28 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Nadamos en corrupción

16 de agosto de 2021
Por Alberto Zuluaga Trujillo
Por Alberto Zuluaga Trujillo
16 de agosto de 2021

La contratación pública sigue siendo la gran arteria por donde se desangra el país. No para el escándalo generado por el contrato 1043 adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al consorcio Unión Temporal Centros Poblados, en diciembre de 2020, por un valor de 1.07 billones, cuyo objetivo era llevar internet gratis a las instituciones públicas de la región B, conformada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.  Declarada la caducidad del mismo el pasado 21 de julio por la titular del Despacho ante la comunicación recibida del Banco Itaú de que la garantía bancaria No 2020-1156-01002, que aparece a su nombre, no fue expedida por la entidad. El escándalo ha tomado fuerza debido a los pormenores que se han ido conociendo en torno a su adjudicación y al anticipo de 70 mil millones que, al día de hoy, nadie da razón de ellos. Según el abogado de la firma ganadora, Jorge Pino Ricci: “se efectuaron giros, no a paraísos fiscales sino a Estados Unidos, para cancelar equipos e implementos  requeridos para el cumplimiento del objeto propuesto”. La conexión a la red de internet de 14.745 escuelas rurales con una inversión superior a los 2 billones de pesos  que fue adjudicada, de un lado a Claro Colombia y de la otra, a la Unión Temporal Centros Poblados, pretendía ser entregada antes de finalizar el mandato del presidente Duque, en agosto del año entrante. El consorcio ganador es la unión de cuatro empresas que, al parecer, mediante algunas artimañas non sanctas,  superó en la licitación a contendientes tan importantes  como Hugues, China Great  Wall  Industry, y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Skynet. Ahora se conoce, que antes de comenzar el actual Gobierno, dos de esas empresas tenían un capital de 500 mil pesos y que entre el 11 y el 22 de octubre de 2020, tres de las compañías cambiaron su objeto social a internet, pues estaban dedicadas a construcciones de canchas sintéticas de futbol y pavimentación de calles. Igualmente han salido a la luz pública los nombres de las personas que están detrás de ellas, quienes en sus momentos fueron cuestionados y condenados por incumplimientos y mal uso de dineros adelantados para sus fines. La caducidad del contrato detuvo otro desembolso que ya estaba listo por 25 mil millones más. Es pues inexplicable que para la adjudicación de un contrato por 1.07 billones de pesos no se hayan extremado las medidas de precaución y hoy esté rodeado de todo lo sucio que la corrupción del país ha exhibido, y en donde las garantías que lo respaldan supuestamente son falsas como lo asegura la propia entidad bancaria. Es, igualmente inconcebible, que un programa de tal magnitud, que buscaba apoyar la educación de los niños, quede enredado en una maraña de bandidos y cubierto de medias verdades. Cuando el país, por cuenta de la pandemia y del Paro Nacional, sus finanzas han sido devastadas, sumarle ahora los 70 mil millones entregados sin los controles debidos, no deja de ser un monstruoso crimen. ¿No se han modificado, acaso, los pliegos tipo para frenar la corrupción? La señora Ministra nos merece todo el respeto. Pero este doloroso caso exige  que se aparte del cargo para garantizar la transparencia de la investigación, así el Presidente insista en darle todo su respaldo. En el pasado, por cosas nimias, el funcionario asumía su total responsabilidad.

 

 

Alberto Zuluaga Trujillo                                                                     [email protected]