Un espejo para la democracia

El panel de opinión de Cifras y Conceptos recoge los pareceres de 1544 líderes, políticos, empresarios, académicos, medios de comunicación y organizaciones sociales, los cuales permitirían ver al Gobierno, que se ufana de representar la voluntad popular, cuán distante está de ella y cómo es su verdadero rostro de desteñida democracia.

Este ejercicio hecho desde hace trece años permite una mirada comparativa de la que sale mal librado este Gobierno, en materia ambiental, de gobernabilidad, manejo social, económico, y en seguridad. En una vocación a la mediocridad, en donde la calificación que prevalece, en este y los dos gobiernos anteriores, el rajarse, con menos de cincuenta en cien puntos. Los dos presidentes anteriores habían logrado cuotas aprobatorias en seguridad y economía. Y para el 2018, cuando terminó el anterior y comenzó este, los estimativos eran promisorios. Todos los ítems recibían notas aprobatorias, raspando sí. Y cuando caminamos al último año de cuatrienio, todas las materias están perdidas.

Las cuatro entidades que ocupan el rango más alto de confianza son justamente las que la Constitución Política puso fuera del ámbito del Ejecutivo, dotándolas de independencia y autonomía.

El Banco de la República encabeza el listado, con 70 puntos.  Irradia seguridad a la ciudadanía que percibe que sus decisiones, tomadas con criterio técnico, fueron oportunas y adecuadas,  que evitaron que el frenazo de la pandemia paralizara la economía por falta de liquidez o del crédito, y estableciendo para este, condiciones favorables, como una  tasa de intervención  de 1.75%.

El segundo lugar lo ocupa la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, con 62 puntos. Y con méritos. Era frecuente que mediciones de impunidad revelaban que en Colombia esta llegaba a niveles desconcertantes, superiores al 90%. No escapa a nadie que ello se debe a una tradicional dejadez del Estado para con la Administración de Justicia, cenicienta del presupuesto. Pero pesaba otro elemento: la incapacidad del Estado de hacer presencia, imponer autoridad en extensas áreas  y en ámbitos de actividades guarecidas por sus armas.  Era un imposible llamar a estrados a  jefes guerrilleros o paramilitares, para responder ante la Justicia. Eran ellos la Justicia en esos sus territorios. La JEP ha hecho avances, antes imposibles, en esclarecimientos de delitos, por los que más de seis millones de víctimas, esperan verdad y reparación. Avanzan los expedientes sobre secuestro, reclutamiento de menores, violencia sexual, desaparecimiento y es una labor que cumplen superando obstáculos, asumiendo riesgos, de manera serena y discreta, imagen que reflejan quienes han sido sus presidentes, Patricia Linares y Eduardo Cifuentes.

El tercer lugar es para la Corte Constitucional, con un punto menos que la JEP. El peso de la institucionalidad creada en estos treinta años de existencia, con una aquilatada jurisprudencia  ha creado una cultura de derechos humanos, una barrera de defensa los grupos minoritarios y vulnerables, y  ha prevenido  el descarrilamiento que recurrentemente y casi de manera intencional promueven los legisladores, con el populismo penal de condenas perpetuas y reformas tributarias sin legalidad.  Al Ejecutivo lo mantuvo en sus márgenes cuando se envalentonó con los poderes especiales de la pandemia para imponer impuestos; la Corte ha tenido que hablar por el Estado cuando los otros poderes escabullen el deber de legislar sobre la eutanasia y el aborto.

Y el cuarto lugar, la Corte Suprema de Justicia, con 59 puntos. El Constituyente para responder ¿Quién le pone el cascabel al gato? – manera con la que Miguel Antonio Caro introducía su discurso en el peliagudo asunto de quien ha de asumir la función de investigar a quien haya sido  Presidente de la República- señaló a la Corte Suprema de Justicia. Solo se puede atribuir esa función a quien tenga carácter, la asuma sin pasiones, con capacidad para resistir alud de presiones, como bien lo ha cumplido, para adelantar un accidentado proceso del Presidente Uribe, y de docenas de parlamentarios.

La credibilidad de estas instituciones ha sido batallada, han debido luchar por su independencia frente un activo Gobierno que ha querido capturarlas. Ese empeño lo ha hecho desenfadadamente, sin parar mientas en objeciones y reclamos. Poner su gente, cercana, alfiles o peones. Dejar de lado a los mejores, a los consagrados, del gremio de los economistas, para integrar el Banco de la República, o hacerse sin más a la dirección de Banco con un ministro suyo.  O terciar en una elección que solo debe ser debatida dentro del recinto de Consejo de Estado, terciar por un afecto suyo en la terna para la Corte Constitucional y desequilibrar.

Y cuando le es ajeno incidir en su conformación, entorpecer su funcionamiento.  La JEP ha sufrido embates por varios flancos, desde Presidencia descalificando determinaciones, o marcándoles línea. La Fiscalía ha querido invadir sus competencias, o minar el que las cumpla con avaras colaboraciones. La Corte Penal Internacional tuvo que mediar entre la JEP y el Gobierno imponiéndole el deber por escrito de respetar lo que ya está en nuestra Constitución cambio de cerrar el expediente abierto contra Colombia.

Allí donde el Gobierno no tiene contrapesos, la Constitución ha naufragado. Ella instituyó los órganos de Control, Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Registraduría, agreguemos a la Fiscalía, como autónomos, para que funcionen con independencia del Ejecutivo. Pero este actuó diligentemente para borrar ese designio. El nombramiento de las cinco cabezas fue asunto en el que el Gobierno metió baza, para tener allí incondicionales suyos, que aseguraran lealtad, requisito suficiente. No es casualidad, que aparte de las pruebas que hayan dado de si cumplen o no con sus deberes, tiene sobre sí un fardo que no superaron: la sospecha de parcialidad.  Todas ellas se rajan, el índice de confianza no supera los cincuenta puntos, y la que está en el fondo es la Fiscalía General de la Nación, o casi en el fondo, porque de último está el Congreso de la República.

Hay reformas constitucionales que obran por envilecimiento del significado de las instituciones por ella creadas. Borrar las fronteras entre las Ramas del Poder, eliminar los controles para el ejercicio del poder, diluyendo su autonomía, cooptando o captando para su círculo a las cabezas de esas instituciones, es una práctica que nos puede arruinar, prepara el terreno, crear la tentación para que, en un vaivén electoral, quede expedito el camino para ser ejercido sin cortapisa ni término.

Nos aterramos del burdo proceder en nuestras vecindades, falsificando elecciones. Pero compartimos con ellos la idea de que la democracia llega hasta el día de elecciones, que se asume el poder para ejercerlo en beneficio de los amigos y partidarios, excluyendo a los demás, aun de aquellos espacios en que para gozar de confianza ciudadana están quienes puedan contrapesar el poder, según el diseño constitucional.