La Reforma al Sistema General de Participaciones pone en jaque la estabilidad económica
La reforma podría ampliar las brechas fiscales del país en una década marcada por el aumento en las transferencias a los territorios.
Bogotá, 28 de octubre de 2024. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que se encuentra en su sexta discusión en el Congreso, ha generado un debate importante sobre su impacto en las finanzas públicas a mediano plazo. Aunque el gobierno la impulsa como un avance hacia la descentralización, su estructura actual plantea serios desafíos en términos de sostenibilidad fiscal.
Objetivo de la Reforma
El proyecto propone modificar cómo se distribuyen los recursos de la Nación hacia municipios y departamentos, los cuales dependen de estos fondos para servicios básicos como educación, salud y agua potable. Actualmente, la distribución se ajusta a factores como la población y las necesidades de cada región, y los recursos provienen de los ingresos nacionales corrientes, generados a través de impuestos y otras fuentes de ingreso estatal.
De acuerdo con la propuesta, los territorios recibirían un aumento significativo de fondos durante la próxima década, incrementando del actual 23,8% de los ingresos corrientes de la Nación a un 46,5%. El gobierno sostiene que esta medida fortalece la capacidad administrativa y de gestión de los entes territoriales, al otorgarles más autonomía para ejecutar proyectos de acuerdo con sus necesidades.
A pesar de los beneficios planteados, la reforma podría comprometer el espacio fiscal del país. Actualmente, el gasto público ya se encuentra cerca de sus límites, lo que deja poca capacidad para reaccionar ante eventuales crisis económicas o demandas imprevistas. Con la reforma, los recursos destinados a los entes territoriales aumentarían considerablemente, lo que requeriría un esfuerzo adicional de recaudación en los próximos años.
Hacia una Descentralización Equilibrada
El Ministerio de Hacienda ha planteado la necesidad de acompañar la reforma con una ley de competencias que permita definir con claridad las responsabilidades de los entes territoriales, garantizando una transferencia de funciones ajustada a un análisis de sostenibilidad fiscal. La propuesta incluye un marco de equilibrio que permita a los territorios asumir sus nuevos roles sin comprometer las finanzas del país.
En el contexto actual, la reforma al SGP representa una oportunidad para avanzar en la descentralización y cerrar brechas territoriales, aunque para ello será fundamental encontrar un balance que permita una ejecución fiscal sostenible.