EDITORIAL Liderar con el ejemplo, lección pendiente para el Senado
La elección de un magistrado para la Corte Constitucional no es un simple trámite legislativo; es un acto fundamental para la democracia y el Estado de derecho en Colombia. Esta institución, integrada por nueve magistrados que representan diversas ramas del poder público y sectores académicos, es la garante de la protección de los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y el control sobre los excesos del Estado. Por tanto, cualquier irregularidad en su conformación representa no solo un escándalo político, sino una amenaza directa a la estabilidad jurídica y democrática del país.
Ayer, en la votación del Senado para elegir al nuevo magistrado, lo que debía ser una muestra de responsabilidad cívica se transformó en un episodio vergonzoso. El inesperado empate entre Miguel Polo y Claudia Dangond, con 50 votos cada uno, acompañado de dos votos en blanco, debería haber cerrado el proceso con un total de 102 sufragios. No obstante, apareció un voto adicional, lo que desató una ola de acusaciones, teorías de fraude y desconfianza en la transparencia del proceso.
La Corte Constitucional, por su diseño y función, es una institución primordial en el equilibrio de poderes. Desde su creación, ha sido un contrapeso frente a los excesos del Ejecutivo, un árbitro en disputas legislativas y el último garante de los derechos de los ciudadanos. La elección de sus magistrados, por ende, no puede estar manchada por irregularidades, pues se corre el riesgo de comprometer su independencia y sembrar dudas sobre su capacidad para actuar con imparcialidad en los casos que definen el futuro del país.
El bochornoso espectáculo en el Senado no solo pone en entredicho la profesionalidad de los parlamentarios, sino también su respeto por las instituciones. Las explicaciones inconsistentes sobre el origen del voto extra, sumadas a las denuncias de fraude y la improvisación para manejar la crisis, muestran la debilidad de un órgano legislativo que debería ser la base de la transparencia y la legitimidad en el país. Más grave aún es la percepción de que este episodio no fue un error técnico, sino una maniobra deliberada para entorpecer o manipular el resultado.
En un momento en que la democracia colombiana tiene varios retos por delante, esta elección adquiere una relevancia extraordinaria. La Corte Constitucional será fundamental en los próximos años para evaluar medidas polémicas del Ejecutivo, legislar sobre temas sensibles y garantizar que los cambios sociales y políticos no se desvíen del marco constitucional. Por ello, el perfil del próximo magistrado debe responder a los más altos estándares de integridad, capacidad jurídica y compromiso con la independencia.
Repetir la votación es una necesidad, claro está, pero no basta para reparar el daño causado. Es necesario que se realice una investigación exhaustiva sobre lo sucedido, que se esclarezcan las responsabilidades y que se tomen medidas para garantizar que no se repitan estas irregularidades. Los congresistas, como representantes del pueblo, tienen el deber de salvaguardar la credibilidad de los procesos y de ser un modelo de ética y honestidad.
En todo caso, el Senado tiene una tarea ineludible: demostrar que está a la altura de su mandato constitucional. La elección de un magistrado de la Corte no es solo una decisión política; es un acto que define el futuro de la nación. No hay margen para errores ni opacidad en este proceso. El país lo exige, y su estabilidad lo demanda.
