideces que afectan la generación de empleo y favorecen únicamente a los grandes sindicatos. En lugar de adaptarse a la nueva dinámica del mercado laboral, Petro insiste en modelos obsoletos que desalientan la contratación y perjudican a los emprendedores. No es casualidad que el Congreso haya rechazado esta reforma tras consultar con empresarios y trabajadores de distintos sectores, quienes alertaron sobre sus efectos nocivos en la economía.
Pero la reforma laboral no es el único campo de batalla. La reforma a la salud es otro eje central de su agenda, con una intención clara: estatizar el sistema y eliminar la participación de los privados en la prestación del servicio. Durante 30 años, el modelo de salud ha funcionado bajo un esquema de alianza público-privada, logrando coberturas y estándares impensables en el pasado. Pero, el gobierno insiste en desmontarlo, alegando corrupción y fallas estructurales, cuando lo que realmente busca es centralizar el control de los recursos del sector.
La invitación de Petro a las calles tampoco ha estado exento de agresividad. Sus ataques a empresarios, periodistas y alcaldes que no se han alineado con su iniciativa reflejan su estilo de confrontación permanente. Ha calificado a los críticos como enemigos del pueblo y ha recurrido a un discurso que divide a la sociedad entre los “ricos epulones” y los trabajadores explotados. Este alegato, lejos de fortalecer la democracia, debilita el debate público y atiza la polarización.
Paradójicamente, el presidente que más ha hablado de democracia es el que más la ha deteriorado. Petro ha recurrido a decretos, movilizaciones y amenazas para presionar a las instituciones. Ahora, con la consulta popular, intenta legitimar en las urnas lo que no pudo lograr en el Congreso. Pero el verdadero combate no es si logra reunir los votos necesarios, sino si los colombianos permitirán que un presidente transforme el país a punta de presión y artilugios populistas. La democracia es más que una votación; es el respeto por las reglas y las instituciones. Y Petro, una vez más, demuestra que solo las respeta cuando le convienen.
