24 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¿Firmamos o no Escazú?

20 de septiembre de 2021
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
20 de septiembre de 2021

El Acuerdo de Escazú, cuya vigencia arrancó hace cinco meses, el 22 de abril, Día de la Tierra, aun no ha sido ratificado por Colombia. Pese a que en ella están comprendidas propuestas construidas desde hace más de 30 años a favor de la protección de la naturaleza y de quienes la defienden, algunas voces provenientes del Congreso y del alto Gobierno se han opuesto, porque, según exponen, representa un grave riesgo para los intereses  empresariales del país. Los rechazos los justifican en la inexistente contradicción entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico, cuestionado por más de 130 organizaciones ambientales en una carta dirigida al presidente Duque. Promovido desde sus inicios por Costa Rica y Chile, se funda en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente firmada en 1992, buscando proteger tres derechos básicos: Acceso a la información ambiental (requerida por cualquier persona), Participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales  (vigilancia a proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente) y Acceso a justicia ambiental (impulsada por cualquier ciudadano). Se evitaría con ellos el traslado a las oficinas del Ministerio en Bogotá o interponer recursos de petición o acciones de tutela. He ahí parte de su importancia. Luego de casi tres años el Acuerdo de Escazú logró las ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, constituyéndose en el único instrumento creado hasta el momento para la protección de defensores ambientales en el mundo. El primer escenario clave para toma de decisiones será la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo que deberá celebrarse este año, correspondiéndole a la Comisión Económica, como secretaria técnica, su convocatoria. Tendrán voto en ella los 12 países que ya lo ratificaron, pudiendo asistir quienes lo hayan firmado o no, en calidad de observadores e incidir en su implementación, una vez lo ratifiquen. Colombia, que siempre ha proclamado internacionalmente su compromiso en esta materia y cuyos principios todos fueron plasmados en la Constitución de 1991, se sumó a su adopción en 2018 en Costa Rica sin que a hoy haya sido aprobado por el Congreso, debiendo pasar luego a la Corte para el estudio previo de constitucionalidad. A pesar del aparente compromiso del Gobierno para que el país haga parte de este primer tratado regional ambientalista, ha sido el propio partido de Gobierno, el Centro Democrático, unido a los partidos Cambio Radical y Conservador los que se han opuesto y dilatado el proceso de ratificación. «En esta época donde todos deberíamos estar volcados a proponer medidas de reactivación económica, se presenta este Acuerdo de Escazú que sepultará las iniciativas de inversión en Colombia y con ellas, el crecimiento económico que tanto necesitamos», afirmó la controversial senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Como respuesta a esta declaración, consideramos que el Acuerdo de Escazú significa todo lo contrario; otorgaría seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia. Además, ayudaría a que el sector productivo se alinee con el despertar ecológico que los consumidores, las instituciones multilaterales y los inversionistas están experimentando. Es de resaltar el hecho que somos el país más violento en contra de quienes defienden el medio ambiente,  ocupando, igualmente, el segundo lugar después de Brasil con más conflictos socioambientales, según el Atlas de Justicia Ambiental de América Latina. Como están las cosas, Escazú va camino a ser el primer tratado internacional en la historia del país en ser rechazado por el Congreso, faltando  el Gobierno Nacional al compromiso asumido por el presidente Duque en diciembre de 2019 cuando lo firmó.

 

Alberto Zuluaga Trujillo                                                                     [email protected]