22 de mayo de 2024

Objeciones a Reforma a la Justicia.

14 de noviembre de 2021
Por Eduardo Aristizábal P.
Por Eduardo Aristizábal P.
14 de noviembre de 2021

La Comisión Colombiana de Juristas, organización pluralista, sin vinculación a movimientos políticos, fundada en 1988 y Asonal Judicial, asociación que reúne a funcionarios y empleados de la rama judicial, con 40 años de antigüedad, solicitaron esta semana a la Honorable Corte Constitucional que se abstenga de  avalar  el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020, de la Cámara de Representantes y  475 de 2021, del Senado, que es la reciente reforma a la justicia aprobada por el Congreso de la República.

Consideran estas 2 organizaciones que en el trámite se vulneraron las garantías materiales para la participación, debido a que la plenaria del Senado sesionó y tomó decisiones, sin quórum decisorio sobre los impedimentos y la mesa directiva no advirtió esta situación a los congresistas presentes, aun cuando las votaciones sobre los impedimentos, mostraban que el quórum decisorio se había disuelto, según consignan en un documento de 26 páginas elaborado por las 2 entidades. La votación se hizo de manera virtual y presencial.

La Comisión de Juristas y Asonal Judicial hicieron notar, además,  que no se cumplieron las reglas establecidas por la misma Corte Constitucional en el sentido de que las votaciones deben, en lo posible, realizarse de forma presencial y denunciaron además que las votaciones manuales, que únicamente realizaban quienes estaban presencialmente, fueron mucho menores, en una proporción de 1 a 5, que las virtuales, en las decisiones que se tomaron sobre el proyecto de ley durante el debate, que las que realizaron, quienes asistieron virtualmente. En este sentido, la vocación a la presencialidad es, en este caso, dudosa, manifestaron.

 La Comisión Colombiana de Juristas y Asonal judicial, solicitaron además, a la Corte, avalar el artículo primero de la iniciativa, que califica a la justicia como un servicio público esencial, para que se entienda que esto no implica una restricción absoluta al derecho de huelga y argumentaron que la Corte Constitucional debe aproximarse a la declaración de la administración de justicia como servicio público esencial, en un sentido similar al que utiliza la Corte Suprema de Justicia para analizar, si una huelga es legítima dentro del sector salud. Para esto, debe reconocer la amplitud del sector de la justicia e identificar cuáles son los procesos que real y verdaderamente tienen implicaciones inmediatas para salvaguardar la vida, salud y seguridad de las personas, agregaron.

De acuerdo con ésta 2 entidades, este reconocimiento permite que no se extrapolen subreglas que resultan desproporcionadas para el caso de la administración de justicia, en razón de las intensas limitaciones que supone la huelga. Esta posición no riñe con el artículo 56 superior, que no supone que la declaración de servicio público esencial, implique necesariamente una restricción a la huelga, consignan finalmente, en el documento publicado.

Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió a la Corte Constitucional, respaldar íntegramente la reforma aprobada, sin modificación alguna, ya que la reforma en su integridad constituye un elemento de actualización normativa, procedimental y garantista que se acomoda, como hemos sostenido, a la realidad actual del país, dijo la entidad.

Esta iniciativa incluye a esta entidad en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

“ Una cosa no es justa, por el hecho de ser ley. Debe ser ley, porque es justa “ Montesquieu