27 de mayo de 2022
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El Aquelarre La actividad taurina, muestra de una crueldad pública inaceptable

20 de diciembre de 2021
20 de diciembre de 2021

En una última sesión del congreso de Colombia, un parlamentario, ataviado con un sorprendente disfraz de toro  ̶ con todo y cuernos ̶  dio un discurso en defensa del proyecto de ley por el cual se pretende prohibir las corridas de toros en nuestro país. Trataba desesperadamente de salvar el proyecto, a punto de hundirse, como se hundió la reforma constitucional que iba a rebajar de cuatro a tres meses las vacaciones con las que cuentan los parlamentarios a lo largo de cada año.

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Estamos en mora de sacar adelante la mencionada prohibición de una actividad que es muestra de una crueldad pública inaceptable, solo comparable con la matanza anual de delfines en las islas Feroe. Las corridas han sido prohibidas incluso en algunas provincias autónomas de la propia España y son herencia de una cultura decadente que utiliza los animales para la diversión de los humanos, sin importar cuánto sufran y cuánto se martiricen. Pero, algún día, esta meta se logrará. Como se logrará, también eliminar las peleas de gallos y las inhumanas cabalgatas con las que todavía se celebran fiestas y ferias en Colombia. De la prohibición de estas últimas ya nos dio un ejemplo la ciudad de Cali, en la que, después de muchos años de debate, se cambió la actividad de iniciación de su feria anual, de una cabalgata en la que a veces resultaba algún caballo muerto, y siempre varios de ellos heridos y exhaustos los otros, por el sensacional salsódromo, espectáculo que ha dado fama universal a esa ciudad como «capital mundial de la salsa». La feria anual de Cali es más famosa por la importancia de esa expresión musical en la cultura popular, que por su extinta cabalgata exclusivamente local, o por sus corridas de toros, aunque a estas lleguen los mejores toreros de España y hasta se importen toros españoles para sacrificarlos en Cañaveralejo.

PRIVILEGIO INACEPTABLE

El hundimiento en el congreso de Colombia del proyecto de reforma constitucional que pretendía obligar a que los parlamentarios trabajaran 9 meses de los 12 que tiene el año, en lugar de los 8 que, de acuerdo con la normatividad vigente, son su obligación actual, es un ejemplo de la desconexión absoluta de la clase política nacional frente a las aspiraciones, inquietudes y anhelos de la ciudadanía. Es un privilegio inaceptable el que tienen los congresistas en comparación con los colombianos del común que sí trabajan más de 11 meses, pues solo tienen 15 días hábiles de vacaciones por año. Aunque, para ser exactos, lo de los 8 meses también es un sofisma, porque las semanas de trabajo de la gente común son de seis días, mientras el congreso no sesiona sino 3 días, de martes a jueves. ¡La mitad! Y con salarios de más de 30 millones de pesos mensuales, durante todos los doce meses, no durante los ocho en los que en realidad deben asistir a las sesiones.

CUESTA DEMASIADO DINERO A LOS CONTRIBUYENTES

Son muchos, e inexplicables, los privilegios que reciben realmente nuestros parlamentarios. Mantener esa maquinaria funcionando les cuesta demasiado dinero a los contribuyentes de este país. Sus altísimos sueldos, su increíble régimen pensional, el costosísimo aparato de seguridad que se requiere para protegerlos, están en mora de revisarse. Muchos ciudadanos que escriben por las redes sociales buscan la eliminación de un importante número de curules en cámara y senado, o rebajas en el excesivo valor de sus emolumentos, o alguna austeridad en el derrochón de prebendas de las que disfrutan. Pero no hay que hacerse ilusiones: aunque algunos congresistas conscientes reconocen que reciben mucho más de lo que merecen por su labor, siempre será imposible lograr las mayorías necesarias para aprobar las reformas que el caso requiere, mientras sean los propios beneficiarios los que tienen la potestad de rebajar esos privilegios.

