14 de junio de 2024

Colombia está en guerra

16 de mayo de 2024
Por Jorge Enrique Pava Quiceno
Por Jorge Enrique Pava Quiceno
16 de mayo de 2024

Una guerra que desató el presidente Petro cuando declaró como enemigos a quienes no comulgamos con sus desafueros, ilegalidades, desastres y perversidades. Una guerra entre buenos -que es el pueblo trabajador, honesto, emprendedor, luchador y orgulloso de su patria-, y los malos -que son esas hordas de criminales que se sienten por encima de la ley y la constitución, y están asolando a Colombia aupados desde la propia presidencia-.

 

Y así suene derrotista, esa guerra la vamos perdiendo los buenos. La vamos perdiendo quienes tenemos como escudo la Constitución y como arma la justicia; quienes acudimos a las vías institucionales mendigando controles, juicios y sanciones; quienes esperamos de los fiscales y jueces celeridad, seriedad y honestidad.

 

Y la vamos perdiendo por la simple razón de que es una guerra desigual, donde los buenos estamos inermes y los malos ostentan armas innobles. Porque nuestros enemigos son agresivos, feroces, escandalosos y desalmados; mientras nosotros somos pasivos, timoratos, decentes e indolentes. Porque cada día que pasa, nuestro flamante jefe de Estado hace gala de su soberbia, resentimiento y venganza, mientras la fiscalía guarda silencio y el poder judicial parece temer las consecuencias de sus fallos. Porque las arcas de los buenos son permanentemente saqueadas a través de impuestos, que van a parar a manos asesinas y terroristas de la primera línea, la guerrilla, los grupos delincuenciales y demás aliados criminales del gobierno. Porque la crisis constante que provoca Petro es caldo de cultivo para la porquería encapuchada que destruye, asesina y bloquea el país.

 

Pero la perdemos, además, porque los buenos creemos en la división de poderes y la asumimos como un estado natural de nuestra democracia, y nos toca enfrentarnos con una cruel realidad. Una realidad donde el ejecutivo, que juró cumplir la Constitución, hoy la desdeña, y trata de pasar por encima de ella sin vergüenza alguna; un legislativo penetrado hasta los tuétanos por la corrupción, y que termina haciéndole el juego al poder presidencial a cambio de coimas; y un poder judicial que eterniza sus decisiones mientras el país se destruye ante sus ojos.

 

Y mientras tanto el incendiario presidente hace de las suyas. Cada discurso veintejuliero trae una nueva explosión; cada intervención pública es una orden a sus tropas para que se preparen para incendiar el país; cada alocución es aprovechada para alimentar resentimiento, odio y pasión en sus seguidores criminales que quieren a Colombia en medio de las llamas. Las mismas llamas que incendiaron el Palacio de Justicia, o que queman vivos a los policías, o destruyen los bienes públicos en ciudades y pueblos. Las llamas que enardecen y estimulan la mente perversa de un presidente que, ante la derrota moral, institucional y judicial, se escuda en ellas para provocar terror y tratar de evitar que la justicia toque a sus puertas.

 

¿Cuál es el miedo entonces de someter a Petro a la constitución? ¿Qué incendie nuevamente el país? ¡Parece que sí! Y se oyen voces importantes que hacen un llamado a la mesura para evitar que se desaten los desmanes con que nos amenaza a diario. Pero será hoy o mañana que tendremos que asumir esas consecuencias. Porque estamos enfrentados a un ser sin escrúpulos que durante toda su vida ha recurrido a la violencia para obtener sus triunfos. Lo hizo su grupo M-19 secuestrando, asesinando, violando, incendiando y narcotraficando; lo hizo él desde su militancia en el terrorismo; lo hizo la primera línea hace dos años; lo hicieron sus aliados criminales a quienes ha sacado de las cárceles. Es el modus operandi de un presidente que ha demostrado de lo que es capaz y al que no podremos enfrentar postrados de rodillas.

 

La justicia es nuestra única arma y debe actuar con prontitud. Y si se ha de desatar la barbarie con la que amenaza Petro, es mejor ahora, y no mañana cuando sus tropas estén más robustas y cuando los dineros de la corrupción hayan alcanzado a penetrar más instituciones; o cuando, ¡Dios no lo quiera!, la fuerza pública haya declinado a cumplir con su deber constitucional.