Grave denuncia laboral en contra de Felipe Olaya sacude a “Computadores para Educar”
Bogotá, 8 de diciembre de 2024. Un escándalo estalla en el programa estatal “Computadores para Educar”, dirigido por Felipe Antonio Olaya, tras la denuncia de Juan Fernando Suárez Rosas, exsubdirector operativo, quien lo acusa de acoso laboral y de prácticas abusivas que habrían generado un entorno laboral tóxico. La acusación, presentada formalmente ante el Ministerio del Trabajo, incluye detalles de amenazas, humillaciones públicas, despido injustificado y negación de derechos laborales fundamentales.
La denuncia: un relato de abusos sistemáticos
En el documento oficial, Suárez describe una situación laboral insostenible bajo la dirección de Olaya. Las acusaciones incluyen:
- Presión indebida para firmar informes contractuales que no correspondían a su gestión.
- Humillaciones públicas, con comentarios despectivos en reuniones directivas.
- Sobrecarga laboral extrema, con plazos imposibles que deterioraron su salud física y mental.
- Restricciones arbitrarias, como la negativa a permisos médicos y el incumplimiento de acuerdos sobre teletrabajo.
“A mis 25 años de experiencia en el sector público, nunca había enfrentado un trato tan degradante, que afectó no solo mi bienestar emocional, sino también mi estabilidad económica tras un despido sin justa causa”, afirmó Suárez en su declaración.
Entre otros detalles, el denunciante asegura que, tras su despido, Olaya habría impartido directrices para impedirle acceder a información normativa clave, obstaculizando su capacidad para defenderse ante las autoridades.
Un historial de polémicas bajo el liderazgo de Olaya
Las prácticas denunciadas contra Felipe Antonio Olaya no serían casos aislados. Fuentes cercanas al programa lo describen como un líder de trato severo y con reiterados conflictos con empleados y contratistas, a quienes habría sometido a jornadas extenuantes, condiciones laborales abusivas y ambientes de trabajo hostiles. Estos antecedentes alimentan las expectativas de que más denuncias puedan surgir en los próximos días.
Crédito: Computadores para Educar
Silencio institucional y respuestas evasivas
Consultada por los hechos, la entidad “Computadores para Educar” se limitó a señalar que no ha sido oficialmente notificada por el Ministerio del Trabajo. En una breve declaración a la Revista Semana, Felipe Antonio Olaya negó las acusaciones y defendió la legalidad de su gestión, amparándose en el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo.
Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al cual pertenece el programa, prefirió no comentar sobre el caso, mientras que el Ministerio del Trabajo confirmó que la denuncia está en etapa de recolección de pruebas, incluyendo la solicitud de testimonios de otros empleados y acceso a correos electrónicos corporativos relevantes.
Implicaciones legales y éticas
El caso plantea serias implicaciones tanto jurídicas como éticas para el director de la entidad y para la administración pública en general. Según el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, el acoso laboral incluye actos de hostigamiento que buscan intimidar, degradar o desestabilizar psicológicamente a un empleado. Asimismo, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe el despido sin justa causa, como lo alega el denunciante.
De comprobarse estas denuncias, Felipe Antonio Olaya podría enfrentar sanciones administrativas y judiciales que incluyen indemnizaciones, reparaciones económicas e incluso su inhabilitación para ocupar cargos públicos, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
Un servidor público bajo escrutinio
Más allá de las implicaciones legales, este caso muestra una crisis de liderazgo y un déficit de valores éticos en el servicio público. Un funcionario encargado de liderar proyectos tan importantes como “Computadores para Educar” debe ser un ejemplo de respeto, integridad y compromiso con los derechos laborales.
El abuso de poder no solo destruye carreras y vidas, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. ¿Es este el tipo de liderazgo que merece una entidad que promete transformar la educación en Colombia?
