23 de junio de 2024

Mangoneo

Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
9 de junio de 2024
Por Carlos Alberto Ospina M.
Por Carlos Alberto Ospina M.
Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
9 de junio de 2024

No hay que quitar el ojo a la maniobra de utilizar el ámbito universitario público para los fines bellacos, puesto que el activismo político ensombrece la búsqueda de la excelencia académica. Este fenómeno compromete la calidad de la educación y amenaza la autonomía, un pilar fundamental para el adelanto científico e intelectual de la nación.

 

El autogobierno florece a semejanza de principio cardinal que garantiza el pensamiento crítico, la investigación, la innovación, el debate y el progreso sin interferencias externas. La independencia se pierde en la medida del entrometimiento gubernamental que busca instrumentalizar las universidades con el propósito de impulsar un proyecto dogmático. En ese contexto las presiones administrativas, económicas y sociales influyen en las decisiones directivas, los objetivos estratégicos, los programas y las técnicas que, son baluartes, para preservar la integridad y la eficacia de la educación.

 

La soberanía es determinante para provocar un entorno de cuestionamiento sobre los paradigmas y las nuevas tendencias didácticas. Sin dicha potestad, los establecimientos públicos corren el riesgo de convertirse en fortines en lo que se refiere a intereses radicales.

 

Un prototipo de esta tendencia es la reciente designación de dos representantes del gobierno en el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia. Estos comisionados, a menudo carentes de las aptitudes y formación doctoral, condicionaron el enfoque de las entrevistas con los candidatos a la rectoría, preguntándoles si estarían dispuestos a promover u organizar una constituyente desde el interior de la universidad. Esta práctica viola los órganos de gobierno propios y extravía la misión normativa hacia metas mañosas.

 

La historia ofrece muestras aleccionadoras acerca de las consecuencias de politizar el sistema. Durante la Revolución Cultural en China, las universidades se convirtieron en bastiones del ejercicio de proselitismo. Los estudiantes fueron alentados a denunciar a sus profesores y compañeros que no adherían a la ideología oficial. En este período se destruyó la infraestructura educativa de ese país, a un tiempo que creó un ambiente de represión contra la deliberación.

 

De modo similar, en Irán, tras la Revolución Islámica de 1979, el régimen fue purgado de profesores y discentes que no se alineaban con la corriente del nuevo régimen. Las universidades fueron monopolizadas para promover el credo del gobierno, lo que resultó en la destrucción de una rica tradición pedagógica que había florecido durante décadas.

 

La injerencia partidista puede actuar como un verdadero caballo de Troya para la convocatoria de una constituyente. Al promover el ideario de una nueva carta magna, el actor gubernamental busca aprovechar el prestigio y la influencia de esas instituciones que, dicho sea de paso, deben ser zonas para fomentar el razonamiento y la búsqueda del conocimiento, y no plataformas destinadas a la movilización doctrinal. Esto último no solo compromete la moralidad, sino que erosiona la confianza ciudadana en el método instructivo.

 

Otra manifestación de este problema es el desconocimiento de la acción tutela y de los dictámenes del Consejo de Estado, cuyos fallos son herramientas legales diseñadas para proteger un valor jurídico superior y avalar el correcto funcionamiento corporativo. Ignorar estos veredictos socava el Estado y crea un precedente peligroso en el que la ley es manipulada al servicio de  demagogos.

 

El estricto respeto a los conceptos judiciales es crucial para mantener la confianza en las colectividades y asegurar que los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los profesores y discípulos, sean protegidos. El mangoneo estatal que desatiende los veredictos es inmoral y perjudicial para el tejido social.

 

Constreñir la autogestión tiene consecuencias graves y de largo alcance. Primero, compromete la excelencia dado que los acuerdos son dictados conforme a criterios populistas, en lugar de exigencias metodológicas. Segundo, inhibe la creatividad, primordial para el perfeccionamiento de la enseñanza. Tercero, construye un ambiente de desconfianza y censura, donde los educadores y alumnos temen expresar sus ideas por fuera de la agenda dominante.

 

La ideologización puede llevar a una polarización extrema dentro de la comunidad, generando conflictos y divisiones que dificultan el avance del conocimiento. La universidad debe ser un espacio neutral, en el cual todas las concepciones puedan ser discutidas y debatidas libremente sin temor a represalias o interferencias.

 

La indebida intrusión es una amenaza grave para la estabilidad institucional. La experiencia señala los peligros de convertir a las organizaciones de enseñanza superior en distritos electorales. Por tanto, es imperativo proteger y preservar la integridad de ciertas universidades con arreglo a criterios curriculares, y no con base en repertorios viciados. Así mismo, es sustancial respetar la autonomía universitaria a manera de soporte para el desarrollo letrado de la sociedad.