14 de noviembre de 2024

Acosadores en el poder: ¿Quién protege a las víctimas?

Por La Redactora
29 de octubre de 2024
Por La Redactora
29 de octubre de 2024

Lo que ocurre en el país hoy con los escándalos de acoso sexual y laboral protagonizados por altos cargos del gobierno actual no es un caso nuevo, sino un vergonzoso reflejo de un sistema que, durante años, se ha beneficiado de una cultura machista en la que algunos hombres, investidos de poder, aprovechan sus cargos para intimidar, acosar y violentar a mujeres. ¿Hasta cuándo se aceptará el silencio cómplice que permite que estas conductas impunes sigan prosperando? Colombia necesita cuestionarse si la justicia y la protección de los derechos de las mujeres serán prioritarias, o si seguirán relegadas a la lista de promesas no cumplidas.

A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos o varias naciones de Europa, donde las denuncias por acoso sexual son motivo suficiente para que figuras públicas dimitan y hagan frente a las consecuencias de sus actos, en Colombia estos episodios suelen culminar en una lamentable defensa institucional, que parece más bien una red de protección entre colegas. Aquí, la Ley 1257 de 2008, destinada a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, parece un texto olvidado, citado solo cuando conviene en el discurso gubernamental. Esta ley, no obstante, ampara a las víctimas y obliga al Estado a garantizar su protección, algo que, tristemente, aún queda en el papel.

El presidente Gustavo Petro mantiene en su círculo cercano a personajes con antecedentes de violencia de género, como el presidente de RTVC, Hollman Morris, quien ha sido señalado por violencia doméstica, acoso sexual y laboral, y hasta violencia psicológica. Lejos de dar un paso al costado, algunos, como Morris, continúan en sus cargos, resguardados bajo el manto de la “presunción de inocencia,” que parece más bien una licencia para evadir la rendición de cuentas. ¿Qué mensaje le da esto a las víctimas, a las mujeres colombianas que, enfrentadas a la posibilidad de denunciar, ven cómo la justicia no actúa y los acosadores siguen ocupando cargos de poder?

Otro ejemplo lamentable es el embajador Armando Benedetti, quien, a pesar de las denuncias de su exesposa, sigue gozando de privilegios diplomáticos, amparado por un gobierno que no ha emitido ninguna medida clara al respecto. En cualquier otro contexto, este tipo de comportamientos habría bastado para retirarlo de la función pública, pero aquí, la política parece estar exenta de las normas que rigen para la ciudadanía común.

El caso de Diego Cancino, actual director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien enfrenta acusaciones por presunto acoso sexual a una funcionaria, es un aviso de que el problema es profundo y estructural. La denuncia de Viviana Vargas, quien detalló haber sido agredida físicamente por Cancino, ilustra cómo estos episodios ocurren en espacios que deberían ser seguros para las trabajadoras del Estado y cómo, pese a la seriedad de los señalamientos, el gobierno opta por minimizar el asunto.

Los casos de presunta violencia de género dentro del gobierno de Petro son demasiados para ser casualidad. Desde Lizcano hasta el senador Álex Flórez, quien está denunciado por violencia intrafamiliar, los nombres de los funcionarios señalados pintan un cuadro muy oscuro de la administración actual. A pesar de las promesas de cambio y de justicia social, el “progresismo” del que tanto se enorgullece el gobierno parece olvidar a las mujeres cuando resulta incómodo o afecta la imagen pública.

El trasfondo de este problema es que, si todas las denuncias de abuso sexual y acoso laboral que han marcado la historia reciente de los gobiernos colombianos —incluyendo administraciones anteriores— salieran a la luz, más de uno en el poder tendría que salir con el rabo entre las piernas, haciendo frente a la vergüenza pública y al peso de la ley. Esta situación es un caldo de cultivo que ha estado presente durante años no solo en los gobiernos sino en empresas privadas, universidades, colegios, y lo más complejo de todo es que estamos ante un sistema que los tolera y disimula.

Es prioritario que unamos fuerzas, porque erradicar el acoso y la violencia no es solo una causa de las mujeres; es una responsabilidad compartida. La ONU lidera programas específicos para enfrentar esta problemática, y nuestro apoyo es vital para su éxito. Estos esfuerzos requieren también una postura firme: los agresores deben ser sancionados y las víctimas protegidas con justicia real. Seguir ignorando esta realidad solo prolonga un ciclo que ha estado dañando vidas durante décadas.