NO TUVO SUFICIENTE ILUSTRACIÓN

Volvió a saberse algo de Epa Colombia. Su abogado defensor ha impugnado su condena y ha solicitado que se anule todo lo actuado en su proceso penal, con el argumento de que cuando ella se allanó a los cargos no tuvo suficiente ilustración sobre las consecuencias de esa aceptación de las acusaciones.

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Si el abogado que presenta ese argumento es el mismo que ejerció su defensa durante el juicio, entonces deja en evidencia que manejó el caso de manera muy irresponsable. ¿No era él, acaso, quien debería haberle aconsejado que no aceptara las imputaciones? ¿Por qué no lo hizo?

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Claro que cabe la posibilidad de que el defensor durante el juicio no fuera el mismo que la representa ahora. Pero eso no avala el argumento. Si este se aceptara, todos los acusados que acepten cargos podrían retractarse después, si sospechan que las sentencias condenatorias podrían haber sido menos severa si, de no haberlos aceptado, se hubiese pasado por un largo juicio en el que los abogados defensores hubieran podido acudir a diferentes estrategias para rebajarla.

¡OJO, SEÑORES MAGISTRADOS!

En todo caso, se puede imaginar que todos los malandrines de la llamada «primera línea» deben estar pendientes del pronunciamiento que se dicte en respuesta a esa impugnación de doña Epa. Si llegara a serle favorable, quedarían notificados de que pueden salir impunemente cada vez que lo deseen, a infiltrarse en las protestas «pacíficas» para destruir la propiedad pública a sabiendas de que nada les va a pasar. ¡Ojo, señores magistrados!

¿NO DESEARÁN MÁS LOS ANGELITOS?

Los indígenas embera que se han asentado en el Parque Nacional de la capital de la república han logrado un importante triunfo jurídico: como respuesta a una acción de tutela que interpuso el personero de Bogotá, una juez de esa ciudad ordenó a la entidades distritales que protejan y garanticen los derechos fundamentales de esos ciudadanos «a la vida, dignidad humana, derecho prevalente de niños y niñas (tonto “lenguaje inclusivo”), integridad étnica, diversidad e identidad cultural, derechos de los adultos mayores, seguridad alimentaria, mínimo vital, vivienda en condiciones dignas, salubridad, reparación y atención integral con enfoque diferencial étnico indígena, autodeterminación, confianza legítima y consulta previa». En consecuencia, se conmina a la administración distrital a brindar a esos grupos de indígenas «condiciones de salud, alimentación, agua potable, elementos de aseo personal, manejo de residuos y desagües para gozar de condiciones sanitarias de habitabilidad mientras se resuelve su reubicación». Casi nada. ¿No desearán más los angelitos? ¿En qué estaría pensando ese personero cuando instauró tal tutela? ¿Y la señora juez cuando la falló? El distrito especial de Bogotá no tiene con ese conflicto más relación que la de ser víctima de una invasión. ¿De cuándo acá, a alguien a quien le invadan su propiedad le toca responder por las necesidades de los invasores? Si alguna tribu indígena de Caldas decide invadir nuestro Bosque Popular, ¿le corresponderá al alcalde de Manizales dar una solución a los problemas ancestrales de esas comunidades?

UNA LIGEREZA QUE NO AUGURA NADA BUENO

Inexplicable el madrazo de Alejandro Gaviria para referirse públicamente, en declaraciones radiales, a las encuestas en las que no ha sacado el puntaje que, aparentemente, cree merecer. Un exrector de la Universidad de los Andes, un hombre culto, un educador, no obtiene ningún beneficio del uso de esa expresión soez, y da pruebas de una ligereza que no augura nada bueno en un posible presidente de la república. Y ni siquiera se puede decir que la palabrota haya sido resultado de un «estado de ira e intenso dolor». Nada de eso. Estaba hablando tranquilamente, serenamente, y no había necesidad de soltar tal grosería. Si eventualmente esta Brujita, y sus contertulios de La Suiza, habían pensado en votar por él, informo que nos bajamos de ese bus.