Risaralda refuerza su seguridad con inversión de 3.485 millones de pesos
Pereira, 31 de marzo de 2025. En un intento por fortalecer la seguridad en Risaralda, se ha aprobado una inversión de 3.485 millones de pesos para proyectos que buscan mejorar la operatividad de las autoridades en el departamento. La decisión, tomada en el tercer comité de orden público del año, abre el debate sobre la eficacia de estas medidas y su impacto a largo plazo en la seguridad ciudadana.
Uno de los ejes centrales de esta inversión es la implementación de sistemas de videovigilancia (CCTV) en siete municipios que no hacen parte del Área Metropolitana de Pereira: Apía, Santuario, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, La Celia y Balboa. Para este proyecto se destinarán 2.200 millones de pesos, con una cofinanciación adicional de 1.100 millones por parte de las administraciones locales. En La Virginia también se reforzará el sistema de vigilancia con una adición de 250 millones de pesos, bajo la supervisión de la Policía Metropolitana.
Seguridad sobre ruedas y fortalecimiento de infraestructura
El paquete de inversiones también contempla la renovación del parque automotor para mejorar la movilidad de las autoridades en el departamento. La Fiscalía Seccional Risaralda recibirá 435 millones de pesos para la adquisición de nuevos vehículos, mientras que la Policía contará con una adición de 150 millones de pesos para mantenimiento, sumando un total de 450 millones en este rubro. Además, se destinarán 30 millones exclusivamente para la compra de llantas.
Paralelamente, se anunció la asignación de 130 millones de pesos para concluir el reforzamiento de las instalaciones del Batallón San Mateo en Montezuma, con la promesa de entregar la obra en julio.
Tecnología, bienestar animal y comunicación: prioridades secundarias
Dentro del presupuesto también se incluyó la compra de equipos tecnológicos para el GAULA Risaralda, con una inversión de 200 millones de pesos, mientras que 60 millones se destinarán a programas de bienestar animal desarrollados en conjunto con la Policía de Carabineros. Finalmente, se aprobaron 30 millones para estrategias de comunicación enfocadas en la seguridad.
¿Una inversión con impacto real o una respuesta insuficiente?
Aunque el anuncio de estos recursos representa un esfuerzo por atender las crecientes demandas de seguridad en el departamento, expertos advierten que sin estrategias de prevención y control integral, la inversión en equipos y vehículos podría no traducirse en una reducción efectiva del delito. La falta de un plan de acción estructural a mediano y largo plazo, junto con la debilidad en políticas de prevención del crimen, deja abierta la incógnita sobre si estos recursos serán suficientes para garantizar una seguridad sostenible o si se convertirán en un parche temporal ante una crisis de seguridad en constante evolución.
