13 de enero de 2025

Cabal acusa a Petro de evadir al CNE

3 de diciembre de 2024
3 de diciembre de 2024

Foto: Senado de la Republica

Bogotá, 3 de diciembre de 2024. La polémica que rodea al presidente Gustavo Petro por las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta violación de topes de financiación en su campaña presidencial sigue escalando. En un documento de diez páginas, la defensa del mandatario, encabezada por el abogado Héctor Carvajal, afirmó que el CNE no tiene competencia para investigar al presidente y su equipo de campaña, argumentando que esta facultad sería inconstitucional. Esta postura ha generado fuertes críticas desde sectores de la oposición, que ven en esta estrategia un intento de eludir el escrutinio legal.

El abogado de Petro sostuvo que el procedimiento del CNE viola principios fundamentales como el debido proceso, el juez natural y el fuero constitucional del jefe de Estado. Además, señaló que dichas actuaciones atentan contra la estabilidad institucional del país y contra la figura presidencial como máxima autoridad administrativa. Pese a estas justificaciones, el Consejo Nacional Electoral, en su sala plena, había respaldado previamente la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, formulando cargos tanto contra Petro como contra otros miembros de su campaña, incluidos su gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y el equipo de tesorería.

Según los hallazgos del CNE, la campaña de Petro habría excedido los límites legales de financiación por más de 5.300 millones de pesos, lo que constituye una grave infracción a las normas electorales. Sin embargo, la defensa del mandatario ha rechazado rotundamente estos señalamientos, argumentando que cualquier investigación en su contra viola su fuero y es, en esencia, ilegítima.

La reacción de la oposición no se hizo esperar, y una de las críticas más duras provino de la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien no solo cuestionó la defensa de Petro, sino que también lo comparó con líderes autoritarios de la región. “Se comporta como un dictador caribeño, digno amigo de Maduro y los Castro. Petro está desconociendo el Estado de derecho y las competencias del CNE para investigar su campaña. ¿Qué tanto teme Petro? Sométase a las instituciones, usted ya no está en la clandestinidad”, afirmó Cabal en sus redes sociales.

Para la congresista, esta postura del mandatario refleja una actitud desafiante hacia las instituciones democráticas y un desprecio hacia los órganos de control. En su pronunciamiento, Cabal enfatizó que el presidente debe responder por las irregularidades detectadas en su campaña y que ningún cargo público, ni siquiera el de jefe de Estado, debería ser utilizado como escudo para evadir la justicia.

La controversia no se limita a las declaraciones de Cabal. El documento presentado por la defensa de Petro también desconoce precedentes claros establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han avalado la competencia del CNE para investigar campañas y candidatos que violen las normas electorales. Este desconocimiento ha sido interpretado como una estrategia para ganar tiempo y desviar la atención de los cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial.

La gravedad del caso radica no solo en los montos supuestamente excedidos, sino también en el impacto que estas acciones tienen sobre la credibilidad del sistema electoral colombiano. Las instituciones encargadas de garantizar la transparencia en las elecciones están siendo desafiadas en un momento en el que la confianza ciudadana en la democracia ya enfrenta serias tensiones.

Con las críticas arreciando, el presidente Petro enfrenta una de las crisis políticas más serias de su mandato. Mientras su defensa insiste en la ilegitimidad del proceso en su contra, los sectores opositores exigen respuestas claras y contundentes. La pregunta que permanece es si Petro acatará lo dispuesto por las instituciones o si continuará buscando protegerse tras interpretaciones jurídicas que algunos consideran más políticas que legales.