Consulta Popular y la estrategia de Petro para doblegar al Congreso y salvar sus reformas
Bogotá, 25 de marzo de 2025. La administración de Gustavo Petro ha decidido abrir un nuevo frente de batalla en su disputa con el Congreso: la consulta popular. Con este mecanismo, el presidente busca destrabar las reformas sociales que han encontrado férrea oposición en el legislativo, evitando el desgaste de negociaciones que no han dado los frutos esperados. Sin embargo, la aprobación de esta estrategia requiere de una mayoría en el Senado, donde las cuentas aún no están claras.
Para que la consulta popular pueda llevarse a cabo, la propuesta debe obtener al menos 53 votos en la plenaria del Senado. Actualmente, el Gobierno tiene asegurado el respaldo de 36 senadores, mientras que la oposición ya ha manifestado que cuenta con al menos 31 votos en contra. Esto deja un bloque de 38 congresistas en la mira de ambas partes, lo que convierte a estos votos en el factor determinante para el futuro de la consulta.
Un Senado dividido y en juego
La composición del Senado muestra un panorama complejo para el Gobierno. La coalición oficialista tiene garantizados los votos del Pacto Histórico (20), Comunes (5), una parte de la Alianza Verde (7), En Marcha (3) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (1). Por su parte, el bloque opositor lo encabezan el Centro Democrático (12), Cambio Radical (11), Mira (4), algunos senadores de la Alianza Verde (2), ASI (1) y el senador de AICO, Richard Fuelantala.
En el limbo quedan 38 senadores clave: los 15 del Partido Conservador, los 13 del Partido Liberal y los 10 de La U. Ninguno de estos partidos ha definido aún si votará en bancada o dará libertad a sus congresistas para decidir individualmente. No obstante, se presume que algunos liberales (entre 8 y 9) y al menos un conservador, Carlos Andrés Trujillo, se inclinarían por respaldar la iniciativa del Gobierno. La U, con 10 congresistas, también podría aportar un grupo significativo de votos a la causa del Ejecutivo.
¿Consulta popular o presión política?
La estrategia de Petro ha generado un intenso debate sobre su legitimidad y sus posibles consecuencias. Desde el oficialismo, la consulta popular es presentada como un mecanismo legítimo de democracia participativa, un instrumento para que los ciudadanos decidan directamente sobre las reformas estructurales del país. Sin embargo, la oposición la califica como una maniobra para eludir los contrapesos institucionales y forzar la aprobación de proyectos que no han logrado pasar por el Congreso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido enfático en la postura del Gobierno: «Ya no nos importa si la reforma se hunde o no en el Congreso. Ya el presidente y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular, que va sí o sí». Con esta afirmación, Benedetti deja en claro que el Gobierno ha optado por una ruta alternativa para sacar adelante sus reformas, sin importar el costo político que esto pueda representar.
Un futuro incierto y una pregunta sin resolver
Más allá de la lucha numérica en el Senado, queda una incógnita mayor: ¿qué tan viable es la consulta popular en el actual clima político del país? Aunque el Gobierno logre la aprobación en el Congreso, el mecanismo en sí mismo puede enfrentar múltiples obstáculos, desde demandas de inconstitucionalidad hasta una baja participación ciudadana que ponga en entredicho su legitimidad.
Además, falta conocer con exactitud el contenido de las preguntas que se plantearían en la consulta. Según Benedetti, podrían oscilar entre 10 y 12, lo que sugiere que el Gobierno pretende incluir varios temas clave en la misma votación. Esto también podría abrir la puerta a nuevas controversias sobre la claridad y pertinencia de los temas sometidos a consulta.
Lo que es seguro es que la consulta popular de Petro no solo es un intento por salvar sus reformas, sino también una jugada política de alto riesgo. Si logra su cometido, el presidente habrá encontrado una vía para sortear el bloqueo legislativo. Pero si fracasa, podría quedar aún más debilitado frente a un Congreso que ya ha demostrado su capacidad de frenar sus iniciativas. En este escenario, la consulta popular no solo es un mecanismo de participación, sino un pulso definitivo entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el futuro de las reformas sociales en juego.
