Editorial La Registraduría y la SIC: Un choque de independencias
La reciente inspección de la SIC a la Registraduría, meses atrás, pone en evidencia las tensiones entre la protección del mercado y la independencia electoral.
La inspección que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, meses atrás, ha abierto un intenso debate sobre la autonomía de las instituciones del Estado. La SIC, en su misión de vigilar el cumplimiento de las normas de libre competencia, ha formulado cargos contra funcionarios de la Registraduría por no entregar información solicitada. Sin embargo, la actuación de la Superintendencia ha sido puesta en duda por el propio registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, quien cuestiona la competencia de la SIC para inspeccionar una entidad electoral cuya independencia debería ser incuestionable, más aún en un año preelectoral.
El principio de autonomía es clave para el funcionamiento de las instituciones democráticas, y la Registraduría, encargada de organizar las elecciones y gestionar el registro civil, no debería estar bajo la lupa de un organismo con un vínculo directo con el Ejecutivo. Aunque la SIC tiene la facultad de inspeccionar entidades públicas, existen otros organismos, como la Procuraduría o la Contraloría, que son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley sin comprometer la independencia de las entidades clave del Estado. El cuestionamiento de la SIC sobre la Registraduría genera una percepción de injerencia política que no solo es innecesaria, sino peligrosa en el contexto electoral.
Este incidente se suma a la reciente polémica por la reducción de recursos al presupuesto de la Registraduría para 2025, corregida luego de la protesta del registrador. La suma de estos hechos alimenta la percepción de que el Gobierno está «arrinconando» a la Registraduría, justo cuando más se necesita garantizar su imparcialidad y eficacia. A esto se añade la actitud beligerante de la superintendente Cielo Rusinque Urrego en redes sociales, que, lejos de apaciguar el conflicto, lo intensifica.
El mensaje es claro: el Gobierno debe ser mucho más cuidadoso en la forma en que se relaciona con la Registraduría. En un Estado democrático, la independencia de las instituciones encargadas de organizar las elecciones no es solo una exigencia legal, sino un pilar fundamental para la estabilidad del sistema político. Si el Ejecutivo no actúa con cautela, podría terminar socavando la confianza pública en el proceso electoral, precisamente cuando más se necesita.
