Uso del espacio público en Manizales: entre la regulación y la reactivación económica

Manizales, 30 de enero de 2025. La formalización del aprovechamiento económico del espacio público en Manizales avanza con la implementación del nuevo decreto que reglamenta su uso. A partir de julio de 2025, los comerciantes deberán pagar por el uso de áreas como antejardines, plazas y parques, mientras que el primer semestre del año será una fase de transición en la que podrán solicitar su permiso sin obligación de pago inmediato.
La medida busca equilibrar el derecho al uso del espacio público con la necesidad de dinamizar la economía local. La Administración Municipal sostiene que esta regulación permitirá embellecer las áreas públicas, generar empleo y fortalecer los ingresos destinados al mantenimiento urbano. No obstante, el decreto también plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en los pequeños comerciantes y en la informalidad, dado que el cobro podría representar una carga adicional para negocios en recuperación tras los efectos económicos recientes.
Un modelo de sostenibilidad urbana
El secretario de Planeación del Municipio, José Fernando Olarte Osorio, destacó que esta política pretende ordenar el uso del espacio sin afectar el desarrollo comercial de la ciudad. Según el funcionario, el proceso de solicitud ya está habilitado y se espera que, una vez finalizado el periodo de transición, el cobro se implemente sin dificultades.
Los comerciantes interesados pueden consultar el decreto en la página web de la Alcaldía de Manizales y presentar su solicitud en el piso 5, del Bloque B de la entidad. Este proceso, según la Administración, busca garantizar transparencia y acceso equitativo a quienes deseen hacer uso de las zonas públicas con fines comerciales.
¿Beneficio o barrera para la economía local?
El cobro por el aprovechamiento del espacio público es una estrategia adoptada en varias ciudades con el propósito de ordenar el comercio y generar recursos para la administración urbana. Sin embargo, en contextos donde la informalidad sigue siendo una alternativa para muchos emprendedores, este tipo de regulaciones pueden representar un obstáculo más que un incentivo.
Si bien la Alcaldía ha destacado los beneficios de la medida, como la generación de empleo y la mejora del paisaje urbano, es fundamental evaluar cómo afectará a los comerciantes de menores ingresos, quienes dependen del acceso gratuito al espacio público para sostener sus actividades. La clave del éxito de esta regulación estará en la implementación de incentivos y condiciones flexibles que permitan su cumplimiento sin asfixiar la dinámica económica de la ciudad.
En este escenario, la Administración enfrenta el reto de equilibrar el ordenamiento territorial con la necesidad de reactivación económica. La efectividad de la medida dependerá de su ejecución y del diálogo con los sectores productivos, quienes esperan que esta regulación no se convierta en una nueva barrera para su sostenibilidad.