Nuevo golpe al bolsillo de los colombianos con alza de gasolina en febrero

Bogotá, 2 de febrero de 2025. El Gobierno Nacional anunció un nuevo incremento en el precio de la gasolina y el diésel a partir de febrero, en un ajuste que busca reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Sin embargo, la medida genera preocupaciones en distintos sectores económicos y sociales, que advierten sobre sus repercusiones en la inflación, el costo de vida y la competitividad del país.
Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio de la gasolina aumentará en $95 pesos por galón, alcanzando un promedio nacional de $15.753, mientras que el Acpm subirá $38 pesos, situándose en $10.461 por galón. Estos ajustes continúan la política gubernamental de eliminación progresiva de subsidios, en un contexto de dificultades fiscales y presiones externas sobre el mercado energético.
Las ciudades más afectadas por el alza
El impacto de este nuevo incremento no será homogéneo en todo el país. Villavicencio se mantiene como la ciudad con la gasolina más cara, alcanzando los $16.284 por galón, seguida por Cali ($16.195) y Bogotá ($16.184). Otras ciudades como Manizales y Pereira también superan la barrera de los $16.100 por galón.
Por otro lado, Pasto continúa con el precio más bajo, con un costo promedio de $13.846, seguido por Cúcuta ($14.165)y Cartagena ($15.789).** Estas variaciones reflejan la incidencia de factores logísticos, costos de transporte y carga tributaria diferencial en cada región.
Un ajuste con efectos en cadena
El alza de los combustibles tiene un impacto directo en la inflación, dado que el transporte es un factor clave en la estructura de costos de múltiples sectores económicos. Expertos advierten que este ajuste se traducirá en mayores precios en bienes y servicios básicos, golpeando especialmente a las familias de menores ingresos.
- Mayor costo del transporte público y de carga: Empresas transportadoras ya han advertido que el incremento podría traducirse en alzas en las tarifas para los usuarios y en un encarecimiento del flete de mercancías, afectando la distribución de productos de primera necesidad.
- Presión sobre la canasta familiar: El sector agropecuario, altamente dependiente del transporte, podría verse afectado con costos de producción más altos, encareciendo alimentos frescos y reduciendo los márgenes de los pequeños productores.
- Impacto en la competitividad empresarial: Industrias que dependen del uso intensivo de combustibles experimentarán un aumento en sus costos operacionales, lo que podría afectar la competitividad de productos nacionales frente a los importados.
- Golpe a las economías locales: Regiones dependientes del turismo y el comercio podrían ver reducida la movilidad de ciudadanos, afectando el consumo interno y la actividad económica.
- Presión sobre el presupuesto familiar: Con un salario mínimo que apenas subió un 12%, los colombianos deberán destinar una mayor proporción de sus ingresos a movilidad, afectando su capacidad de gasto en otros sectores.
El dilema del FEPC y la estrategia gubernamental
El Gobierno ha defendido la necesidad de estos incrementos, argumentando que el déficit del FEPC ha sido insostenibley que el esquema de subsidios heredado ha representado una carga fiscal millonaria. Según datos del Ministerio de Hacienda, el subsidio a los combustibles generó un déficit cercano a los $20 billones en 2023, razón por la cual se han venido realizando ajustes graduales desde mediados del año pasado.
No obstante, sectores económicos y transportadores insisten en que la eliminación de estos subsidios debe ir acompañada de medidas compensatorias, para mitigar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos y evitar un deterioro en la calidad de vida de los colombianos.
Gremios y ciudadanos alzan la voz
El malestar social por el alza del combustible no se ha hecho esperar. Organizaciones de transportadores han manifestado su preocupación por la falta de incentivos que amortigüen la crisis del sector, mientras que asociaciones de consumidores han advertido que estos incrementos seguirán afectando la capacidad adquisitiva de los hogares.
A su vez, algunos sectores políticos han criticado la falta de una estrategia clara para promover alternativas energéticas y modernizar el sistema de movilidad, lo que reduciría la dependencia del país frente a los combustibles fósiles.
En este escenario de incertidumbre, el país se enfrenta a un nuevo reto económico y social, en el que las decisiones del Gobierno serán determinantes para evitar un mayor impacto inflacionario y una profundización del descontento ciudadano.