22 de mayo de 2022
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Procesos, más costosos, que efectivos.

22 de agosto de 2021
Por Eduardo Aristizábal P.
Por Eduardo Aristizábal P.
22 de agosto de 2021

Esta semana el destacado Abogado Penalista y docente universitario Mateo Mejía Gallego se pronunció mediante un brillante análisis sobre la actualidad del sistema penal colombiano y plantea la posibilidad de establecer reformas partiendo del concepto de preacuerdo entre el infractor y la Fiscalía y así descongestionar el sistema judicial, rebajar significativamente el hacinamiento en las cárceles, ahorrarle millonarios gastos al Estado colombiano y reparar realmente y de forma satisfactoria a las víctimas de delitos, en nuestro país.

Y es que, de acuerdo con los seguimientos y controles oficiales en el sistema   colombiano, un proceso penal por hurto, de acuerdo con los estudios realizados por la Corporación Excelencia en la Justicia, puede demorar hasta 1.593 días para que se dicte una sentencia condenatoria, debido a los altos índices de congestión en las fiscalías, que tiene mas de   2.000 investigaciones, sino también en los juzgados de conocimiento.

Resume de una manera muy precisa el abogado Mejía Gallego que, en Colombia, la víctima, además de interponer la denuncia, que a veces es una verdadera odisea, debe destinar un tiempo para atender los requerimientos del proceso, asistir a varias audiencias y en la más importante, que es el juicio oral, debe comparecer.

 Los gastos que debe asumir la víctima varían dependiendo de sus pretensiones. Puede contratar a un abogado de confianza, que seguramente le costaría más de lo que le valió el celular y confiar en que la fiscalía le dé prioridad a su caso y no termine archivado como el 70% de los casos que salen del sistema. A su vez, se deben tener previstas las expensas de desplazamiento a las audiencias, los permisos laborales que debe solicitar para asistir a estas, entre otros gastos en tiempo y dinero.

Como diríamos vulgarmente, a la víctima le sale más caro el caldo que los huevos.

De acuerdo a los datos presentados por el Inpec a 30 de junio de éste año, hace menos de 2 meses, una persona en un centro carcelario le cuesta al Estado, anualmente, alrededor de $28.671.000. Por lo cual, si el condenado sólo cumple tres años de prisión por redimir la pena con estudio y trabajo, esto equivale a $86.000.000, más los gastos que asume la administración de justicia en los cuatro años en promedio que dura el proceso penal, como salarios de jueces, fiscales, policía judicial, defensores públicos, etc, costaría cerca de  $100.000.000, enviar a prisión a la persona que hurta un celular, cuyo valor sea de $1.000.000.

La alternativa es que a la víctima le interese ser reparada y que el sufrimiento en la prisión por parte del victimario pase a un segundo plano, opción que plantean  los anglosajones, que  han comprendido que en algunos casos, es más importante reparar que castigar, porque saben que   solamente  el 5% de los casos llegará a juicio y que el restante 95% debe ser solucionado a través de opciones alternas y lo mejor, saben que varias de estas posibilidades no incluyen la prisión para el victimario, pero a los colombianos solamente les interesa la cárcel para los condenados.

Transmitimos a ustedes amables lectores la inquietud del penalista Mateo Mejía: “

¿ si un preso en Colombia cuesta $28.671.000 por año, dicho dinero no sería más fructífero si se

invirtiera en políticas públicas que ataquen de raíz la problemática social ? “