29 de noviembre de 2022
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Ximena Giraldo Quintero

El derecho a saber (Y nuestra responsabilidad)

27 de septiembre de 2022
Por Lynda N. Meléndez
Por Lynda N. Meléndez
27 de septiembre de 2022

La UNESCO ha declarado que el 28 de septiembre se celebre el Día Internacional de Acceso Universal a la Información, pero, ¿qué significa? ¿Qué implica para los ciudadanos y sus gobiernos? ¿Qué retos se presentan? En estas líneas pretendo responder estos interrogantes.

En primer lugar significa que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a “buscar, recibir y difundir información». Esto va de la mano con nuestro derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Significa, también, que los medios de comunicación juegan un papel decisivo cuando nos informan sobre temas importantes. Igualmente, que es necesario desarrollar la capacidad de buscar y recibir información relevante para nuestros objetivos. Y, por último pero también muy importante, que esa información sea accesible para las personas con alguna limitación visual o auditiva.

Aquí viene el papel de los gobiernos y de las organizaciones civiles, ya que, además de publicar la información que garantice el ejercicio de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, también exige de los gobiernos la transparencia en su gestión para que se eviten los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción. Esto hace que los gobiernos estén en la obligación de generar políticas públicas relacionadas con la transparencia y garantizar su puesta en marcha.

En Colombia, nuestra Constitución tiene dedicados un par de artículos (20 y 74) dedicados al acceso a la información y se han promulgado las Leyes 1712 de 2014, 2052 de 2020 y 2090 de 2021, así como el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 con este propósito. Algunas entidades han sido muy juiciosas en su implementación y otras andan un tanto rezagadas. La Ley 2090 de 2021 es muy importante para que todas las entidades garanticen el acceso a la información de las personas con limitaciones visuales, entre más pronto, mejor.

Vistas así las cosas, pareciera que el Acceso Universal a la Información sea únicamente responsabilidad de los gobiernos, dado que la información abierta contribuye a la pluralidad y a la comunicación en nuestra sociedad, a la vez que favorece la transparencia de la gestión gubernamental y la participación ciudadana para la toma de decisiones y, por tanto, deben garantizar el acceso público a través de normas.

En el desarrollo de estas políticas en el mundo, se han presentado algunos desafíos que los gobiernos enfrentan diariamente. Por una parte, está el mal manejo de redes sociales, ya que su administración exige conocimiento específico y no todas las identidades tienen personal adecuado para su gestión. Por otro lado, muchos de los que sí conocen cómo funcionan las redes, se encargan de difundir noticias falsas e incluso manipulan la información sobre temas coyunturales, lo que hace que las entidades tengan que dedicar cada vez más tiempo a enfrentar este despropósito.

Adicionalmente, se presenta una gran dicotomía al aprovechar la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica para mejorar el acceso a la información. Por un lado, es cierto que la tecnología ayuda a reducir la brecha digital de forma que los ciudadanos tengamos acceso a la información y se garantice que los servicios públicos sean más eficientes y podemos conocer en tiempo real muchas de las cosas que van pasando. Pero, por otro lado, esta misma tecnología va planteando cuestionamientos éticos sobre el uso de la información privada de los ciudadanos: ¿hasta dónde pueden los estados disponer de la información privada de las personas?

Disponer de la información de los ciudadanos es fundamental para que el diseño de políticas públicas responda a las demandas de la ciudadanía y, a la vez, la información que se publique tiene que garantizar el derecho a la privacidad, lo cual implica que exista idoneidad y ética en los funcionarios que procesan nuestra información.

Todo derecho implica un deber: Si tenemos derecho a acceder libremente a la información, tenemos el deber de aprovechar la información libre y de juzgar apropiadamente las fuentes de aquello que compartimos.