El plan alternativo del Gobierno para salvar la reforma laboral: una jugada estratégica en el Congreso
Bogotá, 17 de marzo de 2025. La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro parece estar en la cuerda floja tras la firma de la ponencia de archivo por parte de ocho de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, lejos de aceptar la derrota, el Ejecutivo contempla una maniobra legislativa que podría revivir el proyecto sin necesidad de recurrir a la consulta popular anunciada por el presidente.
Un camino legislativo aún abierto
Desde la Casa de Nariño se perfila una estrategia amparada en la Ley Quinta de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso. Este mecanismo permitiría apelar el archivo de la reforma y trasladar la discusión a la plenaria del Senado, donde el Gobierno podría buscar nuevos consensos.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo fue quien puso sobre la mesa esta posibilidad en su cuenta de X (antes Twitter). «La reforma laboral solo estará hundida cuando ocho senadores voten en la Comisión Séptima la ponencia de archivo y, aun así, existe la posibilidad de apelar ante la plenaria del Senado», expresó Cristo. Sus palabras han sido interpretadas como una pista sobre el camino que podría tomar el Gobierno para evitar el naufragio definitivo de la iniciativa.
Apelación ante la plenaria: una carta sobre la mesa
La Ley Quinta, en su artículo 166, establece que un miembro de la comisión, el autor del proyecto o el Gobierno pueden apelar la decisión de archivo ante la plenaria. Si la apelación es acogida, el proyecto se remite a otra comisión constitucional para que continúe su trámite. En caso contrario, se confirma su archivo definitivo.
Este precedente no es nuevo. En abril de 2024, el Gobierno intentó una estrategia similar cuando la primera versión de la reforma a la salud fue archivada en la Comisión Séptima. Senadores del Pacto Histórico apelaron la decisión, aunque finalmente retiraron el recurso tras negociaciones con el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
En este contexto, la posibilidad de que el Gobierno Petro utilice la misma táctica para la reforma laboral genera inquietudes en la oposición y en sectores empresariales, que consideran que la estrategia no solo es una dilación innecesaria, sino que también podría ser vista como una forma de presionar políticamente a los congresistas.
El trasfondo político de la reforma laboral
El proyecto de reforma laboral busca revertir varias modificaciones introducidas en 2003, como el aumento de los recargos dominicales y nocturnos, además de fortalecer la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de los aprendices del Sena. Aunque estos puntos han sido bien recibidos por sectores sindicales, también han generado resistencia entre gremios empresariales, que advierten sobre un posible impacto negativo en la competitividad.
En el Congreso, el debate ha estado marcado por la polarización. Mientras el oficialismo insiste en que la reforma es un avance en la dignificación del trabajo, la oposición denuncia que el proyecto no cuenta con el respaldo suficiente y que el Ejecutivo intenta imponerlo por vías excepcionales.
¿Consulta popular o presión legislativa?
El anuncio de Gustavo Petro sobre una eventual consulta popular para someter a votación ciudadana las reformas que el Congreso rechace ha generado un debate adicional. Aunque este mecanismo podría darle al presidente una herramienta para movilizar su base política, también supone un alto riesgo, pues no garantiza el éxito y podría traducirse en una derrota simbólica en caso de que la ciudadanía rechace su propuesta.
Así, el Gobierno parece estar jugando en dos frentes: por un lado, impulsa la idea de la consulta popular para ejercer presión sobre el Legislativo, y por otro, explora las alternativas dentro del Congreso para rescatar el proyecto sin necesidad de someterlo al escrutinio ciudadano.
Un desenlace incierto
Con la reforma laboral en un punto crítico, la próxima jugada del Gobierno será clave para definir su destino. Si bien el recurso de apelación ante la plenaria del Senado le da una última oportunidad, la incertidumbre política y la falta de consensos reales podrían convertir esta estrategia en un simple intento de prolongar lo inevitable.
El desenlace dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar apoyos en el Congreso y de la voluntad política de los legisladores para dar una segunda oportunidad a un proyecto que, hasta ahora, parece condenado al archivo.
