1 de agosto de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Galimatías político-administrativo (2)

17 de julio de 2021
Por Mario De la Calle Lombana
Por Mario De la Calle Lombana
17 de julio de 2021

La proliferación de diferentes tipos de estructura para las entidades territoriales de Colombia no se queda en los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de los que se habló en mi pasada columna. Hay que agregar las provincias, las áreas metropolitanas que son diferentes a los distritos especiales, y también las regiones administrativas y de planificación (RAP). Y dejo de lado los territorios indígenas, también contemplados en la constitución, por ser estos harina de otro costal, y merecer capítulo aparte.

Es la misma constitución la que permite que la ley pueda dar el carácter de entidades territoriales a las provincias que lo soliciten, y establece que estas se constituyen con municipios (…) circunvecinos pertenecientes a un mismo departamento. (Artículo 321). Prevé, además, la existencia de áreas metropolitanas, que se pueden crear cuando dos o más municipios que tengan relaciones económicas, sociales y físicas se organicen como entidades territoriales que estarán encargadas de programar y coordinar el desarrollo armónico de su territorio; a esas entidades se les asigna por ley un régimen administrativo y fiscal de carácter especial. Su creación estará sometida a una consulta popular entre los habitantes de los municipios que se pretende integrar. Además, según la constitución, esas áreas metropolitanas podrán convertirse en distritos conforme a la ley. (Artículo 319). En la práctica, realmente tenemos distritos que nunca fueron áreas metropolitanas, como Buenaventura, Mompós y Riohacha, y áreas metropolitanas que nunca fueron distritos, como Centro Occidente (Conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia) y el Valle de Aburrá. En el caso específico de Bogotá, también de acuerdo con la constitución, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental. (Artículo 325).

Por si esto no fuera suficiente enredo, la constitución también permite la creación de las regiones administrativas y de planificación (RAP). Estas pueden tener personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. La respectiva ley orgánica establecerá las atribuciones, los órganos de administración y los recursos de estas regiones, y su participación en el manejo de de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. (Artículo 307). Como se ve, se trata de todo un nivel adicional, intermedio entre la nación y los departamentos, y un estímulo a la creación de más burocracia, gabinetes regionales de secretarios de despacho, construcción de palacios regionales y toda una estructura administrativa nueva. Buena forma de promover la austeridad estatal. La creación de tales regiones deberá ser solicitada al congreso nacional. La decisión del congreso se someterá a referendo entre los habitantes de los departamentos interesados.

Hasta ahora, aparentemente la creación de las regiones administrativas y de planificación solo ha llegado a la etapa de convenios entre dos o más departamentos. Tal es el caso de la RAP del Eje Cafetero, conformado por Caldas, Quindío, Risaralda y el Tolima. Tienen, además, una característica curiosa: un departamento puede afiliarse a dos o más regiones. Es el caso del Tolima, que pertenece a la RAP del Eje Cafetero y también a la RAP conformada por la región central del país, o el de Caldas, que pertenece, al igual que el Tolima a la RAP del Eje Cafetero, pero también está acordando con Antioquia la conformación de la RAP del Agua y la Montaña. Pero, si se llega al desarrollo completo de la idea, con regiones definidas por el congreso nacional y aprobación en referendo, tales regiones tendrán su propio gobierno y manejarán sus propios recursos y tributos.

¿Por qué pretendemos tener esa organización político-administrativa tan complicada y, además, tan costosa? Una distribución del territorio más sencilla podría consistir en un distrito capital y una serie de departamentos divididos en municipios. Dentro de cada departamento, grupos de municipios cercanos entre sí y con características similares podrían unirse en áreas metropolitanas, siguiendo el esquema que tienen actualmente la de Pereira y la del Valle de Aburrá. No se necesitan los distritos. Tampoco las provincias, aunque ese sería un mal menor. Y en cuanto a las llamadas regiones, en todo caso no debería mantenerse la posibilidad de esas estructuras formales a manera de superdepartamentos, con un gobernante con jurisdicción sobre los gobernadores, con cuerpo colegiado, con una sede física de gobierno y, por lo tanto, con sus propios impuestos, su burocracia y su alto costo adicional para los atormentados bolsillos de los colombianos. Aún no se ha creado ninguna, y todavía hay tiempo de cambiar la constitución para impedir esa innecesaria carga adicional. La actual situación económica que nos han dejado la pandemia con su cuarentena estricta de más de medio año, y la carestía que nos dejó de herencia el paro nacional, justificarían una reforma constitucional que eliminara, o al menos dejara para mucho después, la posibilidad de crear esas regiones con gobierno propio. Esta no es época para pensar en aumentar la burocracia oficial, sino en disminuirla, tal como se espera que lo logre la nueva reforma tributaria que se proyecta. Por supuesto, esto es pensar con el deseo; pretender que los políticos resignen su posibilidad de aumentar su clientela burocrática es utópico. Pero soñar no cuesta nada y esa sería una decisión lógica y racional en las actuales circunstancias.