20 de octubre de 2021
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Los políticos nos quieren acabar a su manera

25 de agosto de 2021
Por Fernando Escobar Giraldo
Por Fernando Escobar Giraldo
25 de agosto de 2021

Las siguientes cifras sirven de base para mostrar cómo el coronavirus ha causado estragos en Estados Unidos, el país líder en contagios y muertes. Hasta ayer Martes 24 de Agosto, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la entidad más respetable y responsable de todo lo relacionado con el tema de salud en este país, reportó que los casos totales de contagio ya llegan a mas o menos el 10% de la población total del país, la cifra asciende a 37,996,672 y el número total de muertos a 628,000.

El 73% de los adultos en Estados Unidos han recibido al menos una vacuna contra el covid-19. Pero, aun así, los casos siguen aumentando.

Colegas columnistas aquí en Eje 21 han analizado hasta dónde llega la responsabilidad de los políticos en Colombia por el manejo de la pandemia. Así que no me voy a detener en ello. Pero quiero compartirles lo inaudito que está ocurriendo en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde residen más de 400,000 colombianos quienes, de una u otra manera se ven afectados por lo que voy a narrar.

Ayer Martes en Florida se reportaron 21,208 nuevos casos del mal, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia, y el número de muertos continúa aumentando. Un día antes, el Lunes, comenzaron las actividades escolares en el estado luego del receso de mitad de año. Y, quien lo creyera, la atención se ha centrado en una disputa entre políticos, educadores y padres de familia por el uso o no uso de las máscaras o mascarillas.

En el condado Miami-Dade, el que más alumnos tiene en escuelas y colegios públicos, más de 346,000 estudiantes y más de 52,000 empleados regresaron a las aulas para clases presenciales después de 17 meses de lucha contra la pandemia. La máxima autoridad escolar, el superintendente Alberto Carvalho, ordenó que todas esas más de 400,000 personas tienen que usar máscaras obligatoriamente.

Lo mismo ocurrió en el condado Broward, otro de los más grandes, donde la junta escolar decidió que todos, alumnos, maestros y empleados en general, tienen que usar las máscaras obligatoriamente. Y los otros dos distritos escolares más grandes del estado, Palm Beach y Hillsborough, se sumaron a esa decisión.

Hasta aquí todo parece correcto, sensato y responsable para la mayoría de personas, lo cual tranquiliza, aunque de manera parcial, a muchos padres de familia. Pero como lo del covid-19 se ha convertido en tema político, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dio la orden estricta de que todos se quiten las máscaras y amenazó con sanciones económicas y hasta con despidos a las autoridades escolares que no obedezcan su mandato. Otorgó incluso plazos o de lo contrario muchos funcionarios dejarán de recibir sus salarios.

El caso es tan peculiar, que hasta el presidente Joe Biden ha intervenido diciendo que esos distritos escolares podrían usar recursos del fondo de emergencia del coronavirus para solventar la crisis.

La pregunta es si el señor DeSantis tiene un plan para responderle responsablemente a los padres de familia o a los funcionarios escolares que de una u otra manera resulten contagiados por el no uso de las máscaras. Y lo que es peor, a familiares de quienes pueden convertirse en víctimas fatales.

La orden ejecutiva firmada por el gobernador de Florida establece que “el derecho a una educación normal es imperativo para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes”. Les da a los padres el derecho de ignorar cualquier mandato de mascarilla contra el covid-19 en las escuelas. Orden que ha generado una verdadera batalla entre quienes apoyan su idea y quienes creen que el uso de las mascarillas contribuye a salvar vidas.

La Academia Americana de Pediatras dijo que las máscaras son necesarias porque la mayoría de los niños en edad escolar no están vacunados y los menores de 12 años ni siquiera son elegibles para la vacuna contra el covid-19.

DeSantis dijo que creía que los datos de los CDC sobre los peligros de la variante Delta son defectuosos y “tenemos que usar el sentido común”. Pero, al parecer, el sentido común es justamente algo de lo que adolece el gobernador, 628,000 víctimas fatales aun no le convencen. Y hace uso del poder según sus creencias, sin medir las posibles consecuencias. Es por eso que, aunque suene drástico, me atrevo a decir que ¨los políticos nos quieren acabar a su manera¨.