16 de mayo de 2022
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El filo de la lengua

30 de abril de 2022
Por Eduardo López Villegas
Por Eduardo López Villegas
30 de abril de 2022

La familia Ordaz-Tamayo apreciada por descender de un maestre escuela que vino con Juan Del Valle, primer obispo de Popayán, en un arcón halló escritos de fina caligrafía y bella redacción, de finales del siglo XVII, los que atribuyeron a Gil, antepasado de probado linaje español, pese a los reclamos que hicieran sus parientes, los que descendían  de Melchor un medio hermano suyo, por demás mestizo. La respuesta fue mofa y desprecio por tal altanería, pues resultaba  inconcebible que la palabra de quien ostentara tal lustre social fuera puesta en entredicho por gente de sangre manchada. Poco a poco se olvidaron los escritos y sólo contaban los ultrajes, de los que se desencadenaron venganzas y crímenes, expedientes nunca cerrados, pues al Corregidor le estremeció siquiera averiguar. Se rumora que la familia de blasones, en otro baúl, había encontrado otros manuscritos bien firmados que dejaban en claro que estos lo fueron del puño y magín de Melchor. Sin embargo, optaron por quemarlos para que la sociedad no lo supiera, sin calcular los agrios rencores y muertes que ello iba causar entre los los hijos de Gil.

Esta historia, se sabe nunca fue contada, y merece ser recordada en la Colombia taimada,  que en lugar de admitir que, desde la Convención del Mar de 1982, a la que se resiste adherirse, no tenemos títulos para explotar el área que la Corte de La Haya le entregó a Nicaragua. ¡Nada perdimos porque nada teníamos!. Y en lugar de ello preferimos tejer  velos. Uno para envolver a los reclamantes con trazas oscuras e intenciones ruines, que ocultaran la justicia de su pedido, la que, luego declaró la Corte de La Haya.  Una segunda para dar la apariencia de bona fides. Y un tercero para ocultar la condena de la Corte Internacional de Justicia.

No es el asunto del vaso medio lleno y el medio vacío, la de los abogados que se sienten satisfechos -¿Qué condenas esperaban?- , ni el peor ciego es que el que no quiere ver -no cederemos ni un centímetro de nuestro territorio cuando perdimos kilómetros-, sino un continuado y deliberado complot de hablar de chamizos para ocultar el bosque.

La realidad tozuda que no se puede ocultar más tiempo: Colombia no tiene, -ni los  ni tenía-, 75.000 km2 de mar, con el que pintaban  el  Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, diminutos en un inmenso océano abierto, ahora encerrado al occidente,  norte y  sur, por una Nicaragua cercana; con un efecto claro y devastador: ya dejó de ser un centro de pesca industrial, y su artesanal, restringida al mar territorial contiguo;  para hacerlo en alta mar, y no ser requisada la  hecha en Roncador y Quitasueño se necesita del permiso nicaragüense.

Y ello sucede porque la sentencia de 2012 de la CIJ, de esquizofrénica percepción, era inaplicable en el ámbito interno, y para la comunidad internacional asunto definitivo y resuelto. Justo por ello, en este segundo fallo de 2022, momento  de una única decisión, consuma lo dicho en la primera y pone en evidencia la futilidad de la teoría de la inaplicabilidad de la sentencia, que ni siquiera se alegó para evitar que Colombia fuera declarada violadora de obligaciones internacionales.

En planta blanca y según el  titular  de Noticias ONU, medio periodístico  de las Naciones Unidas es: Colombia violó los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua, falla la Corte Internacional de Justicia.

 La realidad de la sentencia de 2022 fue presa fácil de escamotear en un país de anestesia ética, a la que no le conmociona ser tildado de violador del derecho internacional, que la ligereza oficial reduce a un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada en alguna zona.

Despistan a la opinión con triunfos menores, la de que Nicaragua mal trazó la línea base para demarcar la Zona Económica Exclusiva; que  no probó perjuicios para condenar a Colombia.

Pasma el desprecio por la ciudadanía y la confianza de mantenerla con postverdades, ganando tiempo, sin percatarse este gobierno que este se agotó. Luego de la sentencia del 2022 no hay elementos con los que se pueda prefabricar un realidad alterna para consumo interno que pueda resistir las contundencia de los dictados de La Haya.

¡Que es respuesta de Estado! ¡No! es la que no se construye con esporádicas consultas, ni con el ánimo de pasar el temporal, calmar a la opinión, y traspasar el problema al nuevo Gobierno.  Una política de Estado se cimenta en un consenso social, aquí con los isleños, en pactos políticos que incluyan a la oposición, para que asegurar su permanencia por encima de las rotaciones de poder, y principal, sin rupturas históricas, embolantado principios, con los que  Colombia era identificada en concierto de naciones: el respeto a sus obligaciones internacionales, y su decidida voluntad de vivir en paz con los vecinos, sin provocaciones, ni con buques artilleros, ni ni con pendenciera palabra. La tragedia de la familia Ordaz- Tamayo comenzó en el filo de la lengua.

Para ello Colombia debe declarar sin ambages que reconoce los derechos de Nicaragua sobre la Zona de Exclusividad Económica que ha demarcado la CIJ, según el mapa anexo y que hace parte de la sentencia.

Superar el nacional solipsismo, pensar que el orden internacional debe ajustarse a nuestro orden interno. La sacralidad de nuestros mandatos constitucionales tienen límites en nuestras fronteras, y más allá de ellas, el derecho y las instituciones internacionales. El artículo 101 de nuestra Constitución es obsoleto y debe ser revisado para incluir muy a nuestro pesar que los límites del país también pueden ser modificados por sentencia de la justicia internacional.

Actuar con sentido de Estado, sobreponiéndose a los escrúpulos o afinidades ideológicas entre los gobernantes, y negociar un tratado en el que se pacten condiciones favorables que para los lugareños puedan seguir con sus prácticas pesqueras artesanales. Ha sido nuestra tragedia, gobernar desde Bogotá y de espaldas a la realidad de las fronteras.