18 de agosto de 2022
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Todo por la Contraloría General

4 de agosto de 2022
Por Alejandro Loaiza Salazar
Por Alejandro Loaiza Salazar
4 de agosto de 2022

Petro necesariamente debe tener contención institucional, los partidos políticos deben de generar un frente común para evitar cualquier exceso, ese es el papel en el Congreso.

Por supuesto que, con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, la política podría tener un nuevo aire, sin embargo, un gobierno que tratará de irrumpir en la tradicional forma de ejercer políticas de Estado y Gobierno deberá tener absoluto control e instituciones que generen el adecuado contrapeso, para evitar cualquier desenlace lamentable. Y no es que antes no se necesitara, lo que pasa es que sin duda y con todo y los defectos de nuestra democracia, el modelo de Estado era constante, casi predecible, relativamente seguro jurídicamente, y no tan incierto como muchos prevén.

No, no me arrepiento de haber votado por Petro, pero tan inocente como cualquier elector, consideré y aun lo pienso así, que Petro era garantía de institucionalidad frente a su contradictor en segunda vuelta, y en primera, era quien representaba la indignación frente a los aberrantes y vulgares episodios de corrupción que facilitó el Gobierno Duque.

Pero no se equivoquen, uno es el discurso de Gobierno y otro el de campaña, tanto para presidente, como para el amigo que aspira a la alcaldía de cualquier pueblo, ambos dicen mentiras, ambos traicionan y todo porque en el pantano de la política nadie sale limpio.

La teoría política habla de que la democracia y la división de poderes debe de tener frenos y contra pesos, tanto entre las tres divisiones clásicas del poder (Ejecutivo, legislativo y Judicial) como entre entidades como la Contraloría, la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

Entre estos tres poderes y las demás entidades, debe haber equilibrios y frenos, según la arquitectura institucional emanada por cada constitución.

Para el caso colombiano, el extremo presidencialismo que cobija nuestro modelo, ha sobredimensionado el papel del Presidente como jefe de Estado y de Gobierno. En esta ocasión y en contra del discurso de campaña, pareciese que el gobierno entrante quiere ejercer el presidencialismo que tanto criticó.

Prueba de lo anterior es el malabarismo, casi que prevaricador con el que están tratando de alterar el proceso de elección del Contralor General de la República.

En términos castizos, y para este caso, entiéndase prevaricato como la falta consciente de un funcionario público que genere alguna decisión o concepto contrario a la ley, delito que da entre 48 a 144 meses de cárcel, y multas e incluso inhabilidades para ejercer cargo público entre 80 y 144 meses.

¿Y por que hablo de prevaricato? La ley 1904 que establece el proceso de elección del contralor es clara frente al mecanismo en el que el congreso en Pleno deberá elegir a la cabeza del máximo ente fiscal, así como la conformación de la lista de elegibles. Lista que ya fue elaborada bajo mandato de ley y que además es clara que, ante la ausencia de alguien en la lista, esta vacancia no podrá ser llenada.

Todo lo que se avecina hacerse, y anunciado por las mesas directivas de Senado y Cámara estará bajo la lupa de los jueces y en el límite de la comisión de un delito.

Lo anterior para decir que el actual proceso, el cual esta ad portas de ser vulnerado y con él, los derechos adquiridos de quienes están en la lista de elegibles, generara una incertidumbre judicial en la elección de Contralor, si es que se mantiene el capricho del gobierno entrante de tener contralor afín a sus intereses, nada más contrario al discurso que Petro tuvo en campaña.

En esta ocasión, como pocas veces, tienen los partidos políticos al interior del Congreso la oportunidad de tener un pulso político con el ejecutivo por quien elige Contralor, y es que, si los partidos fueran pragmáticos y sensatos, eligiendo ellos un Contralor independiente no solo favorecerían el equilibrio de poderes, sino que además seria garantía de los mismos partidos frente a los acuerdos con el Gobierno de Petro.

Está en juego nada más y nada menos que la dirección de una entidad que después de la reforma constitucional del 2019 paso de tener un presupuesto de aproximadamente 500 mil millones a 1.1 billones de pesos, pero además del presupuesto, la oportunidad de aplicar un modelo de control fiscal que en las manos incorrectas podría incluso frenar aspiraciones presidenciales.

En todo caso, la advertencia para aquellos congresistas que estarán en la anunciada nueva comisión accidental, así como todos aquellos que generaran nuevas decisiones alrededor del proceso, va en el sentido de que alisten sus ahorros para defenderse de lo que seguro será un proceso judicial contra ellos en la Corte Suprema de Justicia.

Twitter: @AlejandroLSFD