27 de octubre de 2021
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Choque de vagones.

19 de septiembre de 2021
Por Eduardo Aristizábal P.
Por Eduardo Aristizábal P.
19 de septiembre de 2021

Las últimas declaraciones del Ministro de Justicia no califican para hablar de choque de trenes, que se refiere a otra figura, pero yo si creo que clasifica para bautizarla como choque de vagones. Intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial.

Esta semana, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela le pidió a los fiscales y jueces de todo el país, no apegarse tanto a la norma y enviar a la cárcel a los delincuentes.

De entrada, califica como delincuente a todos los indiciados y presume irresponsablemente que todos serán condenados. Y aunque los 3 poderes pueden disfrutar de una mutua colaboración, son totalmente independientes; además el artículo 230 de la constitución dice claramente que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley.

Agregó que se han habilitado cupos suficientes en las cárceles del país.

Ruiz Orejuela, realizó dicho   llamado a los fiscales y jueces del país a que envíen a las cárceles a los presuntamente delincuentes, como una manera de luchar contra la inseguridad que, en ciudades como la capital del país, se incrementó en los últimos meses.

Dijo que todos deben luchar de manera articulada contra la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los colombianos. Señaló que es preciso privar de la libertad a los delincuentes en establecimientos carcelarios.

 Es decir, a los operadores de justicia además de administrar los procesos ya les van a endilgar una obligación que no les corresponde, velar por la seguridad de las ciudades.

Agregó, además, que   el hacinamiento no puede considerarse como un argumento para no imponer las restricciones que sean necesarias contra quienes cometen delitos como el hurto en Colombia, pues señaló que se han entregado cientos de cupos en las cárceles y que, además, la ocupación en los centros de reclusión se redujo históricamente de un 56% a un 16%.

«Los jueces y fiscales de nuestro país no pueden ser tan exegéticos y pegados a la norma, si hay elementos suficientes para privarlos de la libertad actúen (…), porque tenemos los cupos para poder encarcelar a estar personas para que no hay ese tipo de situaciones en Colombia, que tanto preocupan».

Suena lo anterior como a una orden a ser más subjetivos o quizá una velada invitación a convertirse en prevaricadores, artículos 413 – 414 del Código Penal, con el peligro de desvirtuar la real calidad de garantista, del sistema penal acusatorio.

El mes pasado en esta columna consignamos algunas consideraciones como estas:

De acuerdo a los datos presentados por el Inpec a 30 de junio de este año, hace menos de 2 meses, una persona en un centro carcelario le cuesta al Estado, anualmente, alrededor de $28.671.000. Por lo cual, si el condenado sólo cumple tres años de prisión por redimir la pena con estudio y trabajo, esto equivale a $86.000.000, más los gastos que asume la administración de justicia en los cuatro años en promedio que dura el proceso penal, como salarios de jueces, fiscales, policía judicial, defensores públicos, etc, costaría cerca de  $100.000.000, enviar a prisión a la persona que hurta un celular, cuyo valor sea de $1.000.000.

Con esta lavada de manos que quiere hacer publica el Ministros de Justicia nos acordamos del Maestro del Derecho Penal Argentino, Roberto Gargarella  cuando en su libro, De la injusticia penal a la justicia social,  habla de populismo penal y se refiere  a cómo actúa el Estado a través del sistema punitivo  en sociedades marcadas por una clara desigualdad  y se refiere a las dificultades para justificar el castigo, la crítica a las respuestas penales vinculadas con la privación de la libertad , el rechazo a las salidas penales autoritarias , la invitación a reconectar a la justicia criminal  con la justicia social, corriendo el riesgo que se utilice el aparato judicial coactivo  para mantener un estado de cosas injustificado, que sistemáticamente beneficie a algunos y perjudique a otros.

¿ Si un preso en Colombia cuesta $28.671.000 por año, dicho dinero no sería más fructífero si se invirtiera en políticas públicas que ataquen de raíz la problemática social ? Educar, para no tener que castigar. Obligación del Estado.