27 de enero de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Sin pies ni cabeza

4 de diciembre de 2021
Por Álvaro Gómez
Por Álvaro Gómez
4 de diciembre de 2021

El proyecto de Resolución que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha fijado en su página web para publicitar una norma que flexibiliza el uso del suelo en las Reservas Forestales es visiblemente regresivo, viola normas de superior jerarquía en materia ambiental y por lo tanto la propia Carta Política.

La sustracción de áreas para desarrollo de actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social enfocado básicamente a la explotación minera, actividades per se de alto impacto ambiental al interior de las Reservas Forestales, es abiertamente contraria a los postulados de la política ambiental colombiana y a los compromisos que recientemente contrajo el presidente de la República IVAN DUQUE en Glasgow en su supuesta lucha por la protección del Medio Ambiente luego de haber recibido galardones en relación con este asunto, ello nos lleva a la conclusión que se trata es de obtener vitrina internacional incumpliendo claros compromisos nacionales e internacionales.

Pretende el Gobierno Nacional en cabeza del ministro  CARLOS CORREA mediante cambio de uso del suelo con este proyecto, permitir la sustracción de áreas en Reservas Forestales en actividades que claramente aumentarían la deforestación, maximizando el riesgo de destrucción de la biodiversidad existente en estos ecosistemas con afectación muy probable de la flora y la fauna propia de áreas “protegidas”, la fijación de carbono (CO2), y las fuentes hídricas subterráneas producto de excavaciones permitidas mediante perforación exploratoria de hidrocarburos y minera.

El proyecto en mención es abiertamente regresivo toda vez que va en contravía del principio de “progresividad y no regresión” en materia ambiental que no es otra cosa que dice que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, de la misma  manera viola principios como aquel que reza que “El Derecho ambiental es un derecho social, que escapa al campo de lo individual, de lo personal o de lo puramente patrimonial y se acerca más a lo colectivo a lo social”.

No se trata de oponerse al desarrollo que siempre debe ser sostenible no somos ambientalistas ni fanáticos por defender irracionalmente el medio ambiente que de todas maneras recibe impactos por el mero hecho de habitar el planeta, para eso existe la normativa ambiental que mediante tratados internacionales forman parte de nuestra Constitución Política y de la normativa que internamente se han venido implementando a través del tiempo durante las últimas décadas, normas que se han ido intensificando en la protección y cuidado del medio ambiente en épocas de cambio climático, cambio con consecuencias ya comprobadas por la agresividad del clima producto de la respuesta de la naturaleza ante la exagerada afectación ambiental que hoy el mundo entero está tratando de revertir, por lo que nos sorprende y extraña un  proyecto que nos regresa a épocas en las que no se consideraba vital la protección medio ambiental.

Llamamos la atención del Gobierno Nacional por intermedio de  la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Minambiente que dice tener como objetivo principal, desarrollar las bases técnicas y operativas necesarias para avanzar en la gestión del cambio climático, en asocio con actores públicos y privados del orden local, nacional e internacional, teniendo en cuenta que   dentro de sus principales funciones, está la de suministrar los elementos técnicos requeridos para la elaboración de políticas públicas, planes, proyectos y programas de cambio climático, con un enfoque bajo en carbono que fortalecerá el desarrollo del país, adicionalmente que dice establecer lineamientos para prevenir el riesgo ecológico en coordinación con las entidades que integran el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y que orienta la evaluación de impactos de vulnerabilidad de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos por efectos del cambio climático, entre otros; para que se revise el proyecto que adelantan seguramente presionado por muchos sectores que tiene propósitos económicos muchas veces sin considerar el incremento irracional a los daños que pudiere ocasionar esta flexibilización que hemos calificado como una regresión ambiental al planeta que habitamos.

No tiene pues pies ni cabeza pretender cambiar la Constitución Nacional con una simple resolución dictada por unos burócratas de escritorio en Bogotá.

ALVARO GOMEZ GOMEZ

Presidente

FUNDACION CONRADO GOMEZ

 

Manizales Diciembre 4 de 2021