Editorial La corrupción castiga a los más vulnerables
La Mojana se ha convertido en el epicentro de la corrupción en Colombia, revelando una alarmante impunidad que sigue afectando a las poblaciones más vulnerables del país.
Definitivamente, la corrupción ha invadido profundamente a Colombia, extendiendo sus raíces en todos los rincones del país y afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables, quienes sufren las consecuencias más drásticas de esta plaga. Estas comunidades, abandonadas a su suerte por un Estado que no les otorga la importancia debida, enfrentan una realidad de desamparo y privaciones.
Uno de los casos más emblemáticos de corrupción que azota al país es el escándalo en la gestión de las obras de La Mojana. Los contratistas, quienes recibieron millonarios fondos para la construcción del dique Cara de Gato, han dejado abandonado el proyecto, permitiendo que el agua siga causando estragos. Según Carlos Carrillo, director de la Unidad de Riesgo, nadie trabaja en la obra y las consecuencias para la población son devastadoras. La identificación y sanción de los responsables aún está pendiente, poniendo en evidencia una vez más la impunidad que perpetúa la corrupción en el país.
Las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) son una muestra más de la corrupción institucionalizada. La investigación en curso contra exdirectores de la entidad por incumplimientos en la prevención y manejo de emergencias en el dique Caregato ha revelado graves fallos. Estos errores ocasionaron inundaciones catastróficas y pusieron en evidencia la falta de previsión y planificación adecuada. La UNGRD se ha convertido en un modelo de desvío de recursos y mala gestión, dejando a comunidades como La Guajira sin los recursos prometidos.
Por ejemplo, en la administración de Olmedo López, quien está ad portas de enfrentar una posible condena y ha recibido duras críticas, vale la pena mencionar que no es el único bajo investigación. La Procuraduría también ha señalado a exdirectores como Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez, junto con Ariel Enrique Zambrano Meza, por su deficiente gestión. A pesar de haber tenido conocimiento desde 2017 del riesgo de colapso del dique Caregato, estos funcionarios solo solicitaron recursos para su intervención en 2021, lo que demuestra una negligencia grave. Esta falta de acción oportuna no solo ha puesto en peligro vidas humanas, sino que también ha ratificado un profundo desprecio por la responsabilidad pública.
La respuesta a la emergencia tampoco fue adecuada. La ausencia de obras complementarias de dragado, indispensables para estabilizar los trabajos de emergencia y controlar la erosión, agravó la situación. Los contratos firmados para abordar la crisis no consideraron adecuadamente la magnitud de las obras necesarias ni las condiciones meteorológicas, resultando en soluciones ineficientes.
El drama de La Mojana está respaldado por testimonios desgarradores de campesinos que lo han perdido todo. Las promesas incumplidas de reubicación y asistencia gubernamental se manifiestan en los relatos de las víctimas, quienes claman por una respuesta efectiva y justa. La continuidad de estas prácticas corruptas exige una reforma radical en las sanciones para los responsables. Una legislación severa contra la corrupción no es solo una cuestión de justicia, sino también una responsabilidad moral hacia las innumerables vidas afectadas.
Lamentablemente, la corrupción en Colombia ha tejido una red de impunidad que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables. Las investigaciones y sanciones en curso deben ser solo el comienzo de una reforma profunda que priorice la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la administración estatal. De esta forma, se podrá empezar a reparar el daño causado y prevenir futuras tragedias.
