EDITORIAL La reforma laboral de Petro y sus graves implicaciones para Colombia
El país está a las puertas de un nuevo golpe a su ya debilitada estructura económica. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, lejos de ser un avance hacia la protección de los trabajadores, es un retroceso que nos condena a un modelo anacrónico que ahoga la generación de empleo y precariza aún más el tejido empresarial. Esta es una propuesta que, en vez de adaptarse a las necesidades modernas del mercado laboral, se encierra en las lógicas de un pasado que ya no existe.
La aprobación de esta reforma en la Cámara de Representantes no solo es un error estratégico, sino una sentencia para miles de micro y pequeños empresarios que no podrán soportar los nuevos costos laborales. El aumento en los recargos nocturnos, la rigidez de los contratos a término indefinido y la imposición de obligaciones excesivas para sectores como el agro y los empleos por plataformas digitales son apenas algunos ejemplos de las medidas que ahogan la flexibilidad del mercado laboral. Si el Senado no corrige el rumbo, el país podría perder más de 500,000 empleos formales, según el propio Banco de la República.
El problema central de esta reforma radica en su visión anticuada del trabajo. En un mundo donde la contratación flexible y el trabajo por horas son esenciales para dinamizar sectores como el comercio, el turismo y la tecnología, la propuesta de Petro vuelve a imponer modelos rígidos y costosos. Los contratos a término indefinido, que alguna vez fueron la norma, hoy son impracticables para muchos sectores de la economía. ¿Realmente pretendemos mantener a Colombia anclada en políticas laborales del siglo XX mientras el resto del mundo avanza hacia una mayor flexibilidad y dinamismo?
El caso de los aprendices del Sena es emblemático. El gobierno pretende imponer un salario mínimo para quienes están en fase de formación, lo que, aunque en apariencia parece una victoria para los jóvenes, en realidad limita sus oportunidades. Las empresas, en lugar de asumir estos nuevos costos, optarán por la informalidad o por no contratar aprendices, reduciendo las oportunidades de formación de calidad. Esto no es una victoria para los trabajadores, es una trampa disfrazada de buena intención.
Otro punto crítico es el impacto en el sector rural. En un país con una economía agraria tan importante, la reforma propone contratos rígidos que no reconocen las particularidades del trabajo en el campo. La imposición de contratos a término indefinido en un sector donde la temporalidad es fundamental solo aumentará la informalidad, perjudicando tanto a los empleadores como a los trabajadores. Además, la eliminación de beneficios colectivos y la falta de adecuación a las necesidades de este sector muestran el desconocimiento del gobierno sobre la realidad rural.
El aumento de los recargos nocturnos y los pagos por festivos, aunque parecen justos en teoría, solo añaden más peso a los costos laborales. Sectores que dependen del trabajo nocturno, como la seguridad, el comercio y el turismo, verán cómo se disparan sus gastos operativos, lo que terminará repercutiendo en el consumidor final con aumentos de precios o, peor aún, en despidos masivos. Aumentar los recargos a partir de las 7:00 p.m., en lugar de las 9:00 p.m., es una medida populista que no entiende la realidad empresarial del país.
Esta reforma es una bomba de tiempo para la economía colombiana. Mientras países vecinos avanzan en flexibilización laboral y modelos más adaptados a la realidad global, Colombia insiste en retroceder. El Senado tiene ahora la responsabilidad de evitar que este proyecto destruya más empleo del que pretende crear. Las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte de la economía nacional, no sobrevivirán a estos nuevos costos.
Colombia necesita una reforma laboral que proteja a los trabajadores sin estrangular a las empresas. Debemos avanzar hacia un modelo más tolerante, que reconozca la importancia de la contratación por horas y que entienda que el trabajo moderno es dinámico y cambiante. El país no puede seguir avanzando con políticas que pertenecen a otra época. Los colombianos merecen algo mejor que una reforma que los condena al desempleo y la informalidad.
Es hora de que el Senado actúe con responsabilidad y corrija el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
