EDITORIAL El colapso inminente del sistema de salud colombiano
El sistema de salud colombiano se encuentra al borde del colapso, y la responsabilidad de esta crisis recae directamente sobre el gobierno de Gustavo Petro, cuya gestión ha demostrado una preocupante ineficiencia e incapacidad para manejar los asuntos más urgentes del país. La solicitud de la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional para que evalúe la posibilidad de declarar un «estado de cosas inconstitucionales» en el sector de salud es una señal inequívoca de la gravedad de la situación. La crisis que vive actualmente el sistema no es producto de factores externos, sino de decisiones gubernamentales mal fundamentadas, que están dejando a millones de colombianos sin la atención que requieren.
El punto de mayor conflicto es la decisión tomada por el Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, que se ha fijado en un 5,36%. Según la Procuraduría, este aumento no solo carece de un sustento técnico adecuado, sino que también se basa en información incompleta y, en algunos casos, errónea. La Nueva EPS, que cubre a más de 11 millones de colombianos, no cuenta siquiera con estados financieros actualizados, lo que hace aún más cuestionable cualquier cálculo realizado sobre su viabilidad financiera. Estos errores no son simples detalles administrativos; son decisiones que afectan directamente a los pacientes y al personal de salud, poniendo en riesgo la calidad y continuidad de los servicios.
Este escándalo se agrava aún más cuando se revisa el historial de incumplimientos y desatenciones del Ministerio de Salud hacia las órdenes de la Corte Constitucional. A pesar de las reiteradas advertencias de la Corte, el Ministerio ha ignorado las instrucciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema, lo que demuestra un claro reto a la autoridad judicial y una falta de responsabilidad frente a la crisis que afecta a millones de colombianos. Esta actitud no solo pone en peligro la salud de la población, sino que vulnera el Estado de Derecho, mostrando un gobierno dispuesto a pasar por encima de las instituciones encargadas de velar por el bienestar del pueblo.
La situación no es nueva, pero ha alcanzado niveles preocupantes bajo la administración Petro. Desde su llegada al poder, el presidente ha priorizado una agenda política que ha relegado las soluciones técnicas y científicas necesarias para el buen funcionamiento del sistema de salud. Las decisiones tomadas han sido, en su mayoría, impulsadas por intereses ideológicos y políticos, sin considerar las repercusiones que estas pueden tener sobre los ciudadanos. desde el ejecutivo parecen más interesados en hacer política que en resolver los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Además, el comportamiento del Ministerio de Salud es indignante. En lugar de responder de manera transparente a los llamados de la Procuraduría y otros órganos de control, optaron por una maniobra defensiva, recursando a la Procuradora General, Margarita Cabello, en un intento por evadir la rendición de cuentas. Este tipo de actitudes solo refleja la falta de voluntad para corregir los errores y afrontar las responsabilidades de su gestión. La evasión no es la solución a la crisis sanitaria, y la falta de respuestas claras solo aumenta la desconfianza de la gente en las instituciones encargadas de proteger su salud.
La resolución sobre el aumento de la UPC es un ejemplo claro de cómo el gobierno ha actuado sin consultar a los expertos ni realizar un análisis técnico adecuado. La salud es un derecho fundamental, y decisiones de esta magnitud no pueden tomarse a la ligera. Un aumento en la UPC sin una base sólida es una medida irresponsable que solo profundiza la crisis y aumenta las tensiones entre el gobierno, las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud. Esta falta de coherencia en la gestión nos muestra un modelo de administración que no está preparado para hacer frente a los retos que exige un sistema de salud tan complejo como el colombiano.
Es necesario que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto, no solo para frenar la precarización del sistema de salud, sino también para enviar un mensaje claro al gobierno de Petro: el bienestar de los colombianos no puede estar sujeto a intereses políticos ni a decisiones improvisadas. El sistema de salud es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la atención médica de calidad, y el gobierno debe ser responsable en su manejo.
El tiempo de las excusas ha pasado. El gobierno debe rectificar su postura y adoptar un enfoque serio y técnico para garantizar que la salud de los colombianos no se vea aún más deteriorada. Si no lo hace, los ciudadanos pagarán las consecuencias de una gestión que ha demostrado ser incapaz de velar por sus derechos. La Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad de restablecer el orden y exigir que el ejecutivo cumpla con sus obligaciones constitucionales. De no ser así, el futuro de la salud en Colombia será aún más incierto.
