24 de mayo de 2022
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El Estado esclavista

2 de abril de 2022
Por Eduardo López Villegas
Por Eduardo López Villegas
2 de abril de 2022

No hay esclavitud en la era moderna sin que el Estado sea responsable de  promoverla, ampararla, o de consentirla.

La esclavitud con la que se hizo América fue esencialmente estatal. El Imperio inglés fue uno de los grandes promotores, y de ella se sirvió para construir su tejido mercantil, transportando esclavos en los buques que habían llevado las armas de trueque a las jefes de tribus que capturaban a los de sus vecinos en África. Era un negocio de la Corona, en la que participaba con el 50% de las ganancias a cambio de la patente de exclusividad a la Real Compañía Africana. Y a ella le compitieron los portugueses, los holandeses, los franceses, los españoles.

La evidencia de la complicidad de los Estados en el caso inglés, no puede ser pretexto para liberar de la acusación de esclavistas a todos aquellos que admitían que en su territorio hubiera amos que azotaran a sus esclavos. Sólo se pueden redimir de culpa a partir de la declaración de abolir la esclavitud. En Nueva Granada fue gradual. La ley de partos, la constitución de fondos para promover la manumisión, o indemnizar a los dueños de esclavos, la ley de abolición de José Hilario López en 1851.

¿Existen hoy Estados que puedan ser auspiciadores de servidumbre humana? Son varios los Estados que tiene abiertos casos en la OIT por esclavitud moderna.

Parag Khanna, en su libro Segundo Mundo retrata los Emiratos Árabes; barniz de modernidad construida por una red de esclavos modernos. Una décima parte de la población es emiratí, dividida como castas en ocho clases de ciudadanía. Los demás extranjeros. Unos profesionales del primer mundo segregados en confortables casas occidentales, y millones de trabajadores recogidos en puertos asiáticos de Pakistán hasta las Filipinas, transportados al puerto Jabel. De allí conducidos a corrales en donde han de trabajar, levantar edificaciones, organizar sus fogones y hacer de trapos sus lechos, y terminada la obra, empacados al muelle, al buque, y de regreso a los suyos sin poder contar lo que Dubái. El Estado es participe de un sistema que controla a los inmigrantes, admite que sean despojados del pasaporte y de la movilidad, sin más alternativa que estar allí hasta cumplir con el contrato, y todo en beneficio de las empresas de construcción en las que tienen participación los Jeques.

Existe un expediente que se tramita ante las Naciones Unidas, con mil testimonios de cubanos contra su gobierno, reclutados para Misiones Internacionales, el 75% por ciento de ellos sostienen que sin voluntaria decisión, en brigadas de salud o de seguridad, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia. La vinculación no es por contratos individuales, el Estado cubano lo hace por ellos, con él se pactan las condiciones del negocio laboral. Y le corresponde al gobierno el 75% de lo recibido, constituyéndose en fuente de ingresos, tres veces más que las del turismo.

Durante la misión en suelo extranjero los trabajadores se sienten vigilados y controlados. Si desertan, les queda prohibido el regreso a la Isla por ocho años, que es lo mismo a la separación forzosa de su familia que quedó allá.

El Gobierno cubano niega las acusaciones como patrañas del imperialismo para desprestigiar la Revolución, que de ser ciertas entrañan un grave pecado, la cara oscura de las bondades sociales. Ningún Estado puede atribuirse méritos si para sobrevivir al asedio y embargo de los vecinos ha de acudir a prácticas de esclavitud moderna.

Desde la superficial experiencia de un turista en Varaderos, es una versión atendible, a partir de los dichos de los camareros cubanos en cadenas hoteleras europeas, los que cuentan que su patrono es el Estado, que es el Gobierno el que recibe el pago en euros y a ellos se los entrega en pesos.

La esclavitud moderna configurada en normas internacionales excluye expresamente el servicio militar obligatorio. Son los Estados los que se comprometen a combatir la esclavitud y los que se sirven de los ejércitos. Y, ¡cómo prescindir de estos si de ellos derivan sus glorias históricas, la independencia, la integridad territorial, y el orden constitucional!.

Entre nosotros el servicio militar está regulado, valen razones para estar exento de la obligación de prestarlo cuando queda expuesta la familia.  Pero si el enemigo es externo, una invasión extranjera, el grito es primero la patria. Todos los ciudadanos pueden ser circunscriptos, a quienes se les ofrece una bandeja de medallas si su coraje no duda en inmolarse por la bandera.

Rusia ha invadido un pueblo vecino alegando la legitima defensa de la etnia rusa sometida a un genocidio por Ucrania. El desarrollo militar de la invasión deja al descubierto que esto es un pretexto, y que lo que se persigue es dictarle a los ucranianos cómo ha de ser su futuro, lejos de Europa, cerca de ellos.

Sin duda Putin puede alegar tener en regla los papeles para mandar a cien mil jóvenes rusos a ofrendar su vida o a vivir tocados de culpa de masacres, sin que estos puedan protestar, y en aras de la megalomanía del un autócrata que sueña con emular los zares.

Las normas internacionales y nacionales que han dejado libre de sospecha de esclavitud todas las formas de servicio militar obligatorio, deben tomar nota de lo que acontece en Rusia. Al lado de la objeción de conciencia debía introducirse la excepción de inconstitucionalidad, cuando los gobiernos se desvían de los fines constitucionales, falsifican los motivos, inventan enemigos tal como lo ha hecho Putin.

Nuestro proceso civilizatorio nos debe llevar a una nueva doctrina sobre el servicio militar obligatorio, -en beneficio del servicio social obligatorio-,  tarea que entre nosotros sólo le cabe a la Corte Constitucional, la que tiene bajo estudio la regulación legal, demanda por razones diversas a las aquí tratadas, por su inequidad, traducida en la desmedida carga de los estratos bajos, quienes, en estadísticas en veintidós años, son los que han debido aportar en gran medida, 7.552 jóvenes  lisiados, y 1.291 fallecidos.